viernes. 29.03.2024
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Delegados de CCOO a las puertas del Juzagado. (Fotos: Nuria Silván. Industria CCOO).

Para encontrar este tipo de condenas de cárcel habría que remontarse a tiempos de la dictadura franquista

Más de tres años ha durado la instrucción judicial por los incidentes vividos la madrugada del 29 de septiembre de 2010 a las puertas de la factoría Airbus en Getafe por la huelga general convocada contra los recortes del entonces Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Esa noche la policía antidisturbios cargó con violencia contra los sindicalistas provocando varios heridos en un enfrentamiento donde se oyeron incluso disparos. (Ver vídeos)

Este martes, el juez instructor comunicaba a los ocho imputados en esta causa (al principio eran 14) la apertura de juicio oral después de que la Fiscal encargada del caso haya solicitado una pena de 8 años y tres meses para cada uno de ellos acusados de atentado contra la autoridad, lesiones y atentado contra la libertad de los trabajadores.

“Esto obedece a una instrucción política que se ha dado desde el Ministerio de Justicia”, afirma en conversación con este periódico Antonio Martín Jurado, secretario general de la sección sindical Interempresas de EADS-AIRBUS Getafe. El dirigente de CCOO mantiene que la acusación se ha basado en imputaciones falsas y que toda la instrucción ha sido “un conjunto de despropósitos” y de “irregularidades”, con ruedas de reconocimiento incluidas y un cambio de fiscal cuando ya prácticamente había finalizado el periodo de instrucción.

La Fiscal hace una acusación en grupo, los mismos delitos y las mismas penas para los ocho sindicalistas que se vieron implicados en los acontecimientos. Dos de ellos son veteranos sindicalistas. Se trata de José Alcázar, expresidente del Comité de Interempresas que fue acusado cuando intentó mediar por sus compañeros; y Tomás García, presidente del Comité de Empresas de Airbus en Getafe. De los 14 imputados iniciales, 11 de ellos lo fueron por el solo hecho de que acudieron al botiquín esa noche para curarse de las heridas provocadas por la carga policial.

En una nota, CCOO abunda en los mismos argumentos y cuestiona la la instrucción judicial "por haberse encaminado tan solo a perseguir a sindicalistas y haber pasado por alto la abusiva e ilegítima actuación de la policía, que no tuvo reparos en hacer uso de sus armas de fuego y que provocó una situación que se saldó con decenas de heridos", lo que curiosamente no ha sido investigado por el juez. El sindicato considera “exagerada” la pena solicitada por la fiscal y asegura que “no tiene precedente alguno en nuestra democracia. Para encontrar este tipo de condenas de cárcel habría que remontarse a tiempos de la dictadura franquista”.

La formación sindical ve estos hechos como una vuelta de tuerca más del Gobierno “en su particular cruzada contra los sindicatos” ya que las personas acusadas “ni son matones, ni chorizos corruptos cercanos a la órbita del poder. Los sindicalistas de Airbus son gente honrada y entregada a la defensa de la clase trabajadora”, señalan.

Antonio Martín Jurado destaca que los autos entregados a cada uno de los acusados son calcados, “se les acusa en grupo”, explica, lo que a su juicio supone una “barbaridad jurídica”.

“Queremos decir que respaldamos a nuestros compañeros y que desde luego no nos vamos a callar ante la posibilidad de que se les ataque injustamente. Queremos transmitir a la sociedad que estamos defendiendo un ejercicio legítimo, como es el derecho a la huelga y que ser sindicalistas no es algo reprobable ni reprochable, sino todo lo contrario”, declaró Antonio Martín Jurado en una entrevista publicada el pasado mes de noviembre en ‘Madrid Sindical’.

El objetivo, concluye el responsable sindical, es “tomar a 8 rehenes para consolidar su posición de fortaleza” y descalificar una vez más a los sindicatos vendiendo una imagen de “piquetes violentos”.

El sindicato anuncia movilizaciones en protesta por estos hechos.



“Esto obedece a una instrucción política que se ha dado desde el Gobierno”