@Montagut5
La Editorial Apostolado de la Prensa sacó en 1899 un libro con el significativo título de Sacrílegos y traidores: la masonería contra la Iglesia y contra España. En el mismo se trató (páginas 51 y 52) sobre si la masonería era legal o no en la España de la Restauración, empleando argumentos que se vieron en algunas de las polémicas parlamentarias entre los miembros del integrismo y los gobiernos liberales y conservadores del turno.
El libro afirmaba que en 1887 el Gobierno Civil de Madrid aprobaba los Estatutos del Gran Oriente Nacional de España, y de forma paralela el de Alicante legalizaba los de una logia de aquella ciudad. Imaginamos que estas legalizaciones tendrían que ver con la Ley de Asociaciones y el interés del Gobierno liberal de Sagasta de introducir una importante reforma en esta materia sobre el derecho de asociación, tan limitado y mermado hasta el momento.
Además, se aludía a cómo Morayta, en nombre de la “secta” había acudido a los tribunales porque personas “muy respetables” habían explicado las “iniquidades” que cometía la masonería, haciendo sentar en el banquillo de los acusados a los que habían expuesto que la masonería era una enemiga “directa y encarnizada de Dios y de España”.
Pero, por otro lado, se había oído al ministro de la Gobernación, Fernando Cos-Gayón, interpelado en el Congreso por Juan Vázquez de Mella que, como sabemos, fue un destacado tradicionalista, decir que la “masonería es impía, inmoral e ilegal en España”.
El libro se preguntaba, en consecuencia, cuál era la situación legal de la masonería, si una asociación que era todo lo que afirmaba el Gobierno podía buscar el amparo de los tribunales, y si era todo eso, ¿cómo podía tener sus órganos de prensa para alentar a sus adeptos y disponer de medios para la consecución de sus fines?, y, además se preguntaba si los masones podían ocupar cargos políticos, desempeñar cátedras, gobernar pueblos, y ejercer funciones públicas. Así pues, el texto quería señalar la supuesta contradicción que se vivía en aquel momento.
Para el libro integrista era la impiedad el salvoconducto para que la masonería campase por sus respetos. Si la masonería solamente hubiera sido inmoral e ilegal, y si apareciese sin aditamentos su antipatriotismo, el poder político ya la hubiera destruido y no habría ni logias ni orientes. Pero como era impía los gobiernos no atacaban a la masonería porque podían ser acusados de oscurantistas, retrógrados, reaccionarios y clericales.
Así pues, el integrismo sentenciaba sobre la legalidad de la masonería. Según el derecho no lo sería, pero en la práctica sí.
