El gobierno argentino “realizó una alianza con el terrorismo”, dijo el fiscal a un programa de televisión, asegurando que los servicios de inteligencia argentinos jugaban para Irán, país que admitía y se jactaba del atentado
@jgonzalezok | El fiscal de la causa AMIA –el atentado más grave que sufrió la Argentina en toda su historia-, ha denunciado a la presidente, Cristina Fernández, y al canciller, Héctor Timerman, por un presunto plan criminal para dar impunidad a los iraníes que habrían ideado el ataque contra una mutual judía en Buenos Aires, que dejó 85 muertos en julio de 1991. Alberto Nisman, que encabeza la Unidad Fiscal Especial de Investigación de este atentado, pidió indagar a Cristina Fernández y estableció un embargo de 200 millones de pesos -casi 15 millones de dólares-, en un voluminoso informe de casi 300 páginas.
El gobierno argentino “realizó una alianza con el terrorismo”, dijo el fiscal a un programa de televisión, asegurando que los servicios de inteligencia argentinos jugaban para Irán, país que admitía y se jactaba del atentado, según las escuchas telefónicas en poder de la justicia.
Además de la presidente y el canciller, el fiscal acusa también al diputado Andrés Larroque, dirigente de La Cámpora, al ex piquetero Luis D´Elía, a Fernando Esteche, líder de Quebracho -un grupo violento aliado al kirchnerismo- y a personal de la Secretaría de Inteligencia. D´Elía y Esteche, conocidos por sus posiciones antisemitas, son considerados como portavoces oficiosos de Irán.
El fiscal aporta escuchas telefónicas que respaldan sus acusaciones. “Ahí hablé con Julio (De Vido, ministro de Planificación), acá hay urgencia energética”, se le escucha decir a Luis D´Elía, que añade: “Está muy interesado en cambiar lo de aquellos por granos y carne La reunión fue porque la pidió la jefa, eh!... estamos al más alto nivel”.
En otra conversación, el ex agregado cultural iraní, Moshen Rabbani, revela que su gobierno está dispuesto a intercambiar no solo granos, carne y petróleo, sino también armas.
El fiscal, que lleva años trabajando en el caso, afirma que la presidente decidió un acercamiento con Irán -país con el que se habían roto las relaciones diplomáticas- para aliviar la severa crisis energética argentina, mediante un intercambio de petróleo por granos. Para ello era necesario neutralizar las acusaciones ante la justicia contra una serie de altos dirigentes iraníes, considerados como los autores intelectuales del atentado.
Un informe del canciller iraní al presidente de la República Islámica, elaborado tras entrevistarse con Héctor Timerman, asegura: “Argentina no está más interesada en resolver aquellos dos atentados… en cambio prefiere mejorar sus relaciones comerciales”.
Siempre según el fiscal, el gobierno puso en marcha un canal extraoficial con las autoridades de Teherán, para transmitir e instrumentar las órdenes emitidas directamente por la presidente. Ahí es donde entran el diputado Larroque –el amigo de Máximo Kirchner a cargo de la gestión de La Cámpora-, Esteche y D´Elía. Todos, sin ninguna relación con la función diplomática, “pero que estaban estrechamente ligados al centro del poder de donde emanan las decisiones más trascendentales de la política argentina”. Según Nisman, D´Elía intervino en todo el proceso: “es quien habla con Rabbani, el que dice cómo hay que hacer para desvincular a los iraníes”. Esteche, por su parte, es uno de los que diagrama la hipótesis falsa. Y el diputado Andrés Larroque era el intermediario entre la presidente y D´Elía.
Los servicios secretos habrían manipulado pruebas y personas, participando activamente en la fabricación de la hipótesis falsa para desviar el curso de la causa judicial, sacar de la misma a los iraníes y acusar a inocentes.
El principal interlocutor por la parte iraní era Moshen Rabbani, un clérigo que fue muchos años agregado cultural de la embajada iraní en Buenos Aires y responsable de toda América Latina. A él se le imputa la organización sobre el terreno del atentado. A través de estos canales clandestinos, la presidente negociaba con Rabbani, “mientras la justicia argentina dedicaba ingentes esfuerzos para lograr la detención y el posterior enjuiciamiento del referido Rabbani y de los demás imputados”.
Fruto de estas negociaciones es el Memorando de entendimiento firmado entre los dos países el 27 de enero de 2013, que preveía la creación de una Comisión de la Verdad y que establecía que la justicia argentina podría interrogar a los acusados en territorio iraní. El acuerdo nunca fue ratificado por Irán, no se pudo indagar a los acusados y la justicia argentina declaró el acuerdo inconstitucional, dejando en papel mojado el convenio.
El documento del fiscal Nisman -que el próximo lunes dará al Congreso detalles de su investigación- cae como un jarro de agua fría sobre el gobierno, cuando aún no se apagó la polémica por la reacción argentina meramente formal a los atentados de París. Y se suma a otros problemas judiciales por presunta corrupción que salpican a las más altas autoridades del país. Todo esto en un año electoral y de fin de época.
“Somos millones los argentinos dispuestos a defender a Cristina Fernández de este nuevo ataque, insólito y vergonzoso”, escribió en su cuenta de Twitter
La reacción oficial más significativa ha sido la del ministro del Interior, Florencio Randazzo. “Somos millones los argentinos dispuestos a defender a Cristina Fernández de este nuevo ataque, insólito y vergonzoso”, escribió en su cuenta de Twitter. Randazzo, que espera ser el candidato elegido por la presidente en las elecciones de octubre, añadió que era un “pase de factura de sectores corporativos que perdieron en las últimas decisiones tomadas en la Secretaría de Inteligencia”. Aunque no elaboró la idea hay que pensar que se refiere a los recientes cambios en la cúpula de los servicios de inteligencia, que incluyeron la salida de su histórico jefe de operaciones, Jaime Stiusso.
El acercamiento de Argentina con Irán fue paralelo al enfriamiento de las relaciones con Washington, muy evidente después de que el presidente Obama dejó de lado a Buenos Aires en su primera gira por la región. Durante el gobierno de Néstor Kirchner, Argentina había denunciado ante la ONU al régimen iraní por su responsabilidad en el atentado y se creó la Fiscalía Especial para investigar el caso. En 2007, el mismo Néstor Kirchner se negó a asistir a la toma de posesión de Rafael Correa, en Ecuador, porque también estaba invitado Ahmadinejad, entonces presidente de Irán. La propia Cristina Fernández, en la Asamblea General de la ONU de 2009, pidió a Irán que extraditara a los acusados. Pero en 2011, el embajador argentino rompió la tradición y se quedó a escuchar el discurso del presidente iraní, Ahmadinejad y en 2012 se reanudó el envío de granos.
El atentado contra la AMIA, el 18 de julio de 1994, destruyó el edificio de La mutual judía y provocó la muerte de 300 personas. Se produjo dos años después de que otra bomba en la embajada de Israel provocara 29 muertos. El atentado de la AMIA fue calificado judicialmente como crimen de lesa humanidad y genocidio. Los acusados iraníes son el ex presidente Rafsanjani, el ex ministro de Exteriores Velayati, el ex responsable de la inteligencia iraní, Fallahijan, Mohsen Rezai, ex jefe de la Guardia Revolucionaria, el ex ministro de Defensa, Ahmad Vahidi, y tres diplomáticos de la embajada en Buenos Aires.
