SE HAN INCREMENTADO UN 16% LAS PLAZAS SIN CUBRIR

Las prisiones españolas al borde del colapso por falta de personal

Actualmente existen 2.436 vacantes de personal funcionario y 751 vacantes de personal laboral, un total de 3.187 plazas presupuestadas y que el Ministerio del Interior no cubre.

La continua merma de personal en Instituciones Penitenciarias es un problema que los Gobiernos de los últimos años han convertido en estructural, bajo el pretexto de la crisis, con la clara intención de descapitalizar el empleo público penitenciario

La apertura parcial de dos nuevos centros penitenciarios, Ceuta y Archidona, dentro del Plan de Amortización de centros, ha agravado notablemente la situación de falta de personal que padecen endémicamente las prisiones españolas. Desde el inicio de la crisis hay numerosas infraestructuras finalizadas y/o en construcción, sin dotación suficiente de personal para ellas.

Actualmente, con los datos del Ministerio del Interior, existen 2.436 vacantes de personal funcionario y 751 vacantes de personal laboral, un total de 3.187 vacantes que son plazas presupuestadas y que la política de personal del Ministerio del Interior no cubre. Solamente desde enero hasta noviembre de este año 2017, se han incrementado un 16% las plazas sin cubrir.

La continua merma de personal en Instituciones Penitenciarias es un problema que los Gobiernos de los últimos años han convertido en estructural, bajo el pretexto de la crisis, con la clara intención de descapitalizar el empleo público penitenciario, siendo un servicio esencial.

Actualmente, la política de personal de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias pasa por dejar a las prisiones sin personal para favorecer su privatización. Las consecuencias son devastadoras, no sólo en términos laborales -aumento de agresiones o de enfermedades profesionales fruto de la carga de trabajo-, sino fundamentalmente porque se está cuestionando la naturaleza constitucional del servicio público de reinserción y cumplimiento de penas, con una decidida apuesta por mercantilizar las condenas.

Desde Comisiones Obreras denuncian que, si no se articula una Oferta de Empleo Extraordinaria para cubrir con urgencia al menos las vacantes existentes, la situación en los próximos años será absolutamente insostenible y el sistema público de prisiones será empujado al abismo, con consecuencias imprevisibles para un sistema de prisiones puntero a nivel mundial. Sin personal penitenciario público no hay reinserción. Y sin reinserción no se cumple el mandato constitucional que tenemos encomendado.

Los datos del registro de personal, de la Administración General del Estado, son contundentes. El 25% de la plantilla del personal funcionario de prisiones (5.292) puede jubilarse ya, lo que se uniría a las casi 3.200 vacantes sin cubrir. Las Ofertas de Empleo Público, cuando existen, son raquíticas y no alcanzan a cubrir las bajas de personal, y menos a poder dotar de personal todas las instalaciones acabadas o en construcción, las cuales son una fuente de beneficios para el holding de la seguridad privada y un agujero negro para las y los contribuyentes.

Mientras se desmantela el servicio público penitenciario, por falta de personal, y con instalaciones cerradas, el Gobierno continua incumpliendo la Ley Orgánica General Penitenciaria que establece que haya un interno por celda.

El sindicato exige al Gobierno, y particularmente al ministro del Interior, una "demostración efectiva de  compromiso con el servicio público penitenciario, de reconocimiento a la infatigable labor que se realiza con mermados recursos, y la convocatoria de una Oferta de Empleo Extraordinaria que cubra las vacantes existentes, así como la negociación de un plan a corto y medio plazo para abordar el déficit de personal que el envejecimiento de las plantillas ocasionará en estos próximos años".