HISTORIA DE ESPAÑA

La prostitución y el liberalismo español

La defensa de las prostitutas, la lucha contra su explotación y situación comenzaron a cobrar cierta importancia en el nuevo siglo XX, pero solamente la Segunda República intentó abordar la cuestión desde una óptica global.

prostitucion2@Montagut5 | Las autoridades de la España liberal consideraron la prostitución femenina durante el siglo XIX y parte del XX como un mal social pero inevitable. El Estado aceptó el fenómeno, desde una óptica pragmática, pero procurando controlarlo dentro de unos límites. Sus preocupaciones iban por enmarcar su ejercicio en un espacio determinado, aislado, evitando el peligro del supuesto escándalo, verdadera obsesión de la burguesía decimonónica, y para controlar los aspectos sanitarios del mismo. Para cumplir estos objetivos se legisló, como tendremos ocasión de tratar en este trabajo. En ningún caso interesaba la realidad social y personal de la prostituta, su explotación y condición de marginada. Tampoco se planteaba tratar de abolir la prostitución, ya que se consideraba como una especie de válvula de escape para la supuesta incontenible sexualidad masculina con el fin de preservar el matrimonio, pilar del orden burgués. La prostitución ejercería, por lo tanto, una especie de labor social y, por otra parte, proporcionaba sustento a muchas mujeres. Utilitarismo, pragmatismo y egoísmo o insensibilidad son principios fundamentales sobre los que el liberalismo sustentó su teoría y práctica de la prostitución femenina.

El análisis de la legislación nos permite comprobar esta filosofía y preocupaciones del poder: acotación de espacios donde se podría ejercer la prostitución, como barrios y casas, y control sanitario, obligando a tener cartillas y pasar revisiones médicas periódicas. Durante el siglo XIX estas disposiciones serían de ámbito municipal o provincial.

El Código Penal de 1848 no consideró la prostitución como un delito al formar parte del ámbito de la privacidad. Solamente se podrían emprender acciones legales contra las prostitutas, es decir, detenerlas y acusarlas de cometer un delito si infringían las órdenes y reglas sanitarias o por cometer escándalos, los dos peligros que el poder quería evitar a toda costa, como estamos insistiendo. En Madrid, tanto en 1858 como 1865, se aprobaron sendos Reglamentos de obligado cumplimiento para las prostitutas: barrios de la capital donde se podía ejercer la prostitución, matrícula y cartilla sanitaria. Pero, además, las autoridades exigían que las prostitutas tenían que contribuir a los gastos de los servicios médicos y de vigilancia, ya que los costes no podrían revertir exclusivamente sobre el erario municipal.

La Segunda República intentó abordar la cuestión desde una óptica global y claramente a favor de las mujeres

El gobierno civil de Madrid aprobó en 1877, en tiempos de la Restauración, un Reglamento sobre la inspección médica de las nodrizas y prostitutas. Suponía un paso más en el control de las autoridades, ya que introducía la inspección de los inmuebles donde se ejercía la prostitución, y se elaboraba una clasificación de estas casas de lenocinio. Por fin, se estipulaba una tabla de tarifas y cuotas en función de la categoría de las casas de citas.

Pero como había una evidente disparidad de criterios entre unas provincias y otras, el gobierno optó por unificar criterios, ya iniciado el siglo XX. En 1908 se aprobó una Real Orden que regulaba la prostitución, de aplicación en todo el país, la primera vez en España y que tiene, por lo tanto, una importancia capital. El gobierno se sentía incapaz de desterrar la prostitución, considerada una verdadera plaga social, siendo un ejercicio inmoral y además con derivaciones sanitarias. La prostitución debía ser tolerada y tratada, como se habría hecho siempre en todos los “pueblos civilizados”, como una industria dañina, como se hacía con otras industrias insalubres en las legislaciones sanitarias, aunque respetando la figura de la prostituta, que era considerada una desgraciada mujer, en una situación de inferioridad legal, económica y social. Habría que evitar, pues, daños sanitarios y perjuicios a las costumbres públicas, en un verdadero ejercicio de hipocresía. Solamente importaban estas dos cuestiones sobre las que gravita este artículo, caracterizando a las prostitutas desde una óptica harto paternalista.

La defensa de las prostitutas, la lucha contra su explotación y situación comenzaron a cobrar cierta importancia en el nuevo siglo XX, pero solamente la Segunda República intentó abordar la cuestión desde una óptica global y claramente a favor de las mujeres.