CRÓNICAS DESDE AMÉRICA LATINA

Piden la detención de Cristina Fernández por traición a la patria

El Senado argentino debería antes despojarla de sus fueros parlamentarios.

@jgonzalezok / El juez federal Claudio Bonadio dictaminó en la mañana de este jueves el procesamiento y la detención de la ex presidente argentina, Cristina Fernández, acusada de traición a la patria, encubrimiento agravado y obstrucción de un acto judicial. Todo esto como consecuencia del acuerdo secreto que su gobierno firmó con Irán el 27 de enero de 2013. Un acuerdo que, para la Justicia, fue una maniobra delictiva con el objetivo de dotar de impunidad a los iraníes acusados por el atentado contra la mutual judía AMIA, el 18 de julio de 1994, que causó 85 muertos. El juez considera que, de continuar en libertad, Cristina Fernández podría entorpecer el accionar judicial.

El juez ordenó que el Senado inicie inmediatamente el desafuero de la ex presidente, pero el resultado es incierto: se necesitarían los dos tercios de la Cámara, cifra a la que no se llegará sin votos peronistas. Aunque divididos, el senador Miguel Ángel Pichetto, que comanda el bloque con más senadores peronistas, dijo que no avalarían el desafuero hasta que hubiera sentencia firme. Aun así, es dudoso, ya que el ex presidente Carlos Menem, condenado y con sentencia firme por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, sigue integrando el Senado con la protección peronista.

El magistrado determinó otras detenciones. Entre ellos el que fuera ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman -que quedó en prisión domiciliaria atendiendo a su grave estado de salud-, Carlos Zannini, ex Secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, y algunos personajes marginales como el ex piquetero Luis D´Elía, el ex dirigente del grupo Quebracho, Fernando Esteche, y Alejando “Yussuf” Khalil, operador de Irán en Argentina.

También fueron procesados, pero sin prisión preventiva, el ex secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, la ex Procuradora del Tesoro, Angelia Abbona y el diputado y dirigente de La Cámpora, Andrés Larroque.  

La causa es consecuencia de la acusación del fiscal Alberto Nisman, fallecido en extrañas circunstancias el 14 de enero del 2015, cuatro días después de anunciar su acusación contra la ex presidente y otros funcionarios. A partir de ahí el caso sufrió distintos avatares judiciales, incluyendo la actuación del juez Daniel Rafecas, que desestimó en tiempo récord la denuncia, rechazando tomar ninguna de las medidas de prueba solicitadas por el fiscal. Este magistrado, que ahora está siendo investigado por el Consejo de la Magistratura, ni siquiera escuchó las miles de horas de grabaciones que se hicieron a los imputados.

De los varios procesos judiciales que enfrenta Cristina Fernández este es el más controvertido, porque tiene bases jurídicas sumamente opinables. No así las otras causas, como las de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Pero en el presente caso hay flecos que juegan a favor de la ex presidente. Por ejemplo, que el acuerdo con Irán, que se negoció en secreto, fue después votado en el Congreso. Una votación en la que el gobierno impuso su mayoría absoluta y que exigió a sus legisladores votar “a libro cerrado”, que en la jerga parlamentaria argentina supone votar sin cambiar una coma y sin pedir explicaciones al gobierno. El acuerdo sería finalmente declarado inconstitucional por la Corte Suprema. Y los iraníes, que debían ratificarlo, nunca lo hicieron.

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Antes de ser público, el acuerdo con los iraníes había sido desvelado por el fallecido periodista Pepe Eliaschev en el periódico Perfil. En su nota denunciaba que el gobierno argentino negociaba un pacto con Irán para “olvidar” los atentados. La información se basaba en un informe hasta entonces secreto, en el que el canciller iraní, Alí Akbar Salehi le informaba al presidente Ahmadinejad de que Argentina ya no estaba interesada en resolver los atentados de la AMIA y el de la embajada de Israel, “pero en cambio prefiere mejorar sus relaciones económicas con Irán”.

La nota de Eliaschev fue fulminada por el ministro Timerman: “fue el oportunismo de un pseudo periodista que no vaciló en decir cualquier cosa con tal de ofenderme a mí”. Tampoco lo creyó el fiscal Nisman, que en aquel momento calificó la nota de descabellada y absurda, además de imposible cumplimiento. “Hacía tiempo que no leía algo tan disparatado”, declaró a Perfil, aunque pocos días antes de su muerte reconocería que fue un error, ya que lo informado por Eliaschev sería la base para denunciar a la presidente y otros funcionarios.

Horas después de conocerse el escrito del juez Bonadio, y a 72 horas de que Cristina Fernández asuma un escaño en el Senado, la ex mandataria convocó una conferencia de prensa en la que hizo una declaración y admitió solo cuatro preguntas. Dijo sufrir una persecución inaudita en democracia y ser víctima de una causa inventado sobre hechos que no existieron. Y acusó al presidente, Mauricio Macri, de ser el director de orquesta de toda la movida, adjudicando al juez Bonadio el papel de mero ejecutante de la partitura. En su interpretación, lo que pretendería el gobierno es disciplinar a la oposición, tapar el fracaso de su política económica, construir enemigos y provocar. En definitiva, añadió Cristina, “no quieren que nuestra voz esté en el Senado, pero no nos vamos a callar”.

Hubo numerosas manifestaciones de todo el arco kirchnerista apoyando a la ex presidente. También algunas declaraciones tremendistas, asegurando que en Argentina ya no rige el estado de derecho. La presidente de las Madres de la Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, aseguró que si tocaban a Cristina se iba a armar un gran quilombo. Después de la conferencia de prensa de la ex mandataria hubo una manifestación de apoyo en la Plaza de Mayo.

A pesar de lo que la viuda de Kirchner aseguró en su conferencia de prensa, diversas fuentes confiables coincidieron en señalar que el auto del juez fue una sorpresa para el gobierno. Para el jefe de Gabinete, Marcos Peña, es un tema estrictamente judicial, añadiendo que “todos somos iguales ante la ley”. Se cree que el gobierno estaría de acuerdo en no avanzar en el desafuero hasta que haya una sentencia firme.

Contrariamente a lo que sucedió durante los años del kirchnerismo, cuando las presiones sobre la Justicia se hacían por cadena nacional, y cuando se formaron asociaciones de jueces y fiscales de declarada militancia a favor del gobierno, en estos dos años de Macri no hay constancia de que se esté actuando sobre jueces y fiscales. Es la propia Justicia la que, atenta al cambio de aires en la política, reactiva procesos y expedientes que dormían en los cajones.

Con la entrada en prisión de los últimos detenidos por esta causa, aumenta el número de funcionarios del gobierno de Cristina que están en prisión. Entre ellos están el ex vicepresidente, Amado Boudou, el que fuera jefe del Ejército, César Milani, y toda la cúpula del ministerio de Planificación, que controlaba las obras públicas, el sector de la energía y los subsidios.