viernes. 19.04.2024
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La gran industria alimentaria tiene como objetivo determinar los alimentos que consumimos aunque contravengan los patrones y recomendaciones de salud

La semana pasada denunciamos la guía educativa publicada por  Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Un infant que creix (2015) con consejos alimentarios contrarios a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Las páginas finales de la guía incluyen recomendaciones que están directamente patrocinadas por empresas alimentarias que, de manera implícita en algunos casos y explícita en otros, utilizan la publicidad subliminal para promover iniciativas claramente insanas.

Esta denuncia finalmente ha saltado a los medios de comunicación, por lo flagrante y escandalosa de la misma, pero lo más importante, es que se trata de la punta del iceberg de una enorme estrategia orquestada por la gran industria alimentaria, que tiene como objetivo determinar los alimentos que consumimos, aunque contravengan los patrones y recomendaciones de salud. Su estrategia predominante es presentarse ante la sociedad como un actor más, inocuo, pero que finalmente influyen y cuando no directamente están formulando las propias política públicas alimentarias.

Es aquí, cuando observamos el caso español, que encontramos un enorme agujero negro de falta de regulación del denominado conflicto de intereses. Este aparece cuando este tipo de corporaciones y organizaciones asociadas promueven a través de información falsa y presión a organismos públicos para que estos favorezcan sus intereses empresariales y de rentabilidad. Podemos determinar que hay tres tipos de conflicto empresarial, por un lado las empresas intentan distorsionar o suprimir la evidencia científica que pone en cuestión sus propios productos, realizando investigaciones propias sesgadas, esconder su patrocinio de una investigación, sembrar dudas, atacar a investigadores independientes, cuestionar a la propia administración, etc..

Otro tipo tiene que ver con la participación directa en el proceso de toma de decisión de los reguladores públicos para defender sus intereses, y lo hacen a través de acuerdos con algunas asociaciones de profesionales, fundaciones creadas para este propósito, reuniones no transparentes con la administración, conseguir información privilegiada, poner a gente afín en puestos relevantes.

En tercer lugar cuando intentan crearnos un marco narrativo y de pensamiento que les favorezca, a través de campañas confusas, jornadas, patrocinados académicos, inventarse procesos de participación ciudadana para crear las condiciones para influir, impedir la difusión de investigaciones independientes que le contravengan.

Pues bien, sabemos que estás prácticas en nuestro país son moneda de cambio usual, y si no visiten ustedes en informe Confiad en mí, donde podrán ver prácticas con nombres y apellidos. Más allá del morbo que suscita esta cuestión, necesitamos tomárnoslo en serio y exigir una regulación urgente cuando la mala alimentación y las enfermedades asociadas representan hoy el primer problema de salud del Estado español. La media de consumo de azúcar en el Estado español se sitúa en torno a los 112 gramos/día y encabeza la lista europea de países con mayor obesidad infantil. 

¿Qué necesitamos entonces?, pues una regulación a fondo, que al menos contenga:

  • Exigir que las corporaciones manifiesten públicamente todos sus conflictos de intereses científicos, de políticas públicas e ideológicas.
  • Establecer entidades de financiamiento independiente que puedan aceptar contribuciones de las empresas para la realización de la investigación científica y sobre la política pública, pero sin ningún tipo de injerencia.
  • No permitir la participación de cualquier organización que tenga conflicto de interés entre sus objetivos públicos y sus objetivos privados, en la toma de decisiones sobre la política de salud pública.
  • Elaborar, promover y hacer cumplir directrices sobre el conflicto de interés para las asociaciones de profesionales, filantrópicas, organizaciones mundiales de salud, universidades, instituciones médicas y publicaciones científicas.

La Administración como valla publicitaria