EL PARADIGMA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Violencia en el trabajo, un problema para la salud pública

Es evidente que el problema de la violencia en el trabajo no es un fenómeno nuevo, pero igual de evidente es que está alcanzando niveles de pandemia en el mundo laboral.

La violencia en el trabajo definida como “aquellos incidentes en los que la persona es objeto de malos tratos, amenazas o ataques en circunstancias relacionadas con su trabajo, incluyendo el trayecto entre el domicilio y el trabajo, con la implicación de que se amenace explícita o implícitamente su seguridad, bienestar o salud”

La próxima celebración los días 24 y 25 de noviembre de un Seminario europeo en Madrid, entre expertos en Prevencion de Riesgos Laborales, Administraciones Centrales y sindicatos europeos de la European Public Services Unión (EPSU) para reflexionar y presentar alternativas a la violencia en el trabajo. Pone nuevamente de relieve el paradigma español, sobre los efectos negativos que tiene una mala política preventiva o la ausencia de la misma en ámbitos estratégicos de la salud laboral.

Es evidente que el problema de la violencia en el trabajo no es un fenómeno nuevo, pero igual de evidente es que está alcanzando niveles de pandemia en el mundo laboral y es uno de los riesgos laborales con mayor prevalencia en un buen número de sectores, fundamentalmente de las Administraciones Públicas.

La violencia en el trabajo es multicausal, pero queda empíricamente suficientemente acreditado que los periodos de crisis social, económica o política incrementan la prevalencia de tan nocivo fenómeno. La profunda crisis política, social y económica de España ha incrementado notablemente los casos de violencia contra los empleados y empleadas públicas, al convertirse éstos en la visualización personal ante el usuario de los recortes o pérdidas en derechos y prestaciones.

La organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia en el trabajo como “aquellos incidentes en los que la persona es objeto de malos tratos, amenazas o ataques en circunstancias relacionadas con su trabajo, incluyendo el trayecto entre el domicilio y el trabajo, con la implicación de que se amenace explícita o implícitamente su seguridad, bienestar o salud”.

Según el informe preparado por la OIT, Violence at Work en los Estados Unidos alrededor de 1.000 personas son muertas cada año en entornos laborales. El homicidio se ha convertido en la principal causa de defunciones en el lugar de trabajo para las mujeres, y en la segunda para los varones.

En España según la VII Encuesta de las condiciones de trabajo, el 11% de la población laboral manifiesta haber sufrido alguna situación violenta en el ámbito del trabajo, destacando que un 2,9% manifiesta haber sufrido violencia física en el trabajo por personas externas a su entorno laboral.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Gestión de Riesgos Laborales en las Empresas. ESENER-2 – España 2014, nosotros estamos a la cabeza europea, junto con Finlandia, de riesgos físicos en el trabajo con una exposición al riesgo del 96,1%

Con el  Acuerdo Marco Europeo sobre Acoso y Violencia en el Trabajo de 2007, se aspiraba a prevenir y, en caso necesario, gestionar problemas de intimidación, acoso sexual y violencia física en el lugar de trabajo. Este acuerdo condena toda forma de acoso y de violencia e insiste en la obligación que tienen los empresarios de proteger a los trabajadores contra tales situaciones. Pero ha manifestado importantes limitaciones en su desarrollo en los diferentes Estados de la Unión Europea, que en el caso de España se circunscribe a un rango normativo formal sin aplicación efectiva sobre las situaciones de violencia.

España cuenta con una amplia panoplia de normativa contra la violencia en el trabajo, la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. La Resolución de 5 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública  Protocolo de actuación frente al acoso laboral en la Administración General del Estado o La Resolución de 26 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, Protocolo de actuación frente a la violencia en el trabajo en la Administración General del Estado.

Pero a pesar de toda esta normativa  tenemos unos niveles de violencia en el trabajo completamente inaceptables, muy superiores a los del entorno de la Unión Europea. La paradoja entre mucha normativa protectora y pocos efectos protectores se explica en el ámbito de las decisiones políticas y económicas.

La Administración General del Estado, siguiendo las propuestas económicas e ideológicas del Gobierno del Partido Popular ha desarrollado una política de prevención de riesgos laborales claramente regresiva.

Por una parte desarrolló normas para limitar el control sindical y de los trabajadores en el campo de la salud laboral con una reducción unilateral de los Comités de Seguridad y salud superior al 50% y la pérdidas de más del 60% de delegadas y delegados de prevención, lo que unido a su bloqueo de la aplicación de la ley en campo tan importantes como la violencia en el trabajo ola prevención de riesgos psicosociales provoca un desmantelamiento de la incipiente estructura preventiva frente a los riesgos laborales.

Por otra parte en la Administración General del Estado se ha asentado una política propagandística que niega los daños que recogen sus propias memorias, y que por tanto elude toda prevención frente a los mismos.

Las consecuencias son inmediatas, la siniestralidad aumenta cada año y la violencia en el trabajo es cada vez más amplia dentro de ésta siniestralidad.

El acoso laboral se incrementa, pero procedimientos muy burocratizados e intimidatorios contra el denunciante, originan solo 5 casos en una población laboral de más de 200.000 empleados a todas luces irrelevantes de un fenómeno que tiene según la documentación científica una incidencia ampliamente mayor. La violencia de genero aún está pendiente de un diagnostico que permita articular medidas frente a ella. Y la violencia física crece año tras año.

Dentro de la Administración General del Estado el colectivo que concentra el mayor nivel de violencia en el trabajo, son las Instituciones Penitenciaras, a cuyo personal el Gobierno niega un derecho jurídico de protección frente a las agresiones éste colectivo concentra el 90% de las agresiones físicas más graves en la Administración Central pasando de 192 casos anuales en el año 2006 a 467 casos en el año 2014, un incremento del 243%. En el caso de la violencia verbal se computan más de  10.000 casos anuales.

La referencia de la Administración General del Estado como paradigma de que la falta de prevención de riesgos incrementa la siniestralidad y la violencia, es indicativa de que la violencia en el trabajo se extiende como mancha de aceite en todos los ámbitos del mundo laboral, con el coste personal de miles de víctimas, pero con un coste social y económico que la convierte en una plaga sobre la que es necesario tomar conciencia y comprometerse colectivamente en articular las respuestas necesarias.

Overwhelmed businessmanLa violencia en el trabajo no es una plaga bíblica inevitable contra la que solo cabe la resignación. La violencia en el trabajo es un riesgo laboral más y, como tal debe de tratarse, mediante evaluaciones ajustadas a la realidad laboral, medidas preventivas con impacto real sobre el terreno y actuaciones activas de apoyo a las víctimas y disuasorias frente a los agresores.

Es necesario concienciar a gestores públicos, prevencionistas, autoridades laborales, representantes de los trabajadores, y también, como no, a trabajadoras y trabajadores de que no existe ningún puesto o actividad profesional que en la naturaleza de su actividad vaya implícito ningún nivel de violencia en el trabajo.

La primera actuación preventiva frente a la violencia, es la del reconocimiento del propio hecho, negar o minusvalorar la violencia en el trabajo es cerrar las puertas a su solución. La violencia en el trabajo debe de visualizarse con diagnósticos certeros, estadísticas reales y difusión del problema entre los agentes sociales implicados para desde el diagnostico acordar las medidas preventivas necesarias para evitar que se continúe expandiendo este riesgo.


Chema Lopez | Responsable Salud Laboral CCOO Administración General del Estado