ADJUDICACIONES “LOW COST”

Vigilantes de Defensa: de cobrar la mitad de sueldo a que no les abonen sus nóminas

La empresa Marsegur no abona el salario a los vigilantes de seguridad del Ministerio de Defensa en Madrid.

Imagen: UGT
Imagen: UGT

Según denuncia UGT en un comunicado, Marsegur, la empresa que oferta sus servicios de seguridad privada en INTA, INVIED, IGESAN, HOSPITAL GIOMEZ ULLA, HOSPITAL DEL AIRE, ACUERTELAMIENTOS, SUMA 112, ha dejado de abonar la nómina de los trabajadores en estos centros, siendo afectados en Madrid más de 150 trabajadores.

Hace pocos meses, el Ministerio de Defensa adjudicó la seguridad privada de todas sus instalaciones a nivel nacional con la empresa Marsegur en un sustancioso contrato. Se da la circunstancia que el anterior proveedor era Seguridad Integral Canaria (SIC), la empresa de Miguel Ángel Ramírez, y que comparte con Marsegur asociación empresarial. Seguramente, “las dos empresas que más desprecio han mostrado por los derechos de los trabajadores y curiosamente proveedores habituales de diferentes administraciones tanto en el ámbito estatal como autonómico”, denuncia el sindicato.

A fecha de hoy, SIC no ha abonado la nómina y finiquito de muchos de los trabajadores de Defensa que pasaron subrogados a MARSEGUR.

Nuevatribuna ya se hizo eco de la situación de estos trabajadores a los que se les redujo el sueldo a la mitad antes del verano. En este sentido, UGT ya traslado al Ministerio de Defensa que al contratar con Marsegur, mas allá de la legalidad, “era una irresponsabilidad porque el único valor de esta empresa es ofertar sus servicios al menor coste porque su convenio de empresa reduce en un 40% los salarios respecto de los trabajadores del convenio estatal”.

Luis Domingo Castresana, Responsable del Sindicato de Seguridad de UGT en Madrid, denuncia que el convenio de empresa ha sido anulado hasta en tres ocasiones por la Audiencia Nacional. Además, indica que, “las contrataciones públicas bajo apariencia de legalidad esconden precariedad en el empleo y explotación laboral”, por lo que exige actuaciones “para terminar con un dumping social que tiene como objetivo bajar salarios y eliminar derechos laborales”.