martes. 19.03.2024
COSPEDAL
Cospedal, en el acto de inauguración del curso académico de la Escuela Superior de Gastronomía, Hostelería y Turismo de Toledo. (Foto: Gobierno de CLM)

El Gobierno de María Dolores de Cospedal ha puesto en marcha un mecanismo para una doble contabilidad de los parados amparándose en una norma estatal de 1985 a la que pueden acogerse todas las Comunidades Autónomas pero que en el caso de Castilla-La Mancha introduce novedades que podrían rayar la ilegalidad según viene denunciando CCOO.  

El pasado mes de agosto, la consejería de Empleo contrató por nada menos que un millón de euros a la empresa Innovación y Desarrollo S.L., con sede en Madrid, para que “depurase” el registro de parados en la región, unas 300.000 personas, 30.000 más que antes de la llegada al poder de Cospedal, siendo los resultados a día de hoy de 50.000 personas menos. Para llevar a cabo este “maquillaje” de cifras, el Gobierno cedió el registro de datos privados de los inscritos a esta empresa, en lo que podría ser una vulneración de la Ley de Protección de Datos, cuya queja ya ha sido trasladada por el sindicato al Servicio Público de Empleo Estatal, según ha podido saber Nuevatribuna.es.

Para tal fin, la empresa ha puesto en marcha un mecanismo cuando menos singular. Un cuestionario de 28 preguntasal que ha tenido acceso Nuevatribuna- que realizan por teléfono y correo electrónico siempre bajo el nombre de la consejería de empleo. Tal y como ha destacado la secretaria de Empleo de CCOO CLM, Lola Santillana, “en función de las respuestas –que, además, son cerradas, sin que la persona encuestada pueda explicar por qué opta por una u otra-, el encuestador puede dejar de considerar que el encuestado está buscando empleo de forma activa; en cuyo caso seguirá siendo parado, pero dejará de ser un “parado registrado” por el Gobierno de CLM”.

La empresa fuerza a los desempleados a responder a dicho cuestionario bajo amenazas a cuenta del Servicio Público de Empleo de CLM, con preguntas, según CCOO, “tendenciosas e impertinentes” que pueden derivar, no solo en que el parado pierda su condición de “parado registrado” a efectos del cómputo público, sino, “lo que es aún peor”, que puede ver cambiada su tarjeta de demandante de empleo, perder su antigüedad y perder también el acceso a prestaciones.

Previa a esta contratación de la que ya se conoce como la “empresa del millón de euros”, la consejería despidió a 176 orientadores laborales interinos. Las primeras quejas han llegado desde las oficinas de empleo donde algunas personas se han acercado a quejarse por la variación de datos después de realizar la encuesta. El sindicato sospecha que en la mayoría de los casos de trata de personas mayores de 55 años que han podido perder su derecho a un subsidio por el cambio de su tarjeta de demandante de empleo.

Por si fuera poco, el Gobierno ha reconocido que el dinero con el que ha contratado a la empresa no es del fondo para políticas activas de empleo sino de fondos propios, es decir, de los presupuestos de la Comunidad, con lo que se da la paradoja, señala Lola Santillana, que “se está gastando el dinero de los contribuyentes, de los impuestos de esos mismos parados, para reclasificarlos” y pasar a engrosar ese nuevo “fichero B’ de parados. 

Cospedal 'cocina' los datos del paro con un ‘fichero B’ de desempleados