viernes. 29.03.2024
rajoy-bañez

En los últimos tres años, entre 2014 y 2016 el SEPE ha dejado sin gastar 10.222 millones de euros que tenía consignados en su presupuesto inicial el SEPE para prestaciones por desempleo. Con esa cantidad dos millones de personas paradas podrían haber cobrado un subsidio por desempleo durante un año.

Hoy aparece en la prensa que Bruselas alerta sobre el problema de la exclusión social. Esta exclusión está provocada, principalmente, por la desprotección de las personas paradas. La tasa de protección por paro en 2016 ha sido del 27,31%. Es decir, tres de cada cuatro personas paradas no tienen protección.

En 2016 ha habido más de dos millones de personas paradas de larga duración que no han percibido ninguna prestación por desempleo. Estas personas no sólo han sido excluidas de su derecho al trabajo, sino también a una prestación. Son excluidos de la Constitución, no tienen dos derechos que la Constitución reconoce: el derecho al trabajo del artículo 35.1 y a unas prestaciones suficientes del artículo 41. ¿Qué estado de derecho es este que a quienes se les priva de sus derechos se les llama “excluidos sociales”?

gasto2

FUENTE: Intervención General de la Administración del Estado, Oficina Nacional de Contabilidad: Ejecución Presupuestaria: (2011 – 2014), Avance de la Liquidación del Presupuesto de 2015 y Avance de ejecución presupuestaria a noviembre de 2016. (Datos en miles de euros salvo por parado que son euros).

Cuando se habla de políticas de empleo no es el gasto total lo que se debe valorar, sino lo que puede percibir de media cada persona parada, el gasto por parado. No es comparable decir que Dinamarca gastó en 2014 algo más de tres mil millones de euros, frente a los 25 mil que se gastaron aquí. Lo que nos permite valorar el gasto es que Dinamarca gastó en prestaciones más de 16 mil euros por cada persona parada frente a los 4.476 euros que se gastaron aquí. La media de la UE es de 6.602 euros.

En el cuadro anterior se ha calculado cuál debería haber sido el gasto realizado tomando como referencia el gasto por parado de 2011 y el gasto medio por parado de los últimos cuatro años publicados en la UE (2011 – 2014). El gasto medio de esos años ha sido de 6.601,60 euros, frente a los 4.663 euros desde que gobierna Rajoy. Entre 2008 y 2011 el gasto medio fue de 7.007 euros, terminando 2011 con 6.410 euros de gasto por parado.

Si el actual gobierno hubiera acompasado con medidas legislativas la evolución del mercado de trabajo con el objetivo de mantener a las personas paradas protegidas, fijando como techo de gasto el realizado en 2011, hubiera habido una media de 1.798.810 personas protegidas más percibiendo un subsidio. Si hubiera tomado como referencia el gasto medio por persona parada de la Unión Europea, se llegaría a los dos millones de personas protegidas más.

 La opción de proteger a las personas desempleadas por medio de prestaciones por desempleo y no recurrir a otras opciones como pueden ser los salarios sociales o las rentas de subsistencia tiene que ver con la segunda parte de las políticas de empleo precisas, con las políticas activas de empleo. La vinculación entre ambas se realiza a través de los itinerarios individuales y personalizados de empleo en los que la persona parada y el Servicio Público de Empleo competente firman un compromiso por medio del cual una parte se compromete a implicarse en determinadas actuaciones de mejora de su empleabilidad y la otra a ofrecerle esas actuaciones en un plazo razonable.

El punto de partida necesariamente debe ser el contraste entre las competencias que precisa o puede precisar a corto o medio plazo el mercado de trabajo en el que la persona parada está inmersa y las competencias que esa persona posee. Ese contraste marcará el itinerario individual y personalizado de empleo y para ello es preciso que haya técnicos de empleo que analicen ambas situaciones con la persona parada y acuerden el camino a seguir. Después tiene que haber un sistema de planificación tal que en menos de seis meses le oferte esas actuaciones acordadas.

Ya desde el primer momento es necesario que existan unos fondos para pagar a los técnicos y los gastos que entrañan dichos análisis y las actuaciones que de ellos se deriven. Esos son los fondos de políticas activas de empleo que desde siempre han sido claramente insuficientes. Esa insuficiencia se hace más palpable si los comparamos con los existentes en los países de la Unión Europea. En el período 2008 – 2011 el gasto medio por persona parada fue de 1.787 euros, terminando en 2011 en 1.459 euros.

En los años siguientes con el gobierno de Rajoy ese gasto cayó hasta los 874 euros. El resultado ha sido que una parte de las personas paradas han enquistado su situación y el 43% de ellas, dos de cada cinco, llevan más de dos años en paro. El paro de larga duración ha pasado de 1.572.745 personas, el 36,2% del total entre 2008 y 2011, a 3.200.522 personas, el 59,4% entre 2012 – 2016. Una parte importante de ello se debe a la casi ausencia de políticas activas de empleo.

gasto1

FUENTE: Intervención General de la Administración del Estado, Oficina Nacional de Contabilidad: Ejecución Presupuestaria: (2011 – 2014), Avance de la Liquidación del Presupuesto de 2015 y Avance de ejecución presupuestaria a noviembre de 2016. (Datos en miles de euros salvo por parado que son euros).

La disminución del gasto en políticas de empleo ha supuesto un recorte de más de 16 mil millones de euros si tomamos como referencia el gasto de 2011, un promedio anual de 3.030 millones de euros menos. Sin esos fondos no es posible tener una dotación de técnicos de empleo suficiente para desarrollar un cometido diferente a la mera inscripción de los demandantes de empleo, no se puede dar una atención personalizada ni, por lo tanto, realizar de forma generalizada itinerarios individuales y personalizados de empleo. Tampoco se pueden financiar las actuaciones de mejora de la empleabilidad. El resultado ha sido un promedio de 3.200.522 personas con su situación de desempleo enquistada justo en el momento en que se produce la mayor rotación de empleo conocida. En 2016 se produjeron 47.263.175 movimientos de altas y bajas en el Régimen General, con un índice de rotación del 361,37%. Es decir, por cada persona afiliada se producen casi cuatro altas o bajas.

En el cálculo del gasto comparado con la media de los estados de la Unión Europea se ha tenido en cuenta que una parte del gasto corresponde a las comunidades autónomas. En el cuadro solamente figura la parte correspondiente al SEPE. Un gasto por persona parada similar a la media de la Unión hubiera supuesto destinar 51.764 millones de euros más a políticas activas de lo gastado, una media anual de 10.353 millones.

 Si se adecua el gasto al PIB, el PIB por habitante de estos cinco años supone el 81,7% de la media europea, debería incrementarse cada año en una media de 7.904 millones de euros hasta alcanzar una inversión anual de 12.543 millones. Todo lo que sea no llegar a esta cifra es priorizar el empleo por debajo de lo que hace nuestro entorno, con las consecuencias que ello tiene.

Hay un conjunto de divisiones de actividad económica que han perdido más del 10% de su trabajo y más de 2,5 millones de empleos sin que se hayan diseñado ni puesto en marcha programas específicos para la reconversión de sus trabajadores y su reinserción en otros sectores de actividad y/o profesiones. Este es uno de los grandes retos de las políticas activas de empleo. El otro es incorporar a una profesión a los miles de personas, fundamentalmente jóvenes, que carecen de ella. Ante estos retos, resulta indignante oír hablar de gastos de defensa equivalentes al 2% del PIB cuando en políticas activas de empleo no se llega al 0,5%. Quizás si se invirtieran las tornas y en defensa se gastase el 0,44% y en políticas activas de empleo el 2%, podríamos a empezar a hablar de salida de la crisis.

Sin gastar 10.222 millones de euros en prestaciones en los tres últimos años