jueves. 28.03.2024
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UGT ha traslado a la dirección de Metro Madrid la urgente necesidad de que se activen los mecanismos legales que terminen con la prestación del servicio por parte de la empresa adjudicataria

Tras la comunicación de la dirección de Seguridad Integral Canaria (S.I.C) del cese en su actividad y abandonar el mercado de la vigilancia, y, ante la posibilidad de que los vigilantes de seguridad de la red de Metro, que trabajan para esta empresa, dejen de percibir sus salarios a la manera de lo que está ocurriendo en otras zonas de España, UGT anticipa que habrá conflicto laboral en la seguridad del Metro de Madrid.

S.I.C. es la prestataria de los servicios de vigilancia de la Zona Centro, Metro Sur, Línea 11, Suroeste de Línea 5, Línea 10 y parte de la línea 6, en donde 400 profesionales garantizan la seguridad de las instalaciones, bienes y personas que circulan por la red, pero que desde hace meses vienen sufriendo retrasos continuados en el abono de las nóminas.

Valle Sanz, Responsable UGT en SIC –Madrid, denuncia que S.I.C. "es un claro ejemplo, no el único, de una oferta de seguridad low cost, que tiene como estrategia empresarial situarse en posiciones de dominio en el mercado a partir de rebajar precios, situando a los trabajadores en un marco de relaciones laborales muy regresivo".

UGT ha traslado a la dirección de Metro Madrid la urgente necesidad de que se activen los mecanismos legales que terminen con la prestación del servicio por parte de S.I.C. ante la posibilidad, hoy cierta, del cese de su actividad.

El sindicato resalta que evitar el conflicto no pasa solo porque S.I.C. ceda el contrato, sino que la cesión se haga a una empresa que cumpla el convenio colectivo estatal y mantenga todos los derechos a los trabajadores. "Si alguien está planteando que la cesión se haga a alguna de las empresas que comparte asociación profesional con SIC (Marsegur o Sinergias), la respuesta sindical va a ser contundente", advierte.

UGT denuncia la contratación pública por parte del Gobierno de Cristina Cifuentes que, "bajo apariencia de legalidad, esconde precariedad en el empleo" y exige "que se termine con esta suerte de dumping social que tiene como objetivo eliminar derechos y bajar salarios de los trabajadores".

El conflicto laboral de la seguridad privada salta al Metro de Madrid