RECONOCIDO AGENTE CANCERÍGENO

Los autónomos carecen de marco normativo que garantice su salud cuando trabajan con amianto

CCOO denuncia el bloqueo del Gobierno a las medidas de prevención para los autónomos que trabajan con amianto.

Los representantes del Ministerio de Empleo bloquearon la formalización del acuerdo ya pactado entre sindicatos, empresarios, y administraciones públicas en el seno de los grupos de trabajo de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST). CCOO insta a la Administración General del Estado a reconsiderar su posición para poder proceder a la firma del acuerdo.

El Amianto es mineral fibroso que produce cáncer con independencia de la cantidad a la que se esté expuesto. Los organismos internacionales prevén, hasta el 2030, medio millón de fallecidos en Europa y más de 40.000 en nuestro país

Es conocido el peligro que para la salud entraña el trabajo con sustancias como el amianto. Por ello, desde hace años se viene insistiendo en la necesidad de regular adecuadamente todos los aspectos relacionados con la prevención y la salud de los trabajadores que se ven expuestos a esta sustancia. Una regulación de la que, sin embargo, carecen los trabajadores por cuenta ajena, que se encuentran a este respecto en una situación de alegalidad.

El Real Decreto 396/2006 estableció en su día las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajadores por cuenta ajena en cuya actividad existía riesgo de exposición al amianto. Dichas medidas suponen en primer lugar una garantía para la salud de las personas que trabajan en actividades con presencia de amianto, además de un procedimiento para que el empleador cumpla con sus responsabilidades y, por último, un criterio para que las autoridades laborales de las comunidades autónomas puedan controlar las actividades en presencia de amianto.

Sin embargo, los trabajadores por cuenta ajena están fuera del ámbito de aplicación de este RD, por lo que cuando trabajan con amianto lo hacen sin las garantías para su integridad ni el control de las administraciones. Esta falta de instrumentos de garantía y control deriva en riesgos para la salud de los autónomos expuestos, también en riesgos para la salud pública por la posibilidad de dispersión de la fibra cancerígena y peligros para el medio ambiente si no se garantiza el tratamiento adecuado del residuo. Sin entrar en la competencia desleal de quien puede actuar sin regulación frente a quien lo hace cumpliendo los requisitos de una norma.

Por ello CCOO, en la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST), ha promovido unas mismas garantías de protección para quien se expone en trabajos con el elemento cancerígeno amianto, independientemente de su relación contractual y poniendo el foco en las garantías a la integridad, a la salud y al medio ambiente.

En este marco, las organizaciones sindicales, empresariales y las administraciones central y autonómicas han venido trabajando en un acuerdo que proponía la extensión a los trabajadores autónomos de los mismos estándares de protección establecidos para los trabajadores por cuenta ajena. Facilitando, en el caso de los planes de trabajo del autónomo, unas fórmulas de planificación adaptadas a las peculiaridades de su actividad (planes anuales de carácter general), así como las vías de acceso a la formación y la vigilancia de la salud. Todo ello en aras a dotar a todos de la misma protección y garantías.

El contenido de este documento había sido objeto de un acuerdo previo unánime de todos los actores que intervienen y había pasado por la aprobación preceptiva de todos los grupos de trabajo que en el marco de la CNSST deben intervenir en su elaboración. Sin embargo, en la reunión definitiva en la que se debía realizar el mero trámite de aprobación del acuerdo en el seno del “Grupo de trabajo de autónomos” de la CNSST del pasado 24 de noviembre, la delegación de la Administración General del Estado, a instancia de los representantes del Ministerio de Empleo, se negó a su aprobación pese a que no había señalado ninguna disconformidad de fondo en las reuniones previas.

El sindicato quiere mostrar su sorpresa por el hecho de que la misma Administración que avanzó en su día para mejorar la garantía de seguridad y salud en el trabajo de las personas autónomas, retrotraiga su decisión y mantenga a este colectivo en una situación de alegalidad, peligro, desprotección e ineficacia para las administraciones territoriales actuantes.

Por último, desde Comisiones Obreras quieren mostrar también su más firme rechazo a esta decisión de la Administración General del Estado de paralización de este nuevo marco normativo, instando a que reconsidere su posición, y se proceda a la aprobación del acuerdo en los términos en los que había sido consensuado por sindicatos, empresarios y administraciones en las reuniones de trabajo previas.