@jgonzalezok / En la recta final de su presidencia –dejará la Casa Rosada en diciembre-, Cristina Fernández encontró un nuevo enemigo en el que ha puesto todo su empeño para destruir: el juez Carlos Fayt, uno de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. El objetivo es desalojarlo del tribunal, bajo el argumento de sus 97 años y la supuesta senilidad del magistrado. Pero el propósito es desactivar el máximo tribunal, antes de que la Corte trate temas muy sensibles al gobierno, como la posible inconstitucionalidad del memorándum de entendimiento con Irán o los casos de presunta corrupción de la propia familia presidencial.
La Corte sufrió en los últimos tiempos algunas bajas, y quedó en solo 4 miembros, después del fallecimiento de Carmen Argibay y Enrique Petracchi, así como la jubilación de Eugenio Zaffaroni. Si se fuera Fayt, un juez que no es querido por el gobierno, el tribunal quedaría prácticamente paralizado. La ofensiva contra el magistrado empezó hace tiempo, pero en las últimas horas se sumó personalmente la presidente, que reprodujo en su cuenta de Twitter un artículo del diario Tiempo Argentino en el que se pone en duda la lucidez de Fayt.
No hay ninguna legislación que obligue al juez a someterse a un estudio psicofísico, como proponen algunos. Su abogado, Jorge Rizzo, dijo que el magistrado está bien, trabajando y en pleno disfrute de sus facultades. El mismo juez hizo unas breves declaraciones por radio, en las que dijo que seguiría en su puesto hasta que sus fuerzas se lo permitan. Pero esto no bastó para detener la ofensiva. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, llegó a decir que no le constaba que fuera su voz. Y la diputada Diana Conti puso en duda, incluso, que la firma que aparece en los últimos fallos, sea la de Fayt.
Para garantizarse protección judicial cuando dejen el poder, una de las variables que contempla el gobierno, además de sacarse de encima a Fayt, es aumentar el número de miembros del Tribunal, contando con que algunos serían aliados. Pero la oposición llegó al acuerdo de no aceptar el debate sobre ningún nuevo miembro hasta el próximo gobierno. No obstante, Cristina Fernández decidió enviar al Senado la propuesta del joven de 34 años Roberto Carlés, un connotado militante kirchnerista que tiene grandes pergaminos académicos, pero ninguna experiencia. El debate quedó interrumpido cuando era evidente que no saldría adelante.
Lo curioso del intento de aumentar el número de jueces en la Corte es que hace solo 8 años, la propia Cristina Fernández, entonces senadora, impulsó el proyecto para reducir el número de 9 a 7, con la idea de dejarlo en cinco a medida que se fueran produciendo bajas por muerte o jubilación. El actual presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, declaró estos días: “La experiencia demuestra que es necesario tener cierta estabilidad en el número, que no cambie de acuerdo con las circunstancias y mucho menos que cambie con la finalidad de alterar las mayorías, que fue muy perjudicial en su momento”. Y añadió que cada vez que se hizo esa maniobra, “siempre redundó en desprestigio para el Presidente y para la propia Corte”.
En el marco de la ofensiva contra el juez Fayt, el gobierno también impulsó el cambio en la presidencia de la comisión de juicio político del Congreso, donde se tratará el caso. Antes, algunos de los primeros espadas del kirchnerismo afirmaron que Fayt estaría firmando los fallos en su casa y no en el tribunal, como establece la ley. Pero inmediatamente se le recordó al gobierno la enorme cantidad de Decretos de Necesidad y Urgencia que ha firmado en estos años, que debían ser suscritos en reunión de gabinete, algo que nunca hicieron los Kirchner.
Es sorprendente todo este episodio, teniendo en cuenta que si algo se le reconoce a Néstor Kirchner es haber acabado con la corte adicta que había heredado de Carlos Menem. En marzo de 2004, un año después de llegar al poder, Kirchner había dicho: “venimos a construir una Justicia independiente en la Argentina, y esta probado en la Corte Suprema que se está constituyendo en nuestro país”. Claro que el cerebro del gobierno, Carlos Zannini, cuyo cargo formal es el de Secretario Legal y Técnico de la presidencia, también dijo, ante un fallo adverso: “¿dónde está mi decepción con esta Corte? Nosotros los pusimos para otra cosa”.
Las muestras de ira del gobierno con la Corte se agudizan a medida que hay veredictos contrarios al gusto del gobierno o declaraciones que subrayan la necesidad de mantener la separación de poderes. El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, por ejemplo, recordó estos días que el Poder Judicial tiene una función de control y está “para ponerle límites al gobierno de turno. A lo que contestó airadamente la presidente que el único control que admitía era el del pueblo.
Militante socialista en su juventud y autor de más de 30 libros, Fayt dijo en una entrevista que no le debía nada a ningún presidente: “yo no conocí al doctor Alfonsín cuando me designaron, soy absolutamente libre”. Básicamente estaba de acuerdo con lo que dijo su compañera en la Corte, la fallecida Carmen Argibay Molina, cuando dijo: “para ser el primer juez, el primer deber es ser desagradecidos con quien nos nombró”.
Fayt se mantuvo en el tribunal después de la poda que forzó Néstor Kirchner y cuando integró esa nueva corte, que se consideró ejemplar, tenía ya 88 años. Las normas actuales fijan la edad de jubilación de los jueces a los 75 años, pero él se acogió a una sentencia de 1999, que estableció que los miembros que estuvieran en el cargo antes de la reforma constitucional de 1994 quedaban exceptuados de la jubilación y no necesitaban nuevo acuerdo del Senado. “La Corte no es un trabajo full time, sino full life”, había dicho también el magistrado.
El caso Fayt, en cualquier caso, no ha hecho más que comenzar.
