@jgonzalezok / A principios de este año el gobierno argentino presentó un nuevo sistema de cálculo de inflación, que parecía iba a corregir la evidente manipulación de las estadísticas públicas. La primera medición oficial con el nuevo método se acercó a la cifra que calcularon consultoras privadas. Pero la brecha ha ido aumentando en los últimos meses, hasta colocar nuevamente en evidencia que las cifras oficiales han perdido credibilidad.
El Indec (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), informó que la inflación del mes de septiembre había sido del 1,4 %. El llamado índice Congreso, que se elabora con la media de lo que calculan las consultaras privadas y que dan a conocer diputados de la oposición, llegó al 2,48 %. De acuerdo a estos datos, 2014 terminaría oficialmente con algo menos del 25 % de inflación, mientras las consultoras dan por hecho que el año terminará por encima del 40 %. La medición que hacen las provincias de Tierra de Fuego, San Luis y Capital Federal, que no han sucumbido a las presiones oficiales, se acercan bastante a lo que vienen divulgando las consultoras.
La emisión de moneda fuera de control, la escasez de dólares y la falta de una política integral de lucha contra la inflación, son las principales causas de que Argentina se haya convertido en el segundo país con más inflación, detrás de Venezuela. El gobierno siempre se ufanó de no tener metas de inflación –considerando que tal cosa es propia de gobiernos neoliberales-, pero ahora no puede dejar de reconocer que el problema es serio y afecta a los sectores más desfavorecidos de la población, que son los que más están sintiendo la crisis.
Cuando el gobierno presentó el nuevo índice de precios, intentó cumplir con los patrones del Fondo Monetario Internacional, que viene amenazando con aplicar sanciones a Argentina por no proveer información adecuada, como establecen los estatutos de la organización. A principios del 2014 Argentina intentaba recuperar la credibilidad y, al mismo tiempo, volver a tener acceso a los mercados internacionales y conseguir crédito a tasas razonables. Ahora que la situación se deterioró por la pelea con los fondos buitre, el gobierno de Cristina Fernández parece haber perdido interés en blanquear las estadísticas.
Basándose en los datos oficiales, el gobierno niega que los salarios hayan perdido frente a la inflación. Recuerdan que los salarios del sector privado formal subieron un 23,7 % y que la inflación en los primeros nueve meses del año, según el Indec, habría sido del 19,8 %. Pero hasta sindicatos afines al gobierno, como la CTA oficialista, reconocen que los salarios ya se han quedado rezagados. Y los gremialistas están pidiendo al menos una compensación a fin de año, en forma de bono.
Aunque el gobierno ha rechazado esta demanda, la organización patronal Unión Industrial Argentina no descartó que las empresas puedan pagar a fin de año un plus salarial.
La CTA opositora anunció para el próximo 20 de noviembre un paro con movilización a la Plaza de Mayo, y aspira a sumar a las otras centrales sindicales. Pablo Micheli, dirigente de la CTA consideró una provocación que el gobierno sostenga que no existe un deterioro del poder adquisitivo, como han sostenido el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el secretario de Comercio Interior, Augusto Costa.
Al mismo tiempo parece avanzar la reunificación sindical. Existen conversaciones entre las dos ramas de la CGT, una de ellas opositora, la otra oficialista,
A pesar de las declaraciones públicas, en el gobierno hay preocupación y temen un diciembre complicado. En los últimos años hubo episodios graves con disturbios y saqueos. Con la llegada de las fiestas suben los precios aún más y la frustración, algunas veces alentada por grupos de incierto origen, atiza el conflicto social.
Por eso se han tomado algunas medidas para tratar de desactivar la protesta. Se acaba de anunciar un aumento del 30 % para los cooperativistas del Plan Argentina Trabaja que, según estimaciones oficiales, beneficia a más de 200.000 personas. Se trata de un plan fuertemente clientelista, que beneficia a organizaciones kirchneristas. Pasarán a percibir un máximo de 2.600 pesos al mes (menos de 150 euros). Lo más sorprendente del anuncio presidencial fue que, según Cristina Fernández, “un montón de gente del mundo habla maravillas de la Argentina”.
La falta de estadísticas creíbles es un problema en Argentina desde 2007, cuando la inflación empezó a ser un problema y el gobierno intervino el Indec, organismo hasta entonces respetado y solvente. En los últimos meses, además, se dejó de facilitar datos sobre la pobreza y la miseria. Sin estas herramientas es imposible hacer una planificación para encarar los principales problemas de la economía. Prueba de ello son los presupuestos generales que el gobierno ha presentado en los últimos años, que se han basado en previsiones que han estado muy lejos de la realidad.
