Los manifestantes han querido mostrar su apoyo a los más de 260 trabajadores encausados
Multitudinarias concentraciones y manifestaciones se celebraron este miércoles ante las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de todo el país para reclamar a los poderes públicos, y especialmente al Gobierno central, que respeten el ejercicio pleno de la libertad sindical y del derecho de huelga, y cesen en su intento de criminalizar la respuesta social y laboral.
Las concentraciones, que se suman a las ya celebradas con anterioridad en Madrid, Navarra y Galicia, han querido también mostrar el apoyo a los más de 265 trabajadores y sindicalistas encausados, para los que el Ministerio Fiscal pide en conjunto un total de 120 años de cárcel por su participación en huelgas.
Las concentraciones forman parte de la campaña ¡No nos callarán!, con la que los sindicatos quieren denunciar la ofensiva penal contra el derecho de huelga y los sindicatos. Con este objetivo, los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, se reunieron con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón y el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, e igualmente se han dirigido a la Fiscalía, reclamando que se cambie el Código Penal y se repongan los derechos fundamentales que se están socavando.
CCOO y UGT han aprovechado las concentraciones para hacer entrega de un escrito en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, en el que denuncian que “la acusación penal que acarrea la imputación de delitos para los que se piden hasta 8 años de cárcel a representantes sindicales constituye una injerencia de los poderes públicos en el funcionamiento de las organizaciones sindicales y una restricción ilegítima de derechos democráticos y de manera singular, del derecho de huelga”.
La imputación más frecuente es la de carácter exclusivamente administrativo, y no representan en la mayoría de los casos importes relevantes, excepción hecha de la infracción muy grave aplicada al caso de Huelva que supera la cantidad de 60.000 euros, informa CCOO. En el ámbito penal, la mayor gravedad de la acusación tiene lugar cuando se imputa la comisión de delito de coacciones a la huelga. En algunos casos se ha constatado que las peticiones de la Fiscalía exceden notablemente de la pena mínima, lo que además tiene lugar cuando solicita igualmente pena de prisión por otros delitos concurrentes como los de atentado o lesiones, como es el caso de Airbus, en el que se pide 8 años de prisión para cada uno de los 8 sindicalistas de CCOO y UGT imputados, 7 años de prisión para cada uno de los dos sindicalistas de hostelería de Madrid también imputados o cuatro años y medio, como se pide a la secretaria general de de Baleares.
Para CCOO, las prácticas sancionadoras contra sindicalistas han ido aumentando hasta límites intolerables, por lo que, según señalan en el escrito, “se dirigen a las delegadas y delegados del Gobierno para que los poderes públicos, y al frente de ellos el Gobierno de España, respeten el ejercicio pleno de la libertad sindical y del derecho de huelga y cesen en su intento de criminalizar la respuesta social y laboral”.
