Los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Pepe Álvarez, han enviado este viernes por carta a los grupos parlamentarios la propuesta sindical de reforma del Código Penal para la descriminalización del ejercicio del derecho fundamental de huelga.
En la misiva, ambas organizaciones recuerdan la necesidad de derogar el actual artículo 315.3 del Código Penal, así como la modificación del Art. 172 sobre el delito de coacciones. En este sentido, "el art. 315 debe proteger la relación colectiva de trabajo y el derecho de huelga, y no puede ser utilizado para criminalizar la actuación no violenta de los piquetes de la propia huelga, cuyas funciones forman parte del contenido esencial de tan importante derecho fundamental", señalan en un comunicado.
La enmienda aprobada en el Congreso y Senado durante la reforma del Código Penal en el año 2015 se limita a modificar dicho apartado pero no procede a su derogación, en una reforma que, para ambos sindicatos, no es objetiva, sino que configura un tipo penal que habilita criterios interpretativos específicos contra la actividad sindical; interfiere en la aplicación de la doctrina jurisprudencial sobre los requisitos del delito de coacciones para sancionar por esa vía cualquier incidente o altercado en el desarrollo de un huelga, aunque no genere daños ni riesgo para personas o bienes; agrava las penas derivadas del delito genérico de coacciones; y opera en la práctica como un tipo especial agravado, por el mero hecho de ejercer un derecho fundamental, contradiciendo flagrantemente la doctrina constitucional.
Ante la posibilidad de que el Parlamento tome en consideración debatir la eliminación del citado artículo, CCOO y UGT consideran fundamental que se cuente con su propuesta. Por ello, el próximo martes, 16 de mayo, a las 13:00 horas, delegaciones de ambas organizaciones, encabezadas por Álvarez y Toxo, procederán a registrarla en el Congreso de los Diputados.
Para los sindicatos, es imprescindible una adecuación legislativa, a través del cauce normativo correspondiente, que permita suprimir sin más, cualquier criminalización del derecho de huelga, que está siendo duramente cuestionado en España de diversas maneras, entre ellas, la del artículo 315.3, redactado durante la dictadura de Franco y que llevaba sin aplicarse desde entonces hasta las últimas huelgas generales, recuerdan.
Sin embargo, la Fiscalía ha recurrido con frecuencia en los últimos tiempos a este artículo y, como consecuencia, más de 300 sindicalistas están en situación procesal o acusados de diversos actos por ejercer su legítimo derecho a la huelga.
