viernes. 29.03.2024
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Imagen del 15M contra la reforma laboral del PP. Foto de Prudencio Morales.

Ya no es solo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el que advierte al Gobierno español de la injusta y discriminatoria legislación laboral española con las trabajadoras y trabajadores temporales, tanto de la empresa privada como de las Administraciones Públicas. Ahora ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el que ha fallado a favor de una trabajadora del Ministerio de Defensa, para que perciba una indemnización de 20 días por año, tras la extinción de su contrato, similar a la que le correspondería a una persona con contrato fijo. “Esta sentencia del TSJM es de enorme trascendencia para acabar de una vez por todas con la creciente precarización del mercado de trabajo en España, fuertemente activada por la reforma laboral de 2012”, ha declarado el secretario de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz.

En opinión de CCOO, ya no es posible sostener por más tiempo la discriminación que sufren las personas con contrato temporal en nuestro país. La estabilidad del empleo y el derecho a una indemnización justa, similar a la que percibiría una persona con contrato fijo, son parte esencial del argumento jurídico que se incorpora a las sentencias del TJUE y del TSJM. “Por eso, los 6.141,85 euros que el TSJM ha reconocido como indemnización a la trabajadora de Defensa, marca un antes y un después en el uso indiscriminado y abusivo de la contratación temporal en España”, advierte Ramón Górriz.

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El secretario de Acción Sindical de CCOO, como ya propusieron los máximos dirigentes de CCOO y UGT en una carta remitida a la Ministra de Empleo y Seguridad Social, cree urgente e imprescindible modificar, entre otras legislaciones, la del Estatuto de los Trabajadores, a fin de homologar derechos de las personas con contratos fijos y temporales.

Por último, Górriz advierte, que ante estas sentencias no caben parches normativos, como los que pretende el Gobierno español, con el llamado “contrato creciente”, porque vendrían a generalizar la precariedad del empleo, en lugar de avanzar en la estabilidad y calidad del mismo, En este sentido, el Gobierno debería convocar a la mayor brevedad a los interlocutores sociales para concretar el procedimiento que permita aplicar de inmediato el contenido de la sentencia”. 

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