@jgonzalezok | La jueza María Servini de Cubría –la misma que investiga en Argentina los crímenes del franquismo-, está tras la pista de una serie de llamadas telefónicas de narcos con distintas dependencias que funcionan en el interior de la Casa Rosada, donde tiene su despacho oficial la presidente, el jefe de Gabinete, la Casa Militar y otros organismos.
La jueza le ha pedido al secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, información sobre quiénes utilizan los teléfonos que figuran en la investigación. El funcionario confirmó haber recibido la petición de la jueza y aseguró que tendrá una respuesta en el plazo legal.
La causa tiene que ver con la importación de efedrina, un precursor químico usado en la fabricación de drogas sintéticas, que hasta hace años se importaba libremente. Se pudo comprobar que un ex empleado del registro de precursores químicos llamó al servicio de comunicaciones de la Casa Militar en unas veinte ocasiones, así como a otros tres abonados de la Presidencia y en una ocasión a la Jefatura de Gabinete, todas dependencias situadas a metros del despacho de Cristina Fernández.
Estas llamadas coincidieron con fechas en las que se presentaban los expedientes para autorizar la importación legal de partidas de efedrina, por parte de empresarios farmacéuticos, que luego las derivarían para un uso ilegal. Las autorizaciones son competencia de la Sedronar, la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico.
En el centro de este escándalo están los hermanos Zacarías, alguno de los cuales tiene vieja relación con los Kirchner, desde la época en que este era gobernador de Santa Cruz. Luis Zacarías, trabaja actualmente en la secretaría privada de la presidente, Cristina Fernández. Otro hermano, Miguel, era secretario privado del titular de la Sedronar, José Ramón Granero, de larga relación con su coprovinciano Néstor Kirchner y que hoy está procesado. También están imputados Gabriel Abboud, ex subsecretario del mismo organismo, y Julio De Orué, ex director del Registro de Precursores Químicos.
Un tercer hermano, Rubén, fue jefe de Protocolo en la Casa Rosada. Y finalmente está Máximo Zacarías, ex empleado del PAMI –la obra social de los jubilados-, al que un ex trabajador de la secretaría antidrogas acusa de haberse interesado en la importación de 1.000 kilos de efedrina.
Precisamente este viernes, 29 de agosto, fue condenado a once años de prisión el empresario Augusto Abraham, el mayor importador de efedrina, y que tiene vínculos con el expediente que investiga la jueza Servini de Cubría. La magistrada pudo establecer que entre 1999 y 2010 se importaron casi 56.000 kilos de efedrina, cuando las necesidades de la industria farmacéutica eran de solo 156 kilos por año.
El presidente del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical (UCR), Mario Negri, señaló que hay una etapa muy oscura del organismo encargado de luchar contra el tráfico de drogas, la Sedronar: “no solo no previno ni luchó contra el narcotráfico, sino que le abrió las puertas”.
El organismo estuvo acéfalo durante mucho tiempo. Ahora, su titular es un cura amigo de los Kirchner, Juan Carlos Molina. Desde su nombramiento, hace unos meses, se traspasó al Ministerio de Seguridad la lucha contra el narcotráfico, quedando en su ámbito la prevención de las adicciones, pero manteniendo el control de los precursores químicos.
El tema de la efedrina saltó al primer plano de la actualidad en agosto de 2008, cuando se produjo lo que se conocería como el triple crimen de General Rodríguez, una localidad de la provincia de Buenos Aires. Allí, tres empresarios farmacéuticos, Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina fueron asesinados por una banda narco con la que competían en la triangulación de efedrina a México. Un detalle preocupante es que uno de los muertos y un imputado por el asesinato habían aportado fondos para la campaña del FPV en 2007
La facilidad para importar la efedrina en Argentina, hizo que se utilizara para su posterior exportación a países como México o Colombia, donde está prohibida. Después, para la propia fabricación de la droga en Argentina, que se ha convertido en un punto clave para el envío de cargamentos de distintos tipos de droga a Europa. Según un informe de la ONU, en el período 2001-2012, Argentina se convirtió en el tercer proveedor mundial de cocaína, después de Brasil y Colombia.
La jueza Servini de Cubría declaró en las últimas horas que “el narcotráfico tiene que tener el apoyo de adentro, de alguien que sea importante, si no, enseguida la policía los localizaría. Pero también tienen que tener el apoyo de fuerzas de seguridad”. La propia iglesia católica denunció el avance del narcotráfico en el país y “la complicidad y corrupción de algunos dirigentes”.
Uno de los libros más vendidos estos días en Argentina es Narcolandia, que en la misma portada se publicita como una explicación de por qué Argentina se convirtió en el paraíso de los traficantes colombianos. Sus autores, los periodistas Virginia Messi y Juan Manuel Bordón, afirman que el principal interés de los colombianos es dominar las rutas hacia Europa. En este sentido, uno de los últimos casos de actuación de sicarios colombianos fue el asesinato de Carlos Alberto Gutiérrez, encargado de coordinar el envío de droga a Europa.
