Según este estudio, el 25,1 % de los argentinos -9,6 millones de personas- estarían en esta situación, mientras que el número de indigentes sería del 5,6 % de la población, es decir, más de 2,1 millones de argentinos
@jgonzalezok | Uno de cada cuatro argentinos vive en la pobreza, según un estudio hecho público por ex técnicos del INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), expulsados por el gobierno en 2007, cuando empezó la manipulación de las estadísticas oficiales. Según este estudio, el 25,1 % de los argentinos -9,6 millones de personas- estarían en esta situación, mientras que el número de indigentes sería del 5,6 % de la población, es decir, más de 2,1 millones de argentinos. Estas cifras suponen un aumento de casi un 5 % en solo un año.
Otras consultoras privadas consideran que las cifras son aún mayores, llegando en el caso del Observatorio de la Deuda Social, de la Universidad Católica Argentina al 27,5 %. Según la consultora Ecolatina, las principales causas serían la devaluación de principios del año pasado y el ajuste en los salarios, que en el 2014 perdieron frente a la inflación.
Las reacciones oficiales al informe fueron las habituales, desacreditando a los autores. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, aseguró que no había estudios privados sobre el tema y que lo que se hace es “revolear números” y “mentir”.
Las últimas cifras de pobreza publicadas por el organismo oficial corresponden al segundo semestre de 2013, cuando aseguró que los pobres eran un 4,7 % de la población. Desde entonces se ensayaron diversas explicaciones para justificar la falta de estadísticas al respecto: primero hablaron de cuestiones técnicas, después ensayaron algunas justificaciones insólitas.
El ministro de Economía, Axel Kicilloff reaccionó igual que su antecesor, Hernán Lorenzino, que interrumpió una entrevista televisiva cuando una periodista griega le preguntó sobre la inflación. Kicilloff dijo: “esa pregunta, cuántos pobres hay, es una pregunta complicada, es bastante relativo. Yo no tengo el número de pobres, me parece que es una medida bastante estigmatizante” (sic). Antes, había hecho otra afirmación increíble: “las estadísticas no le importan a nadie” (sic). .
La explicación del director del IDEC, Norberto Itzcovich fue aún más insólita, teniendo en cuanta su cargo. Aseguró que no era fácil definir la pobreza y acusó a quienes están publicando estudios sobre el tema de tener intencionalidad política. El jefe de gabinete, Aníbal Fernández, fue aún más inusitado y brutal, al afirmar que “el Estado no está para contar pobres”.
La manipulación de las estadísticas afecta también la medición de otros datos fundamentales para la elaboración de políticas económicas y sociales. “Es como volar sin radar”, señaló algún especialista, mientras que técnicos expulsados del INDEC señalaron que el secreto estadístico es el que garantiza que los pobres no son estigmatizados, el aparente temor del ministro de Economía.
Cynthia Pok, que fue directora de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC y ahora es directora de Formación y Estadísticas de la CTA (sindicato opositor), recordó que “uno de los propósitos centrales de las estadísticas públicas es el de monitorear la efectividad de las políticas públicas a través de la medición de incidencia en la población”.
La ocultación de las cifras de la pobreza tiene que ver con la manipulación del índice de inflación, ya que para su cálculo se utiliza la canasta básica. Y también con lo que se llama el relato, que sostiene que el gobierno de Cristina Fernández ha erradicado la pobreza. Pero, si se aceptan los datos de las mediciones no gubernamentales, se llega a la conclusión de que el combate a la pobreza no ha conseguido éxitos notables.
Datos del IPyPP (Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas), que dirige el diputado Claudio Lozano (Unidad Popular, izquierda), señalan que, en mayo de 2001, cuando estalla el país por la crisis del gobierno de Fernando De la Rúa, la pobreza era de casi el 36 % y la indigencia del 11 %. Antes de esta crisis, entre 1995 y 2000, los índices eran de 26,4 % y 6,7 %, respectivamente. En meses posteriores, las cifras fueron incluso peores, llegando al 55 % a finales del 2002. Es decir, Argentina se recuperó rápidamente de la crisis del 2001, que llevó al país a la suspensión de pagos, pero las cifras no superaron a los de la denostada década de los 90, la del neoliberalismo de Menem.
La actual polémica ha reactivado también el drama de la desnutrición infantil, que cada tanto gana las primeras páginas de los periódicos con la muerte de algún menor, generalmente indígenas del norte del país. No por esporádicos, los casos dejan de golpear a un país que está entre los primeros productores de alimentos del mundo. Sin ir más lejos, en las últimas horas se conoció que Argentina batirá este año un nuevo récord en la cosecha de soja, que alcanzará los 59 millones de toneladas.
Algunas reacciones a este drama de la desnutrición fueron similares a las que han tenido ahora funcionarios del gobierno con la pobreza. Cristina Lobos, ex secretaria de Alimentación y Nutrición Saludable de la provincia de Salta –una de las provincias del noroeste del país con mayores casos de desnutrición infantil- afirmó en su momento: “el ministerio de Salud no es un obituario para estar publicando los casos, hay que reservar la identidad de las personas”.
Esta situación se da en el marco de un panorama económico más que preocupante. Hace más de un año que Argentina está en recesión. La previsión para este año es que haya un crecimiento negativo y el FMI prevé que la economía del país siga estancada hasta el 2017. Cae la actividad industrial y la venta de alimentos. La inflación se había moderado levemente a principios de este año, pero mediciones privadas dieron más un 2,12 % en el mes de marzo.
