jueves. 28.03.2024

El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, llegó a un acuerdo con las grandes cadenas de supermercados y de electrodomésticos –al que se han adherido los pequeños super chinos- para congelar los precios durante un período de dos meses, hasta el 1 de abril. Este pacto pone de manifiesto que la inflación, finalmente, entra en la agenda del gobierno y trata de tomar alguna medida para combatirla. La iniciativa, en cualquier caso, no pone en cuestión la cifra oficial, de 10,8 % en el 2012, frente a las estimaciones privadas de un mínimo del 25 %.

La medida se ha puesto en marcha tres días después de que el Fondo Monetario Internacional emitiese una declaración de censura contra la manipulación de las estadísticas en Argentina, especialmente los índices de inflación.

El acuerdo ha suscitado el escepticismo de técnicos, opositores y hasta sindicalistas. Y marca un cambio en la propuesta que hizo la propia presidente, Cristina Kirchner, de usar el poder de los usuarios para hacer el vacío a los comerciantes que aumentan los precios: “No quiero usar la palabra boicot, porque cuando Néstor (Kirchner) dijo boicot a una empresa se armó un lío bárbaro (…) Si no te defendés vos, no te defiende nadie”, afirmó.

Cristina Fernández también dijo que estaba demostrado que obligar a acordar precios no servía. Dos semanas después, sin embargo, llega este acuerdo, que trae aparejado el “consejo” del polémico secretario Moreno, de no hacer publicidad en los medios con las ofertas. No hay ninguna constancia escrita, se trataría de una comunicación verbal, pero se sabe del poder de persuasión del funcionario, cuyas “peticiones” difícilmente encuentran oposición. Según algunos diarios, Moreno habría amenazado con represalias y sanciones a las empresas que incumplieran la sugerencia de no poner publicidad en los medios.

La medida sería solo para los diarios de la capital federal, no para los del interior del país, que tienen mayor dependencia del gobierno. Es en la capital donde están los medios más críticos con el gobierno, como Clarín, La Nación y Perfil. El cepo publicitario se produce cuando el gobierno no ha podido imponer la total efectividad de la Ley de Medios, a la espera de decisiones judiciales. Con dicha ley, y el posible desmembramiento del Grupo Clarín, el gobierno pretende golpear los intereses económicos del que considera su principal enemigo.

Los grandes medios, como Clarín y La Nación, tienen publicidad genuina y cuentan con ingresos muy importantes por los anuncios de supermercados y tiendas de electrodomésticos, sobre todo los fines de semana. Son medios que pueden sobrevivir sin la publicidad oficial, que en cualquier caso apenas les llega por el manejo discrecional e inequitativo que hace el gobierno, como demostró un reciente informe de la Auditoría General de la Nación.

ADEPA (Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas), hizo público un comunicado en el que critica la decisión de impedir la publicidad de los supermercados. Considera que es un ataque a la libertad de expresión, ya que vulnera la sustentabilidad de la prensa para actuar con independencia. “Presionar a los anunciantes para que retiren avisos (anuncios) de medios y utilizar recursos públicos para premiar o castigar a empresas periodísticas por su línea editorial, configuran graves ataques a la libertad de expresión”, dice la nota.

La cámara de las empresas periodísticas confirmó que los directivos de supermercados manifestaron que la decisión derivaba de las exigencias del Secretario de Comercio Interior y se relacionaba con las recientes disposiciones sobre congelamiento de precios. La combinación de un manejo discriminatorio en la distribución de la publicidad oficial y presiones sobre los anunciantes privados, conducen a un ahogo económico de los medios independientes, dice también ADEPA.

La subsecretaria de Defensa del Consumidor, María Lucila Colombo, trató de justificar el asunto diciendo que la promoción principal para los supermercados era el congelamiento de precios. La funcionaria –subordinada de Moreno- argumentó que no había necesidad de inventar promociones. “Va a ser más aburrido que chupar un clavo”, trató de ironizar.

En el Congreso, varios diputados han pedido la comparecencia del Secretario de Comercio Interior para que dé explicaciones. Señalan que Moreno podría estar incurriendo en abuso de sus deberes y obligaciones como funcionario público e infringiendo la Constitución y las leyes, que amparan el ejercicio de la libertad de expresión y el desenvolvimiento de la libre empresa.

El congelamiento de precios se ha intentado muchas veces en la historia argentina, sin éxito. En esta ocasión ya hay algunas evidencias de que no se está respetando. Y la Federación Argentina de Supermercados reconoció que podrían suspenderse algunas ofertas y faltar algunos productos. El presidente de la Federación, Fernando Aguirre, negó que haya desabastecimiento, pero justificó que los supermercados puedan negarse a recibir mercadería de sus proveedores con aumentos, lo que ineludiblemente llevará a la falta de productos. Una situación que no es nueva, ya que en algunos supermercados limitan la compra de artículos como azúcar, yerba mate o aceite.

El secretario general del ala disidente de la CTA (Central de Trabajadores de la Argentina), Pablo Micheli, cree que este acuerdo es una trampa para justificar las negociaciones a la baja en los convenios colectivos, que empiezan ahora a discutirse. De la misma opinión es el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna –artífice de la recuperación argentina, tras el colapso del 2001-2002-, al afirmar que “se trata de generar la sensación de estabilidad por dos meses, de manera tal que las paritarias cierren en 20 %”.

Aunque las negociaciones son libres, el gobierno intenta este año que los trabajadores acepten un techo por debajo de la inflación. “Los pronósticos en el mundo en cuanto a trabajo no son nada buenos, tenemos que aterrizar con buena onda para lograr buenos acuerdos”, dijo recientemente la presidente, Cristina Fernández.

Pero los sindicatos no están de acuerdo en rebajar sus exigencias y perder ante la inflación. Incluso la CGT oficialista está dando muestras de inquietud. Uno de sus dirigentes, el histórico jefe del sindicato de Luz y Fuerza, Oscar Lescano, dejó ver que puede estar cerca la reunificación con el ahora opositor Hugo Moyano, al señalar que el gobierno les obliga a juntarse por tomar medidas sin consultar. Una de estas medidas es el reciente anuncio del aumento del mínimo no imponible en el impuesto a las ganancias, que es menor a la inflación real.

La central CTA disidente anunció una movilización para el próximo 14 de marzo, no descartó un nuevo paro durante el primer semestre del año y está negociando un plan de lucha con Hugo Moyano.

Gobierno argentino habría prohibido publicidad de supermercados