viernes. 29.03.2024
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El 31 de diciembre de 2010 concluyó la vigencia del IV Acuerdo de Formación Continua. Desde entonces el acuerdo se ha visto prorrogado aprovechando la normativa existen que dotaba de cierta estabilidad al mismo RD 395/2007, pese a la conciencia generalizada de la necesidad de revisar en profundidad el modelo.

La crisis económica, los cambios de gobierno, la inestabilidad política y social que se ha generado, han impedido que la necesidad se convierta en proceso de negociación y búsqueda de un acuerdo político y social. Sin embargo la necesidad persiste y se convierte, cada día, en más acuciante.

Conviene aclarar que, cuando hablamos de Formación Profesional para el Empleo, nos estamos refiriendo a la organización y gestión del subsistema de Formación para el Empleo, cuyos recursos proceden de la cuota que empresas y trabajadores depositamos en la seguridad social, unos recursos que, en plena crisis, suponen 1.860 millones de euros, en el presente año.

Los cambios que se han producido son brutales y la conciencia de los problemas que aquejan al sistema es general. Para empezar, casi seis millones de personas paradas, han hecho que la mayoría de los recursos para formar a personas trabajadoras, se dediquen a formar personas desempleadas. La formación profesional para el empleo desarrolla así el principio de universalidad, donde empresas y trabajadores ocupados ejercen la solidaridad con aquellas personas que han perdido su empleo o no lo encuentran.

Ahora bien, este principio de universalidad, debe producirse sin perjudicar el reciclaje y la mejora de la cualificación de las personas ocupadas, lo cual tiene efectos siempre positivos sobre la viabilidad y futuro de las empresas. Eso sólo puede conseguirse incrementando con recursos del Estado, destinados a políticas activas de empleo, los fondos recaudados por la cuota de formación, no podemos olvidad tampoco que la cuota también financia la formación del colectivo autónomo que no cotiza por formación.

Otro problema proviene de la falta de conexión entre los dos ministerios que tienen competencias en materia de Formación. La Educación de adultos, la Formación Profesional, la Formación Universitaria, son competencia del Ministerio de Educación. La Formación Profesional para el Empleo depende del Ministerio de Empleo. La desconexión entre ambos departamentos y los recursos propios del subsistema de Formación para el Empleo, procedentes de la cuota de formación, han contribuido a alimentar este aislamiento y crear comportamientos endogámicos en el subsistema.

No es un fenómeno exclusivo de la formación para el empleo, porque ocurre en otros ámbitos, pero sería malo negarlo. No tiene, además, explicación alguna que los centros públicos de formación profesional, centros de adultos, universidades, dependientes de los departamentos de Educación, no participen activamente en la formación de personas trabajadoras, ya sean ocupadas o desempleadas. Es un derroche inaceptable e incomprensible.

Otra distorsión procede del incompleto desarrollo del Estado Autonómico, que carece de instrumentos propios de un Estado Federal. Me explico. De los 1860 millones de la cuota, algo más de 1000, van a parar a las Comunidades Autónomas. A partir de ahí las Comunidades ejecutan programas formativos que, en muchos casos, no respetan el carácter finalista de la cuota para la formación.

Se han producido numerosas sentencias del Tribunal Constitucional, que reconocen que el Estado puede y debe establecer normativa para ordenar la utilización de los recursos que transfiere y también para reanalizar los fondos no gastados, pero no se hace y la consecuencia inmediata es que, una vez transferidos los recursos y tras la justificación de que se han aprobado los fondos (no es necesario tan siquiera justificar que se han pagado los mismos), poco más sabemos. La autonomía no debería estar reñida con sistemas integrados de información, gestión, evaluación, compartidos. Instrumentos con los que cuenta un Estado Federal, pero de los que carecemos en España.

Otro elemento que llama a la preocupación es la gestión de la formación bonificada. Esta línea de bonificación debería, en principio, permitir que las empresas, entendidas como empresarios y trabajadores utilizasen la cuota a cambio de realizar formación específica, adaptada a las necesidades de la empresa. Sin embargo, con un tejido de pequeña empresa y microempresa, la bonificación ha producido muchos problemas.

Miles de empresas (las llamadas entidades organizadoras), se han especializado en gestionar bonificaciones a las pequeñas empresas. El incumplimiento de la obligación de informar a la representación legal de los trabajadores no es infrecuente y el control de las irregularidades y abusos en bonificaciones, muy difícil. Hay países, como Inglaterra, donde sistemas similares han levantado escándalos por fraudes millonarios.

Al final, la Fundación Tripartita, de la que forman parte el gobierno, empresarios y sindicatos, termina gestionando menos del diez por ciento de los recursos de la cuota, 181 millones de euros, repartidos en programas de centros, sectoriales, intersectoriales, autónomos, economía social, jóvenes. Una dispersión difícilmente comprensible.

La formación sectorial, fruto del acuerdo entre empresarios y sindicatos, se articula en torno a cerca de 90 Comisiones Paritarias, nacidas de la negociación colectiva de convenios sectoriales o de acuerdos de formación en algunos sectores. Una dispersión poco útil para diseñar procesos formativos realmente útiles.

Es verdad que la gestión de la Fundación Tripartita cuenta con numerosos controles administrativos, de la Inspección de Trabajo, de la intervención, del Tribunal de Cuentas y de los tribunales de justicia. Pero los problemas descritos dificultan la eficacia y la eficiencia del conjunto del subsistema en el cumplimiento del objetivo de garantizar la formación continua de los trabajadores y trabajadoras.

Soy maestro. No me considero un experto en formación para el empleo. He llegado a esta responsabilidad hace poco menos de un año. El subsistema de formación para el empleo es muy complejo, donde conviven intereses encontrados, con reglas propias, que hacen aconsejable no entrar en el mismo como un elefante en cacharrería.

Mis opiniones admiten, sin duda, matizaciones y correcciones. Pero he hablado con mucha gente y creo que no me encuentro muy alejado de la realidad en la descripción de los problemas que sitúan la formación para el empleo en un punto muerto, al borde del precipicio.

Dejaré para una segunda entrega, un avance de posibles soluciones. Pero creo que para realizar el intento hay que tomar en cuenta que, si queremos revisar el modelo y corregir sus problemas, no hay soluciones mágicas. Además, reconocer los males, no debe significar que tiramos por la borda los logros conseguidos, que no son pocos. No todos coincidimos en las propuestas para solucionarlos. El clima político tampoco ayuda. Pero merece la pena intentarlo y, en todo caso, constituye una auténtica irresponsabilidad mantener este estado de cosas, a la espera de que el paso del tiempo solucione, por sí solo, los problemas.


Javier López | Presidente del Ateneo 1º de Mayo

Aproximación a los problemas de la formación profesional para el empleo