Si algo caracteriza al TTIP, el Tratado de Transatlántico de Comercio e Inversiones, es el hecho de otorgar más poder a las grandes empresas. Una tendencia que sitúa los intereses ciudadanos muy por debajo de los del sector privado empresarial.
Se trata del mecanismo de resolución de controversias entre inversores y Estados, o dicho de otra forma un sistema de arbitraje que permitiría a las multinacionales exigir indemnizaciones millonarias a los estados si ven que su rentabilidad no es la planificada
Una de las herramientas que quieren incluir con el TTIP es un claro ejemplo de cómo este tratado favorecerá los intereses empresariales sin importar las consecuencias para la población y el medio ambiente. Se trata del mecanismo de resolución de controversias entre inversores y Estados, o dicho de otra forma un sistema de arbitraje que permitiría a las multinacionales exigir indemnizaciones millonarias a los estados si ven que su rentabilidad no es la planificada.
Estos arbitrajes estarían en manos de tribunales internacionales privados, que escapan a cualquier control, y no han de rendir cuenta ante tribunales estatales. Si una empresa ve amenazado su negocio por cualquier cambio legislativo o decisiones de la administración pública, tendría la capacidad de pedir compensaciones que saldrían directamente del bolsillo de la ciudadanía. Sin embargo, una comunidad o un Estado, si se ve afectado por las operaciones de una empresa no podrían acudir a los mismos mecanismos de resolución.
Otros tratados de libre comercio ya cuentan con este sistema de arbitraje; los casos que se han dado muestran como los Estados se han visto obligados a pagar sumas millonarias por legislar de forma soberana a favor de sus habitantes. El caso de la empresa petrolera estadounidense Occidental Petroleum Corporation contra Ecuador es determinante para entender el alcance de este tratado.
La empresa había vendido el 40% de sus derechos de producción a otra compañía sin cumplir con la obligación, estipulada en el contrato, de contar con el consenso del Gobierno. Al conocer esta decisión el Gobierno ecuatoriano puso fin al contrato de concesión de extracción de petróleo con la empresa. A pesar de haber incumplido el contrato, Occidental acudió al mecanismo inversores-estados del Tratado Bilateral de Inversión EEUU-Ecuador, dando lugar a la mayor compensación jamás concedida a un inversor: 1.770 millones de dólares.
Como éste hay otros casos que demuestran el poder que les concederíamos a las grandes empresas por encima de los derechos sociales y ambientales. El TTIP es una tapadera más para lograr la anulación de las decisiones democráticas en la Unión Europea, muchas veces consideradas barreras para los intereses empresariales.
Amigos de la Tierra ha preparado 11 viñetas para explicar las consecuencias del tratado comercial que negocian Estados Unidos y la Unión Europea en completo secreto.
