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1 de junio de 2010, 8:12
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 31.5.2010
Lo pueden revestir con conceptos no tan malsonantes como la estabilidad del empleo o la reducción de la temporalidad de los contratos. Pero lo cierto es que los empresarios quieren tener más poder para expulsar a los trabajadores del mercado de trabajo reduciendo las causas del despido improcedente, lo que al final redundaría en su abaratamiento.
Este mismo lunes, en declaraciones a RNE, los secretarios de Acción Sindical de CC.OO. y UGT, Ramón Górriz y Toni Ferrer, señalaban estos elementos como "lesivos" para los intereses de los trabajadores y, por tanto, como detonantes de una huelga general. Junto a ellos, hay que situar la rebaja de cotizaciones empresariales demandada por la patronal.
"La realidad es que con las posiciones de la CEOE en la mesa, es imposible el acuerdo hoy por hoy", decía Toni Ferrer y no parece que tras la reunión que se ha celebrado hoy la situación haya mejorado.
También este mismo lunes el presidente de Cepyme, Jesús Bárcenas, apuntaba que el principal obstáculo para el acuerdo es el coste del despido y sus causas objetivas. Bárcenas ve difícil el consenso y cree que el Gobierno tendrá que aprobar una reforma "intensa" si quiere aplacar las exigencias de la UE y de los mercados internacionales, algo que no gustará ni a CC.OO. ni a UGT.
Sindicatos y empresarios han pisado el acelerador estos últimos días para tratar de despejar el camino hacia el acuerdo y han estado negociando incluso este fin de semana, sin lograr avances y emplazándose a un nuevo encuentro. El Gobierno ya ha dicho que negociará hasta el último momento, pero ha advertido también de que el proceso no puede eternizarse. A la vista de lo declarado recientemente por el ministro de Trabajo, se deduce que el plazo para llegar a un acuerdo terminará esta semana.
La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, ha afirmado que "ha llegado el momento de hacer una reforma laboral", por lo que si no se logra alcanzar un acuerdo en la mesa del diálogo social, el Gobierno está dispuesto a aprobarla por decreto "antes de terminar este mes de junio".
Durante la clausura de la Asamblea Anual de Socios y Encuentro Empresarial del Instituto de Empresa Familiar, Salgado ha recordado que se "está terminando el plazo que los agentes sociales se han dado", en referencia a la última prórroga 'in extremis', y ha asegurado que "si esas conversaciones no producen los resultados deseados" el Gobierno legislará.
La 'número tres' del Gobierno no ha concretado, sin embargo, si la intención del Ejecutivo es aprobar el eventual decreto en la primera quincena de junio, como se baraja, o en la segunda, y se ha limitado a hablar de reforma a "muy corto plazo".
Y es que la necesidad de introducir cambios en el mercado laboral se ha hecho más acuciante si cabe para el Gobierno después de que la agencia de rating Fitch la incluyera entre las prioridades de la economía española en el informe del pasado viernes, en el que justificaba una bajada de la calificación española hasta 'AA+'. En este sentido, Salgado ha reconocido que, aunque la economía avanza en su recuperación "en la dirección adecuada", lo está haciendo "demasiado lento para crear empleo".
El presidente del Instituto de la Empresa Familiar, Simón Pedro Barceló, presente en el mismo acto ha respaldado un eventual 'decretazo' del Gobierno y ha aprovechado para poner sobre la mesa algunas de sus recetas para volver a crear empleo, como una rebaja de las cotizaciones sociales que soportan las empresas. "Los millones de parados exigen valentía para adoptar reformas pese al coste político que puedan tener", ha señalado antes de añadir que "para crear empleo algo tiene que cambiar".
Lo pueden revestir con conceptos no tan malsonantes como la estabilidad del empleo o la reducción de la temporalidad de los contratos. Pero lo cierto es que los empresarios quieren tener más poder para expulsar a los trabajadores del mercado de trabajo reduciendo las causas del despido improcedente, lo que al final redundaría en su abaratamiento.
Este mismo lunes, en declaraciones a RNE, los secretarios de Acción Sindical de CC.OO. y UGT, Ramón Górriz y Toni Ferrer, señalaban estos elementos como "lesivos" para los intereses de los trabajadores y, por tanto, como detonantes de una huelga general. Junto a ellos, hay que situar la rebaja de cotizaciones empresariales demandada por la patronal.
"La realidad es que con las posiciones de la CEOE en la mesa, es imposible el acuerdo hoy por hoy", decía Toni Ferrer y no parece que tras la reunión que se ha celebrado hoy la situación haya mejorado.
También este mismo lunes el presidente de Cepyme, Jesús Bárcenas, apuntaba que el principal obstáculo para el acuerdo es el coste del despido y sus causas objetivas. Bárcenas ve difícil el consenso y cree que el Gobierno tendrá que aprobar una reforma "intensa" si quiere aplacar las exigencias de la UE y de los mercados internacionales, algo que no gustará ni a CC.OO. ni a UGT.
Sindicatos y empresarios han pisado el acelerador estos últimos días para tratar de despejar el camino hacia el acuerdo y han estado negociando incluso este fin de semana, sin lograr avances y emplazándose a un nuevo encuentro. El Gobierno ya ha dicho que negociará hasta el último momento, pero ha advertido también de que el proceso no puede eternizarse. A la vista de lo declarado recientemente por el ministro de Trabajo, se deduce que el plazo para llegar a un acuerdo terminará esta semana.
La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, ha afirmado que "ha llegado el momento de hacer una reforma laboral", por lo que si no se logra alcanzar un acuerdo en la mesa del diálogo social, el Gobierno está dispuesto a aprobarla por decreto "antes de terminar este mes de junio".
Durante la clausura de la Asamblea Anual de Socios y Encuentro Empresarial del Instituto de Empresa Familiar, Salgado ha recordado que se "está terminando el plazo que los agentes sociales se han dado", en referencia a la última prórroga 'in extremis', y ha asegurado que "si esas conversaciones no producen los resultados deseados" el Gobierno legislará.
La 'número tres' del Gobierno no ha concretado, sin embargo, si la intención del Ejecutivo es aprobar el eventual decreto en la primera quincena de junio, como se baraja, o en la segunda, y se ha limitado a hablar de reforma a "muy corto plazo".
Y es que la necesidad de introducir cambios en el mercado laboral se ha hecho más acuciante si cabe para el Gobierno después de que la agencia de rating Fitch la incluyera entre las prioridades de la economía española en el informe del pasado viernes, en el que justificaba una bajada de la calificación española hasta 'AA+'. En este sentido, Salgado ha reconocido que, aunque la economía avanza en su recuperación "en la dirección adecuada", lo está haciendo "demasiado lento para crear empleo".
El presidente del Instituto de la Empresa Familiar, Simón Pedro Barceló, presente en el mismo acto ha respaldado un eventual 'decretazo' del Gobierno y ha aprovechado para poner sobre la mesa algunas de sus recetas para volver a crear empleo, como una rebaja de las cotizaciones sociales que soportan las empresas. "Los millones de parados exigen valentía para adoptar reformas pese al coste político que puedan tener", ha señalado antes de añadir que "para crear empleo algo tiene que cambiar".
