LA ILP TENDRÍA DOS MILLONES DE POTENCIALES BENEFICIARIOS

“El Gobierno busca crear alarma social para evitar la aprobación de la Prestación de Ingresos Mínimos”

El secretario de Políticas públicas y protección social de CCOO, Carlos Bravo, lamenta las alarmistas declaraciones realizadas por el Secretario de Estado de Hacienda en relación al coste de la Prestación de Ingresos Mínimos.

Carlos Bravo | Secretario de Políticas públicas y protección social de CCOO
Carlos Bravo | Secretario de Políticas públicas y protección social de CCOO

CCOO denuncia que el Secretario de Estado de Hacienda diga que la PIM, que busca proteger a las personas en paro de larga duración sin prestaciones, “supondría la quiebra de Hacienda”, mientras el Ministerio anuncia de forma recurrente bajadas de impuestos

El secretario de Políticas públicas y protección social de CCOO, Carlos Bravo, ha lamentado las "alarmistas" declaraciones realizadas en el Congreso de los Diputados por el Secretario de Estado de Hacienda en relación al coste de la Prestación de Ingresos Mínimos cuya aprobación se está debatiendo actualmente en el Congreso, con el objetivo de "generar de forma injustificada una situación de alarma social para intentar evitar la aprobación de la medida".

El Secretario de Estado alegó que la aprobación de esta prestación “supondría la quiebra de Hacienda y pondría en peligro el Estado de Bienestar”, presentando un escenario de coste de la medida situado entre 15.000 y 30.000 millones de euros.

El informe, fundado en datos y estadísticas oficiales que el sindicato presentó también ante la Comisión Parlamentaria que debate la aprobación de la medida, aporta evidencias muy distintas.

El informe presentado, en base a datos oficiales de la Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el INE, demuestra que el coste neto de esta medida –de haberse aplicado en 2015, período más reciente con datos publicados– habría ascendido a 8.409 millones de euros, teniendo en cuenta que estas prestaciones suelen dedicarse íntegramente al consumo y el Estado “recupera” directamente una parte de las mismas a través del IVA. Esta medida supondría proteger hasta 1,9 millones de desempleados que actualmente no tienen ninguna prestación y están en situación de necesidad personal y en su unidad familiar. Si la estimación pudiera hacerse con datos de hoy seguramente serían inferiores, como superiores habrían sido en otros momentos, atendiendo a la tasa de paro e intensidad de la protección social en cada periodo.

En este sentido, desde Comisiones Obreras explican en su informe que la evolución del coste iría en función de cómo lo haga el número de personas en paro de larga duración que carecen de prestaciones. De manera que en 2012, coincidiendo con el momento más duro de la crisis, habría tenido un coste máximo de 12.074 millones de euros que, al descontar la cuantía recuperada a través del IVA, habría supuesto en realidad un coste neto máximo para el Estado de 10.198 millones de euros. Con esta medida se habría podido proteger hasta a 2,3 millones de parados que no recibieron ninguna prestación.

Si los recursos finales necesarios para esta prestación son mayores o menores a estas cifras será el resultado del debate parlamentario y, en cualquier caso, perfectamente insertables en un país como el nuestro que, además tiene un sistema fiscal muy ineficiente comparado con los países de nuestro entorno, a lo que contribuyen medidas injustificadas y oportunistas como la rebaja fiscal aprobada por la mayoría del Partido Popular antes de las últimas convocatorias electorales, que nos ha hecho perder ya más de 12.000 millones de euros.

El sindicato lamenta que el Ministerio de Hacienda opine que no es necesario aumentar el esfuerzo que actualmente hace el Gobierno para garantizar prestaciones a los parados de larga duración, olvidando que pese a la mejora operada por la menor tasa de paro, en 2016 la pobreza aún afectó a 2.659.000 personas y el porcentaje de la población pobre seguía estando 3,6 puntos por encima de su nivel de pre-crisis, suponiendo uno de los incrementos más altos de la UE, junto al de Italia e Irlanda. Ello demuestra que la Prestación de Ingresos Mínimos impulsada por las organizaciones sindicales es más que necesaria, si no queremos consolidar una recuperación de la crisis sobre la base de aumentar la desigualdad y la pobreza de la sociedad española.

Por último, Carlos Bravo en nombre del sindicato, quiere hacer un llamamiento al Gobierno para que acometa el debate de esta prestación con responsabilidad y abandone las sobreactuaciones que, en esta y otras intervenciones, está trasladando a la sociedad española en relación a la Prestación de Ingresos Mínimos.

De igual forma, hace un llamamiento también a los grupos parlamentarios Popular y de Ciudadanos, únicos que no han apoyado hasta ahora esa iniciativa, para que, en el marco de la Comisión Parlamentaria que debate la medida, busquen los puntos de encuentro que hagan posible su aprobación de forma rápida y garanticen con ello el nivel de acuerdo y estabilidad que necesitan las personas que lamentablemente no están accediendo a la recuperación económica.

El resto de grupos parlamentarios y la mayoría del Grupo Mixto (Socialista; Unidos Podemos CP-M; ERC, PNV, PdCat, Compromis, Bildu, CC) han apoyado esta iniciativa hasta hoy, configurando una clara mayoría parlamentaria.

Los dos millones de potenciales beneficiarios actuales, cientos de miles en los mejores momentos de la economía, necesitan una prestación como esta que les acompañe en el itinerario hasta la recuperación o consecución de un empleo. CCOO y UGT, con el apoyo de 710.000 personas han conseguido llevar hasta aquí esta importante iniciativa, que debería salir adelante con el mayor consenso posible y no ser abordada con sobreactuaciones de esta naturaleza.