viernes. 29.03.2024
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La Sección Sindical Estatal de Instituciones Penitenciarias de CCOO quiere manifestar su preocupación por los datos que la Administración Penitenciaria ha facilitado, una vez que desde este sindicato y a través de la ley de transparencia se solicitó el número de vacantes de personal en los centros penitenciarios que son competencia de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias (SGIP). Según estos datos hay 2.688 vacantes —2.078 de personal funcionario y 610 de personal laboral—, lo que supone un 10,5% del personal total de IIPP.

El caso del personal laboral es extremadamente grave ya que el porcentaje de vacantes es equivalente al 23% del personal, cifra absolutamente inasumible, que imposibilita cualquier gestión pública de las labores que le son encomendadas. En este caso la privatización ya es una realidad y hay empresas que realizan funciones de mantenimiento, limpieza, o demandaduría mientras que no se cubren los efectivos de personal laboral.

“Con los datos actuales, facilitados por la propia SGIP, podemos afirmar que la situación de personal en Instituciones Penitenciarias es insostenible, escenario que se agravará en los próximos años por el elevado número de vacantes vegetativas que se generan anualmente en un colectivo muy envejecido, con Oferta de Empleo Público insuficiente y en un contexto político donde la pérdida de empleo en la Administración General del Estado es una realidad palpable”, declara Ángel Moreno, secretario general de Instituciones Penitenciarias de CCOO.

En la Oferta de Empleo Público del 2016 se destinarán 600 plazas a IIPP, plazas que después de los procesos de ingreso libre empezarán a desempeñarse a mediados del año 2017, lo que supone que sólo servirán para cubrir las vacantes generadas en el 2016. Más grave resultaría si dichas plazas han sido presupuestadas para la apertura del Centro Penitenciario de Archidona. En este caso, una parte muy significativa de las plazas ofertadas se destinarían a dicho centro. 

Muchos centros penitenciarios están al borde del colapso y entrarán en una situación de imposibilidad real de gestión a lo largo del año, principalmente en época estival donde el número de trabajadoras y trabajadores penitenciarios es menor. Especialmente difícil es la situación de las prisiones de Albacete, Albolote, Alicante Cumplimiento y Psiquiátrico, Burgos, Cáceres, Ceuta, Cis Victoria Kent, El Dueso, Herrera de la Mancha, León, Logroño, Madrid II, Madrid IV, Murcia, Sevilla II, Tenerife, Teruel, Topas y Valladolid, donde las vacantes superan el 10%.

Moreno añade que “en este contexto, el cumplimiento de las funciones constitucionales que tenemos encomendadas se han convertido en una mera declaración de intenciones, no podemos garantizar la seguridad y custodia de los internos, y la propia salud del personal penitenciario está en entredicho”.

En estas condiciones, CCOO considera que el servicio público de prisiones está profundamente deteriorado. Mientras, desde el Gobierno se sigue privatizando: las prisiones invierten 33 millones de euros en contratar a empresas privadas para realizar funciones de vigilancia exterior de las prisiones, atribuciones que ya están siendo realizadas y por lo tanto se superponen a las realizadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Las prisiones en España, “al borde del colapso”