jueves. 18.04.2024
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Las administraciones públicas se han enredado en un lío impresionante al ser la patronal que más incumple y desprecia el derecho europeo

La segunda edición del Telediario de Televisión Española, no confundir con el “parte” de Radio Nacional de España, informó en su portada (5 de octubre de 2016, 21:01 horas) de la primera sentencia que igualaba la indemnización por despido de los contratados temporales e indefinidos siguiendo una “recomendación” del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Luego, en el desarrollo de la noticia se habla de “fallo” del TJUE. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid había equipara el despido de una persona con contrato temporal en el Ministerio de Defensa al despido por causas objetivas de un contratado indefinido. Comencemos por la mayor: el TJUE no recomienda, falla, y su sentencia pasa a formar parte del ordenamiento jurídico interno prevaleciendo la supremacía del derecho europeo sobre el nacional. Otra cosa es que el Gobierno Central se haya enredado en su propia telaraña al desconocer cuando le interesan las directivas europeas con contenido laboral o social al tiempo que aplica metódica y brutalmente todos los diktat de la Troika.

El 26 de marzo de 2015, la Comisión Europea remitió al Ministerio de Asuntos Exteriores una Carta de Emplazamiento-Infracción nº 2014/4224 instando al gobierno español al cumplimiento de la cláusula 4 del Acuerdo marco anexo a la Directiva 1999/70/CE sobre le trabajo de duración determinada, en el contexto de los funcionarios con contrato de duración determinada o interinos en el sector público español. Es uno de los muchos casos de incumplimientos de las administraciones públicas españolas. No el único. Los tribunales han tenido que hacerles morder el polvo sentencia tras sentencia para que cumplieran la Directiva Europea y para escarnio general, el TJUE ha hecho, en palabras de una buena amiga, “sindicalismo igualitario y homogenizador de las condiciones de trabajo entre personal fijo y personal temporal”.

Como decimos, las administraciones públicas se han enredado en un lío impresionante al ser la patronal que más incumple y desprecia el derecho europeo. Lío en clave de demandas millonarias por ceses sin indemnización y por contratación temporal abusiva. Ignorar el derecho laboral europeo tiene su precio y el Gobierno Central debe decidir entre una huida hacia delante legislando contra los derechos laborales de sus ciudadanos o sentándose a negociar la modificación del Estatuto de los Trabajadores y del Estatuto Básico del Empleado Público, por supuesto con las organizaciones sindicales. La primera impresión, como no podría ser de otra manera, es que se legisle a la contra, acostumbrados nos tienen desde 2010. Frente a esta tentación serán los trabajadores temporales, de la empresa privada y de las administraciones públicas, los que tengan que decir y mucho en los tribunales españoles, ejerciendo su derecho a reclamar indemnizaciones económicas y su reconocimiento como personal indefinido no fijo frente al incumplimiento sistemático de la Directiva citada. Ahora como antes, y como siempre, el mundo se mueve a empujones.

Por último, en época de demonización de las organizaciones sindicales, hay que decir que la Directiva 1999/70/CE, publica el Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada que fue firmado por organizaciones empresariales y por la Confederación Europea de Sindicatos (CES), de la que forma parte UGT y CCOO. Mucho tendrán que repensar su futuro las organizaciones sindicales para adaptarse a las nuevas relaciones laborales en las que el trabajo asalariado verá disminuido su cantidad y, a lo que se ve, su calidad. Pero también es cierto que la negociación colectiva nunca puede ser sustituida por una negociación individual trabajador/empleado si no queremos adentrarnos en un mundo futuro oscuro, desregulado y con una desigualdad atroz. Es el sueño de los que dicen haber ganado la guerra económica pero no puede ni debe serlo de los Comunes. El TJUE nos ha abierto una ventana de oportunidades para pasar al contraataque. De las ganas de lucha de la mayoría social depende que este alcance sus objetivos. Parafraseando al Ché Guevara “debemos crear uno, dos…muchos Vietnam” reivindicativos exigiendo nuestros derechos y nuestra exigencia de un futuro de certidumbres y no de inquietud permanente.


Francisco Saura Pérez | Coordinador de Administración Autonómica de FSC-CCOO Región de Murcia

EL Tribunal de Justicia Europeo y sus “recomendaciones”