@jgonzalezok | El ascenso a teniente general del controvertido jefe del Ejército argentino, César Milani, ha removido los cimientos del kirchnerismo, al tocar un tema fundamental para este gobierno, como es el de los derechos humanos. De hecho, es su principal activo político. Sin embargo, la promoción de Milani, decidida e impulsada personalmente por la presidente, Cristina Fernández, se llevó adelante a pesar de los antecedentes del general, que ha sido denunciado en tres causas judiciales por delitos de lesa humanidad, cometidos durante la dictadura militar (1976-1983), aunque todavía no ha sido imputado.
El gesto del ex presidente Néstor Kirchner, de mandar descolgar el retrato de Videla del Colegio Militar, y el impulso que dio a la anulación de las leyes que ampararon a los militares incursos en crímenes de lesa humanidad, parecen un paso atrás en un tema que era la principal bandera del kirchnerismo. La presidenta impuso la obediencia debida a los senadores oficialistas que debieron votar el ascenso de Milani y reestableció el Punto Final que tanto criticó al gobierno de Raúl Alfonsín.
El ascenso de Milani, votado por el Senado el pasado 18 de diciembre, sigue provocando una polémica que está resquebrajando el rígido verticalismo kirchnerista. Y sectores ligados al gobierno empezaran a despegarse y hasta a criticar la decisión presidencial, aunque otros redoblaron la apuesta.
Es el caso, por ejemplo, de Hebe de Bonafini y Estela de Carlotto, titulares de Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo, mientras que Nora Cortiñas, de Línea Fundadora de las Madres, Horacio González, uno de los referentes de Carta Abierta –el grupo de intelectuales orgánicos del kirchnerismo, el periodista Horacio Verbitsky, y Eduardo Anguita, columnista del diario Tiempo Argentino –el que más abiertamente apoya al gobierno- se manifestaron en contra.
Hebe de Bonafini llegó a hacerle una entrevista a Milani en la revista que edita la organización. Y en una de las últimas rondas de los jueves, que desde hace 36 años realizan las Madres en la Plaza de Mayo, llegó a decir: “los que no quieren a Milani son los que vendieron la sangre de nuestros hijos”. Olvidando que la principal denuncia contra Milani, la desaparición del soldado Alberto Ledo, partió de la madre del mismo -que pertenece a la propia organización de las Madres-, Bonafini descalificó las denuncias por proceder del periodista Jorge Lanata y “un radical amargado” (sic).
También, sin nombrarlo, descalificó al periodista Horacio Verbitsky, titular del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), que se pronunció contra el ascenso de Milani. Verbistky era considerado una especie de ministro sin cartera y un hombre de mucha influencia sobre la presidente. Para el periodista, el ascenso de Milani es un “grave error político”, aunque consideró que no invalida la política de derechos humanos de la última década.
En el caso de Estela de Carlotto, de Abuelas de la Plaza de Mayo, se limitó a decir que no había ninguna prueba y que había que esperar. No fue esta, sin embargo, la actitud del gobierno cuando convino a sus intereses políticos. Han sido muchos los militares condenados con iguales o menores indicios. Otros militares, con alguna relación familiar con represores, vieron también truncadas sus carreras por la única razón de su apellido. El caso más notorio de doble discurso fue la campaña contra la propietaria del diario Clarín, a la que se acusó de haberse apropiado de dos hijos de desaparecidos, aunque nunca se logró probar la imputación ante la justicia.
En una respuesta escrita enviada al CELS a forma de descargo, previa a la votación en el Senado, Milani había dicho que no le constaba que durante la dictadura se cometiesen violaciones a los derechos humanos. Y esto a pesar de que en la unidad en que prestaba servicio en La Rioja, funcionó un centro clandestino de detención. En ese mismo batallón estaba el epicentro desde donde se comandaron las acciones represivas en dicha provincia del noroeste argentino, según quedó acreditado ante la justicia. “No afirmamos que torturó, pero resulta inaceptable que pretenda no haber sabido que otros lo hacían”, señaló un informe del CELS.
Nora Cortiñas, integrante del sector de las Madres que se separó en 1986, conocido como Línea Fundadora, consideró que era un retroceso en la lucha contra la impunidad: “no puede hacerse el ingenuo, no puede decir que no se daba cuenta de lo que pasaba (…) En esos años no hubo ningún militar que pueda decir que no se daba cuenta de lo que estaba pasando".
Las explicaciones para el empeño de la presidente en promocionar a Milani, coinciden en señalar la identificación política del jefe militar con el kirchnerismo. El pasado 3 de julio, cuando asumió como jefe del Ejército, Milani afirmó: “Pretendo un Ejército maduro, mirando hacia el futuro, con clara esperanza y renovadas ansias, para acompañar el Proyecto Nacional que hoy se encuentra vivo e instalado en el corazón y la mente de los argentinos”.
Con este discurso, que pronunció bajo la mirada complacida y aprobatoria de Cristina Fernández, se barrió con 30 años de trabajo para despolitizar a las Fuerzas Armadas. Costó mucho la subordinación de los militares al poder civil, como saben bien los primeros gobiernos de la recuperada democracia, especialmente el que encabezó Raúl Alfonsín, que debió afrontar varias asonadas militares por su pretensión de juzgarlos por los crímenes de la dictadura.
En estos 30 años disminuyó el tamaño de las FF.AA., de 35.000 efectivos que tenía en la época de la dictadura, a los 17.000 actuales. Y se depuró a los que tenían responsabilidades durante la guerra sucia: más de 1.000 oficiales y suboficiales fueron procesados, 443 resultaron condenados y todavía siguen los juicios.
La oposición también ha señalado que Milani, que además de ser jefe del Ejército mantiene el cargo de jefe de la inteligencia militar, le estaría prestando importantes servicios al gobierno en este campo, a pesar de que la ley prohíbe que los militares realicen tareas de inteligencia y seguridad interior. Cristina Fernández estaría muy descontenta con el desempeño del Servicio de Inteligencia (SI), que no le informó, por ejemplo, de las intenciones de Sergio Massa de romper con el oficialismo antes de las recientes elecciones parlamentarias.
Cuando se produjo la seguidilla de acuertelamientos policiales en buena parte de las provincias argentinas, a mediados de diciembre, el gobierno dio instrucciones para que los oficiales militares de alta graduación suspendieran sus vacaciones y estuvieran preparados para intervenir si la situación se complicaba. Según publicó el periodista Eduardo Anguita en Tiempo Argentino, los efectivos de las tres armas debían permanecer a no más de dos horas de distancia de sus unidades y estar alistados para la defensa de objetivos estratégicos, garantizar la seguridad en las calles y estar en condiciones de contener nuevas protestas policiales. “No es admisible que desde el gobierno nacional se cite a altos oficiales para transmitir instrucciones orales reñidas con una legislación que costó mucho conseguir”, señaló Anguita.
El presupuesto destinado a la inteligencia militar, de hecho, aumentó de manera importante desde que está bajo el control de Milani. El diputado Julio Martínez (UCR), afirmó: “no caben dudas de que la refuncionalización del Ejército al servicio del proyecto nacional y popular tiene como principal objetivo su participación en actividades de inteligencia y seguridad interior”.
