Los gendarmes que custodian la sede de la Junta Electoral provincial incautaron miles de votos que fiscales de diferentes partidos querían introducir en el lugar, donde se lleva a cabo el recuento definitivo
@jgonzalezok | Los principales candidatos a las elecciones generales argentinas del mes de octubre –Mauricio Macri, Sergio Massa y Margarita Stolbitzer- se presentaron juntos en Buenos Aires junto con el candidato de la oposición para la gobernación de la provincia de Tucumán, José Cano, para repudiar lo que consideran un fraude manifiesto y también la brutal represión de la policía a los manifestantes que protestaron el pasado lunes por la noche.
Cano, candidato de la Alianza por el Bicentenario, coalición que agrupó a las fuerzas opositoras que llevan candidatos diferentes a la presidencia en octubre –como Macri y Massa- pidió repetir la elección. Los datos oficiales le dan la victoria al candidato oficialista Juan Manzur -54 % frente a 40 % de Cano-, aunque la oposición ganó en la capital y los principales núcleos urbanos de la provincia.
El caso de Tucumán fue tratado este jueves en el Congreso, pero el bloque oficialista rechazó votar una moción de condena por los sucesos en la provincia. Tampoco aceptó condenar el asesinato, días antes, de un militante de la UCR en la provincia de Jujuy. La presidente, Cristina Fernández, aprovechó un acto en la Bolsa de Comercio para pedir a la oposición que reconozca el triunfo de su candidato en Tucumán.
Daniel Scioli, el candidato presidencial por el oficialismo, dio por buena y legítima la elección, a pesar de que hubo incidentes como quema de urnas, inconsistencias entre las actas de las mesas electorales y los telegramas enviados a la justicia electoral y urnas con votos antes de comenzar la votación. Hay también denuncias contra la D 2, departamento de inteligencia de la policía provincial –órgano heredado de la dictadura-, que habría amenazado a fiscales de mesa opositores y que habría participado en la represión de las manifestaciones.
Curiosamente, un documento del Consejo Nacional Federal del Partido Justicialista –es decir, el partido oficial- repudió lo sucedido en Tucumán y habla de “actos que permiten visualizar la supuesta existencia de delitos electorales que configuran una violación flagrante de la voluntad popular”. El documento, que lleva la firma del gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner, pide que se investigue y castigue a los culpables, si se comprueba el delito electoral, aunque también demanda a la oposición que no saque rédito político de los acontecimientos.
Las maniobras para cometer fraude en las elecciones en Tucumán no se limitaron al oficialismo. Los gendarmes que custodian la sede de la Junta Electoral provincial incautaron miles de votos que fiscales de diferentes partidos querían introducir en el lugar, donde se lleva a cabo el recuento definitivo.
El día de la elección se documentó también un importante operativo clientelista, como entrega de bolsas de comida y dinero a electores, a cambio de su voto. Y acarreo de ciudadanos a votar en coches y motos identificados con carteles del Frente para la Victoria, sello electoral del oficialismo.
“Hay que garantizar la transparencia en Tucumán y, sobre todo, en las elecciones que vienen”, dijo Mauricio Macri, candidato presidencial por el PRO (derecha). Margarita Stolbitzer, candidata presidencial del Frente Progresista (centro-izquierda), señaló que se está ante un caso de extrema gravedad: “Hay un sistema feudal que comienza con la corrupción, el clientelismo, el fraude y la represión. Este combo debe terminar. Nos unifica la decisión de pelear contra ese sistema para defender los derechos de las personas”.
Sergio Massa, candidato de UNA (peronistas no kirchneristas) y tercer favorito en las presidenciales, habló de los gobiernos feudales y predemocráticos, “señores que, en nombre del peronismo, han transformado sus gobiernos en empresas de poder, y lo único que les importa es perpetuarse y perpetuar sistemas de poder amparando corrupción e impunidad. Y la utilización de los sectores más vulnerables de la sociedad con mecanismos extorsivos”.
La represión policial, en la que las fuerzas del orden abrieron fuego con balas de goma directamente al cuerpo de los manifestantes, abrió brechas en las filas del gobierno. El gobernador saliente, José Alperovich, afirmó que no sabía quién había dado a la policía la orden de actuar. El CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), cuyo presidente es el periodista Horacio Verbitsky, uno de los más sólidos defensores del gobierno, señaló que Alperovich “es quien está a cargo del gobierno de la policía provincial, que llevó a cabo un operativo violento, descontrolado y sin profesionalidad”.
La Corte Nacional Electoral reiteró a la Corte Suprema la “necesidad imperiosa” de modificar el actual sistema de votación, a partir de los problemas que el sistema suscitó en las cuatro últimas elecciones nacionales
Los medios oficialistas ignoraron la manifestación, incluso el canal 10 de Tucumán, que depende de la Universidad pero que controla el gobierno provincial. Nada nuevo en una provincia en la que no se puede encontrar un par de libros, sendas biografías no autorizadas del gobernador Alperovich, y su delfín, Juan Manzur, porque las librerías locales tienen miedo a las represalias.
En muchas provincias argentinas, las más pobres, se repite el mismo esquema feudal. Gobernadores que al llegar al poder cooptan a la justicia, someten a los medios con un sistema de premios y castigos con el uso de la publicidad oficial, cambian las leyes para lograr la reelección indefinida y usan métodos clientelares para asegurarse el voto. Además del manejo de ayudas sociales con color partidista, en muchas provincias la fuente de trabajo principal está en el sector público. El modelo se completa con la subordinación política a la Casa Rosada, que recompensa con el envío de fondos discrecionales, que permite a la mayoría de los gobernadores pagar sueldos y hacer obras.
La mecánica electoral en Argentina facilita el fraude. A pesar de que el voto electrónico demostró su éxito en las recientes elecciones en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Salta, la elección nacional de octubre será con voto en papel, incentivando el robo de papeletas en el cuarto oscuro. Días antes de la elección en Tucumán, la Corte Nacional Electoral reiteró a la Corte Suprema la “necesidad imperiosa” de modificar el actual sistema de votación, a partir de los problemas que el sistema suscitó en las cuatro últimas elecciones nacionales.
En el caso de Tucumán había 500 partidos registrados, para una población de menos de 1,5 millones de habitantes. Uno de cada 44 votantes era candidato a algún cargo. Esto se explica porque se armaron numerosos partidos que llevaban al mismo candidato a gobernador, una versión de la ley de lemas que favorece siempre al gobierno de turno.
