2 DE CADA 10 CASOS LLEGARON A JUICIO O TUVIERON CONDENA

El silenciamiento de los periodistas y la estruendosa impunidad en Colombia

Los autores de asesinatos, golpizas, torturas, desaparición forzada y amenazas contra periodistas tienen garantía de impunidad en Colombia.

Los autores de asesinatos, golpizas, torturas, desaparición forzada y amenazas contra periodistas tienen garantía de impunidad en Colombia. Del total de ataques contra reporteros investigados entre septiembre de 1986 y abril de 2017, sólo 0,2 de cada 10 casos llegaron a etapa de juicio o tuvieron condena.

Así se desprende de las cifras entregadas por la propia Fiscalía General de ese país, correspondientes a 673 casos registrados en un período de 31 años, en los que 773 periodistas resultaron víctimas de diversos delitos.

En este período, sólo 12 procesos (el 1,79 por ciento) adelantados por la Fiscalía llegaron a juicio, y en 8 de ellos se obtuvieron condenas, es decir, un 1,19%. Lo más grave es que 3 de esas sentencias podrían no tener relación con la profesión de la víctima, pues se trató de una extorsión, una estafa y un proceso por porte y fabricación de armas.

Entre 1986 y abril de 2017, según información de la Fiscalía, sólo un caso de amenazas de un total de 304 investigados logró sentencia condenatoria. Lo mismo sucedió con 3 de los 105 casos de homicidios y 1 de los 70 procesos abiertos por lesiones personales ocasionadas a periodistas cuando se encontraban en cubrimiento. Un delicado mensaje que se envía a los perpetradores desde las instancias judiciales, si se tiene en cuenta que en los últimos 3 años las organizaciones de libertad de prensa han venido denunciando que el mayor número de agresiones contra periodistas en el país se da mientras cubren la protesta social.

La impunidad no sólo es rampante sino complementaria a la desinformación y el desorden en los datos de la Fiscalía sobre ataques contra periodistas. En efecto, dicha entidad se tomó más de 4 meses para suministrar estas cifras, las cuales fueron entregadas sólo después de un recurso legal -en Colombia conocido como acción de tutela y en otros países como recurso de amparo- instaurado en su contra por vulnerar el derecho a la información y la libertad de prensa.

Hay otro dato grave. Pese a que todas las entidades de prensa dieron por hecho la creación de una subunidad de crímenes contra periodistas, compromiso realizado por la Fiscalía General de la Nación desde 1999, ésta nunca fue creada, según la información proporcionada por esa misma entidad en abril pasado. Una mentira que fue repetida de forma recurrente durante los últimos 18 años e incluso fue consignada por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) en su informe sobre periodismo en 2015.

Como lo ha reiterado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los actos de violencia contra periodistas no sólo representan una grave vulneración del derecho a la libertad de prensa, sino que generan un efecto amedrentador y de silenciamiento en sus pares y violan los derechos de las personas y las sociedades a ser informadas. Además, la falta de debida diligencia en la investigación, persecución y sanción de los ataques contra periodistas implica una violación al derecho a la justicia de las víctimas.

¿CRÍMENES QUE NUNCA SE INVESTIGARON?

Según el CNMH, entre 1986 y 1990 fueron cometidos 34 asesinatos de periodistas en Colombia. De éstos, la Fiscalía General de la Nación -según sus propias cifras- sólo investigó el 8,2%, es decir, tres: el de Raúl Echavarría Barrientos, subdirector del Diario de Occidente de Cali, ocurrido el 17 de septiembre de 1986; el de Guillermo Cano Isaza, director de El Espectador, ultimado el 17 de diciembre de ese mismo año; y el de Silvia Duzán, corresponsal de la BBC en Colombia, asesinada el 26 de febrero de 1990 en Cimitarra (Santander).

Los tres procesos se encuentran en total impunidad. El de Raúl Echavarría, el más antiguo de los investigados, prescribió el año pasado en etapa de investigación preliminar. Y si bien las pesquisas sobre el crimen de Guillermo Cano se encuentran “activas” en la Fiscalía, dado que el caso fue declarado como de lesa humanidad, también lo es que no ha tenido ningún avance significativo desde que fue abierto. Por su parte, el proceso por el crimen de Silvia Duzán aparece en la Fiscalía como “inactivo” también en fase de investigación preliminar.

Aunque la disparidad entre casos abiertos y crímenes ocurridos en ese período podría explicarse porque la Fiscalía fue creada a partir de la Constitución de 1991, lo cierto que dicha entidad heredó los procesos del antiguo sistema de instrucción criminal. Entonces, vale preguntarse, ¿qué pasó con el 91,8% de los asesinatos cometidos entre 1986 y 1990? Fue precisamente en esos años que se acrecentó la violencia contra periodistas, la cual estuvo marcada “asesinatos, censura y hostigamiento”, generados por el crecimiento exponencial del paramilitarismo y el narcotráfico, según un análisis reciente publicado por la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper).

La falta de investigación dejó en total impunidad los crímenes de Alberto Lebrún Múnera, asesinado en enero de 1986 en Medellín; Adolfo León Rengifo, ultimado ese mismo mes en Palmira (Valle); Álvaro Falla Tamayo, muerto en noviembre en Ibagué (Tolima); Luis Alberto Muñoz, caído en Aguadas (Caldas) también en noviembre; Mariam Ruíz Castañeda (abril de 1987, en Turbo, Antioquia); Fernando Bahamón Mlina (julio de 1987, en Florencia, Caquetá); y Nelson Gavini Alzate (Medellín, noviembre de 1987), entre muchos otros.

Al contrastar con las cifras del CNMH, llama la atención que de los 134 homicidios contra periodistas registrados entre enero de 1986 y febrero de 2015, la Fiscalía sólo haya abierto procesos por 104. Palabras más, palabras menos, esto significa que una quinta parte de los crímenes cometidos contra periodistas en ese período quedaron de tajo en la impunidad o no fueron investigados como crímenes en razón del oficio.

De éstos, la Fiscalía no cuenta información sobre el estado de 11 casos; 2 más obtuvieron condena; 38 alcanzaron la etapa de instrucción o investigación, es decir, fueron abiertos formalmente; 51 se quedaron en indagación preliminar; y 2 llegaron a juicio.

Estos datos discrepan con informaciones de las organizaciones de libertad de prensa, que han registrado condenas en los casos de Jaime Garzón Forero, Orlando Sierra, Emeterio Rivas y Rafael Prins, además de aquellas que se han dado por confesiones de paramilitares bajo la ley de Justicia y Paz. Asimismo, existen condenas en los casos del secuestro, tortura y violación sexual sufridos por la periodista Jineth Bedoya Lima (mayo de 2000) y la tortura psicológica contra Claudia Julieta Duque (2001-2004), que no fueron incluidos en las cifras entregadas por la Fiscalía General de la Nación.

60% DE LAS AMENAZAS SIN INVESTIGACIÓN

En Colombia sólo son investigados 4 de cada 10 casos de amenazas contra periodistas. Entre los años 2006 a 2014, la Fiscalía General sólo abrió indagaciones por 251 de las 629 amenazas que según el CNMH se registraron en el país (en 6 procesos abiertos, la Fiscalía no especificó la fecha de los hechos).

Fue en este período que se logró la única condena por amenazas contra un periodista en el país. Otros tres casos llegaron a etapa de instrucción pero prescribieron sin ningún desarrollo procesal, mientras que los 247 restantes, incluidos aquellos aún activos, se quedaron en etapa de indagación, es decir, no obtuvieron avance alguno que les permitiera siquiera abrir investigación formal.

El hecho de que la Fiscalía deje de investigar el 60% de las amenazas contra periodistas podría deberse a que en Colombia las amenazas son consideradas un delito querellable, es decir, menor, que requiere que la propia víctima sea quien interponga la denuncia y en ocasiones un reportero amenazado prefiere huir para ponerse a salvo antes de judicializar su situación. También se han dado situaciones en que la Fiscalía ha considerado que no existe información suficiente para abrir un caso, y otros en los que esa entidad ha abierto el proceso sin tener en cuenta el carácter de periodista de la víctima.

La presentación de una denuncia es elemento fundamental para la valoración del riesgo de personas amenazadas en el programa que ofrece el gobierno nacional a través de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), en 2016 la UNP desmontó 21 esquemas de seguridad a periodistas, sin que este hecho estuviera respaldado en resoluciones judiciales contra quienes causaron el riesgo inicial. En la actualidad, 103 reporteros realizan su trabajo acompañados por escoltas y 82 tiene asignados vehículos blindados. 

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Fuente: elaboración propia con base en las cifras del CNMH, la FLIP y la Fiscalía General de la Nación

De acuerdo con la Fecolper, las amenazas son una efectiva arma para contener la labor informativa, en especial en países como Colombia, donde una multiplicidad de reporteros ha debido abandonar su sitio de vivienda, sus temáticas de trabajo o su profesión debido a intimidaciones de diversa índole.

“Si bien no todas las amenazas terminan en asesinatos, sí alteran la vida y el trabajo de los periodistas, que se ven obligados a invertir su tiempo en buscar formas de prevenir eventuales ataques, y en ocasiones a cambiar su enfoque de trabajo para disminuir las presiones”, afirma esa organización en el libro La información en tiempo de fusiles, recientemente editado.

OCHO DE CADA DIEZ INVESTIGACIONES ESTÁN INACTIVAS

El análisis resulta aún más preocupante en lo que respecta a los casos investigados: del total de 673 procesos abiertos por ataques contra periodistas en el país, el 69% sólo alcanzó la etapa de indagación preliminar, es decir, nunca hubo investigación formal.

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Fuente: Elaboración propia con base en cifras suministradas por la Fiscalía General de la Nación 1986-2017. Corte a abril de 2017

Más grave todavía: 514 casos -casi el 80%- se encuentran inactivos, es decir, o han prescrito o han sido cerrados o se encuentran abiertos en la Fiscalía sin ningún tipo de avance.

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Fuente: Elaboración propia con base en cifras suministradas por la Fiscalía General de la Nación 1986-2017. Corte a abril de 2017

Se encuentran inactivos el 83,3% de los casos en que periodistas denunciaron ser víctimas de abuso de autoridad; el 66,7% de las denuncias de hackeo; el 79,3% de las amenazas; el 74,5% de las denuncias por acciones de estigmatización a través de injurias o calumnias; el 100% de las intimidaciones y constreñimientos ilegales; el 88,2% de los casos de destrucción de equipos o materiales de trabajo; el 80% de los desplazamientos forzados; el 52,4% de los homicidios; el 95,7% de las golpizas y lesiones recibidas en cubrimiento; el 70% de los secuestros; el 100% de los allanamientos ilegales a sus sitios de residencia; el 100% de las denuncias por interceptaciones ilegales; y el 33,3% de las torturas, entre otros.

Y aunque el hecho de que la mitad de los procesos por asesinatos de periodistas se encuentre activo podría significar una esperanza, ésta se esfuma al comprobar que 26 casos se encuentran en indagación preliminar, 18 en etapa de investigación formal y sólo 1 en juicio. De hecho, las cifras resultan similares para los casos activos e inactivos. En total, la impunidad de los asesinatos de periodistas es del 95,23%.

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Fuente: Elaboración propia con base en cifras suministradas por la Fiscalía General de la Nación 1986-2017. Corte a abril de 2017

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Fuente: Elaboración propia con base en cifras suministradas por la Fiscalía General de la Nación 1986-2017. Corte a abril de 2017

ACTIVOS, PERO SIN RESULTADOS

De los 159 casos de ataques contra periodistas que continúan en estado “activo” dentro de la Fiscalía General de la Nación, 7 de cada 10 se encuentran en indagación preliminar, es decir, sin mayores avances ni identificación de responsables. Del 14% no hay información, lo que llama la atención si se tiene en cuenta que están “activos”.

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* Se trata de los casos de las periodistas Jineth Bedoya Lima y Claudia Julieta Duque. Aunque ambos se encuentran en etapa de juicio, la Fiscalía continúa las indagaciones en búsqueda de otros responsables y esa entidad no los incluyó como casos en juicio

Fuente: Elaboración propia con base en cifras suministradas por la Fiscalía General de la Nación 1986-2017. Corte a abril de 2017.

ATAQUES E IMPUNIDAD EN LAS REGIONES

En Colombia hacer periodismo más allá de Bogotá, capital del país, implica un riesgo mayor debido a la impunidad con la que actúan los represores, y la consecuente vulnerabilidad a agresiones, presiones y persecuciones.

La Fecolper resalta que entre 1977 a 2015, ocho de cada diez crímenes contra periodistas se cometieron en regiones fuera de Bogotá, Medellín y Cali (las tres principales ciudades del país).

Tal afirmación se confirma al analizar los datos de la Fiscalía: de los 105 casos de asesinatos investigados, el 67% se presentaron en otros departamentos. Bogotá, Valle del Cauca y Antioquia concentraron 35 casos, mientras que 70 fueron cometidos en otras regiones del país.

Es revelador el caso del departamento del Magdalena, ubicado en la Costa Atlántica al norte del país, pues no ha estado entre las regiones que más alertan al gremio periodístico. Allí, la Fiscalía investigó 10 casos de crímenes contra reporteros.

En esa región, cuya capital es la ciudad portuaria de Santa Marta, fue asesinado en 1991 Rodrigo Ahumada Bado. Aunque sobrevivió al atentado, ocurrido el 26 de septiembre, murió a causa de las heridas el 8 de octubre de ese mismo año. En julio de 1975 había fundado la emisora Radio Galeón y la programadora Galeón Televisión, las cuales dirigió hasta su muerte. Era uno de los personajes más queridos por la sociedad magdalenense, que en protesta por el crimen acudió a su sepelio masivamente. Tras la muerte de Ahumada, tanto Radio Galeón como José Luis (2003) y Rodrigo (2002), hijos del periodista, y su hermano Antonio (2000), todos vinculados al periodismo, fueron víctimas de atentados en su contra. De ellos sólo sobrevivió José Luis Ahumada. En 2013, varios paramilitares al mando de Hernán Giraldo aceptaron su responsabilidad por el homicidio de Rodrigo Ahumada. Además de los ataques contra la familia Ahumada, el 15 de noviembre del año 2000 fue asesinado en el municipio de Pivijay el periodista de Radio Galeón Gustavo Ruíz Cantillo, que investigaba la toma paramilitar del Estado en esa región del país.

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Fuente: Elaboración propia con base en cifras suministradas por la Fiscalía General de la Nación 1986-2017. Corte a abril de 2017

Igualmente, sorprenden los casos de amenazas por regiones investigados por la Fiscalía. Prácticamente no hay un departamento en el país donde los comunicadores no hayan sido víctimas de intimidaciones con el propósito de frenar su labor. La impunidad que ha acompañado las denuncias de los reporteros confirma la alarma de organizaciones como la FLIP, cuyo informe del año 2016 se tituló “Silencioff, ¿las regiones tomarán la palabra?”.

Según la FLIP, el conflicto armado interno estableció las condiciones ideales para que el silencio y la censura se instalaran en ciudades y pueblos.

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Fuente: Elaboración propia con base en cifras suministradas por la Fiscalía General de la Nación 1986-2017. Corte a abril de 2017

Preocupación de la CIDH

La Relatoría Especial de la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (RELE-CIDH) emitió un comunicado semanas atrás en el cual expresó de nuevo su preocupación por la violencia y la presión que ejercida contra periodistas desde distintos ámbitos.

Edison Lanza, relator de la CIDH, resaltó que el Estado de colombiano “tiene la obligación de prevenir, proteger, investigar y sancionar la violencia ejercido contra periodistas”. Lanza destacó que la labor de los periodistas es amenazada constantemente en Colombia por la violencia, la falta de garantías laborales, el hostigamiento y las estigmatizaciones.

LAS CIFRAS DE LAS ONGs

Según datos de Reporteros Sin Fronteras (RSF), en 2016 Colombia se encontraba en el puesto 134 de 180 países de los países más peligrosos o vulnerables para ejercer el periodismo.

El año pasado, la FLIP registró 216 violaciones a la libertad de prensa con 262 periodistas víctimas. Entre los casos registrados se destacan secuestros, detenciones ilegales y agresiones, que a su vez provocaron el desplazamiento forzado de varios de los afectados.

Fecolper registró 179 agresiones contra reporteros en el año 2015, un 23% más que en 2014. Entre enero y junio de 2017, fueron documentados 136 casos de agresiones que tuvieron un total de 170 periodistas víctimas.

Para esa Federación, ocho meses después de la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC existen numerosos desafíos para el periodismo en Colombia, sobre todo para los periodistas regionales, pues allí “aún no se ha garantizado ni se garantizan actualmente las condiciones para el desarrollo de un periodismo libre, independiente y seguro. Las regiones representan los mayores riesgos para el periodismo colombiano y también los mayores desafíos para la construcción de una paz sostenible”.

Todas las organizaciones coinciden en denunciar la impunidad como uno de los principales enemigos de la libertad de prensa en Colombia. Las cifras de la Fiscalía General de la Nación les dan la razón.