@jgonzalezok / Días después de que un programa televisivo divulgara la presunta situación irregular de algunas empresas de la presidente, Cristina Fernández, un juez ordenó el allanamiento de la firma Hotesur SA, que administra uno de los tres hoteles de lujo que la mandataria tiene en El Calafate, cerca del patagónico glaciar Perito Moreno. Se trata del hotel Alto Calafate, en el que la mandataria argentina tiene acciones por valor de casi 10 millones de pesos, más de 700.000 dólares. No se sabe a qué porcentaje corresponden estas acciones, ya que los cambios introducidos recientemente en las declaraciones juradas hacen más opaca esta información.
Después de la emisión del programa -Periodismo para Todos, del conocido periodista Jorge Lanata-, la diputada opositora Margarita Stolbitzer (GEN) presentó una denuncia penal por numerosas irregularidades, tanto fiscales como societarias. La empresa no presenta sus balances anuales ante la Inspección General de Justicia desde hace años, como está establecido por ley. Tampoco informó sobre los cambios en el directorio de la compañía, debe impuestos atrasados y el domicilio legal declarado hace años está vacío.
La justicia pidió información sobre la empresa a la AFIP (Agencia Federal de Ingresos Públicos) y la IGJ (Inspección General de Justicia). De hecho, Hotesur ya habría recibido un apercibimiento para normalizar su situación, pero sin ningún resultado. Alicia López, que fue titular de la IGJ, manifestó que si no se han presentado los balances de la empresa, es un delito, y que “si no los presentan es porque son impunes”.
Hotesur administra el hotel Alto Calafate, el mismo establecimiento que se vio envuelto en otro escándalo cuando se supo que el empresario Lázaro Báez, presunto testaferro de la familia Kirchner, había alquilado 935 noches de hotel por mes, durante los años 2010 y 2011, presuntamente para sus empleados. El acuerdo establecía que no importaba si los cuartos del hotel eran efectivamente ocupados o no. Y todo indica que el hotel estaba semivacío permanentemente. La diputada Margarita Stolbitzer declaró que todos saben que los casinos y los hoteles son las operaciones más fáciles para encubrir el lavado de dinero. Los que sí gozaban de las comodidades del hotel eran las tripulaciones de Aerolíneas Argentinas, la línea estatal.
Báez, concesionario de casi toda la obra pública en la provincia de Santa Cruz, era un oscuro empleado bancario hasta que conoció a Néstor Kirchner. Después, sus negocios se expandieron hasta alcanzar otros rubros como el petróleo y los campos. Está siendo investigado por la justicia de varios países, incluyendo Estados Unidos, Suiza y Uruguay. El empresario es socio en algunos emprendimientos con Cristina Fernández, como antes lo fue con Néstor. La cercanía era tal que Báez fue el que construyó el mausoleo en el que está enterrado el ex presidente.
En su momento, cuando aún vivía, Néstor Kirchner justificó una polémica operación de cambio de divisas por valor de dos millones de dólares, justificando que eran para la compra de este hotel. Llamó la atención la fecha en que se concretó la compra, fines del 2008. Casi coincidió con la crisis de Lehman Brothers que disparó una crisis internacional y una convulsión en la cotización del dólar, por lo que se sospecha que Kirchner hubiera especulado al contar con información privilegiada.
Además de estos tres hoteles de lujo en El Calafate, -“su lugar en el mundo”, según le gusta repetir a Cristina Fernández-, la presidente tiene otros 26 inmuebles, algunos en barrios exclusivos de Buenos Aires, como La Recoleta y Puerto Madero. Uno de los grandes negocios que hizo el matrimonio Kirchner en la Patagonia fue la compra de un terreno por el que pagaron 34.000 dólares y vendieron tres años después por 1,65 millones de dólares. Muchos familiares y amigos pudieron comprar terrenos en esta villa turística gracias a la entrega del intendente (alcalde), que otorgaba tierras fiscales a precio vil.
Las penurias judiciales que afronta el gobierno de Cristina Fernández se multiplican a medida que se acerca el final de su mandato. El vicepresidente, Amado Boudou, está procesado en varias causas, algunas también por estar flojo de papeles, como es el caso del hotel de la presidente. Además de la llamada causa Ciccone, que es la más comprometida, declaró domicilios inexistentes en varios vehículos a su nombre. Aunque la oposición viene exigiendo que dé un paso al costado, se mantiene atrincherado en su despacho del Senado, pero casi no aparece en los actos oficiales y hace tiempo que no preside las sesiones de la Cámara Alta.
