jueves. 18.04.2024
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@jgonzalezok | Cuando no han transcurrido aún dos meses de su pase a la oposición, una parte del peronismo cuestiona la conducción de la ex presidente, Cristina Fernández, expresada a través de la agrupación juvenil La Cámpora y otros fieles aliados que, por edad, no integran el grupo. Dieciocho diputados abandonaron formalmente el grupo parlamentario del Frente para la Victoria (sello electoral del kirchnerismo) y tendrán su propio bloque en la cámara de Diputados. Entre ellos está Diego Bossio, que fue un importante funcionario en el pasado gobierno.

Este grupo rebelde considera que la nueva etapa requiere una oposición más responsable y constructiva, frente a la orden de Cristina de resistir y hacerle al gobierno de Macri una feroz oposición. Este desprendimiento de diputados se diferencia del bloque del kirchnerismo, comandando por el viejo dirigente Héctor Recalde, pero que responde a la dirección política de La Cámpora. Los rebeldes esperan recibir nuevos diputados.

Portavoces del sector rebelde le dijeron al diario La Nación: “Los K (en referencia a los kirchneristas) son funcionales a Macri porque intentan imponer una forma de hacer política que es la que fue derrotada el año pasado”. También señalaron que en el bloque de diputados no existía el diálogo y que las decisiones las tomaban entre cuatro personas.

La fuga de estos diputados le hace perder al Frente para la Victoria su categoría de primera minoría. Cambiemos, la alianza que llevó a Mauricio Macri a la presidencia, tendrá así un bloque más numeroso, aunque los kirchneristas afirman que en este caso se trata de un interbloque, es decir, una alianza de tres partidos, PRO, UCR y Coalición Cívica. En cualquier caso el gobierno está menos expuesto a las maniobras parlamentarias del kirchnerismo, sobre todo a la hora de calcular el número para el quórum de las sesiones.

En cualquier caso la disputa interna en el peronismo –también conocido como justicialismo o kirchnerismo-, no hizo más que comenzar. Una reunión del Consejo Nacional del Partido Justicialista estableció el 24 de febrero como fecha para el congreso partidario y el 8 de mayo para la elección de sus autoridades.

Los partidarios de una renovación, como la que en los 80 se quitó de encima a los peronistas derrotados por Alfonsín en el 83, están encabezados por el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. Por fuera del aparato están peronistas que en las pasadas elecciones sostuvieron candidaturas propias, enfrentadas al kirchnerismo, como Sergio Massa y el ex gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota. Los kirchneristas puros tienen entre sus candidatos a Jorge Capitanich, que fuera jefe de Gabinete en el gobierno de Cristina Fernández, y al pintoresco ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Totalmente desdibujado quedó el ex candidato presidencial Daniel Scioli, que aún no asumió el impacto de su derrota y que está en el llano absoluto, ya que no tiene ningún cargo ni es legislador. Al final, el candidato de unidad podría ser el ex gobernador de San Juan, José Luis Gioja, un viejo dirigente con buenas relaciones con los gobernadores, que son los barones del partido.

La estrategia de desgaste la dirige personalmente Cristina Fernández, que se encuentra desde el 11 de diciembre en la Patagonia, entre Río Gallegos y El Calafate, ciudades en las que tiene numerosas propiedades. Lo hace mediante llamadas telefónicas, como se supo semanas pasadas cuando intentó evitar que fuera aprobado el presupuesto de la provincia de Buenos Aires.

Y también mediante mensajes en Twitter o vídeos, en los que critica la acción de gobierno. Hay quien ha recordado estos días cómo en los años 60 el fundador del peronismo, Juan Domingo Perón, se comunicaba con sus seguidores desde su exilio madrileño mediante cartas y cassettes que circulaban clandestinamente.

Se espera el regreso a Buenos Aires de la ex mandataria, para relanzar su liderazgo. Ahora, sin cargos para ofrecer o quitar, y sin el poder de la caja, muchos empiezan a desobedecer y a pasar factura por los maltratos recibidos durante años.

Este regreso coincidirá con el fin de las vacaciones del verano austral, y la entrada en funciones del nuevo parlamento. Y todo marcará el fin de la habitual luna de miel de que goza todo gobierno nuevo. Algunas de las medidas que ha tomado hasta ahora deberían tener consecuencias, aunque hasta ahora hay un sorprendente consenso y apoyo social. El pasado domingo, el conocido encuestador Manuel Mora y Araujo, muy cercado al ex candidato kirchnerista, Daniel Scioli, decía en el diario Perfil: “Hay algo de sorprendente en la magnitud de la aceptación del nuevo gobierno por parte de la sociedad argentina”. 

El gobierno cuenta a su favor con el éxito de una de sus primeras medidas de gobierno: el fin del cepo al dólar, que no provocó el desastre que pronosticaban muchos. Pero ya tomó medidas antipáticas: se cuentan ya por miles los despedidos de distintas dependencias del Estado. La decisión, no obstante, tiene el justificativo de que se trata mayoritariamente de nombramientos por motivos políticos, hechos a último momento, antes de dejar el poder.

Más duro será el tarifazo en la cuenta de la luz, que puede llegar a cuadruplicar el valor de los próximos recibos. Aunque aquí también nadie se engaña: las tarifas estaban subsidiadas y prácticamente se regalaba la energía.  

La estrategia opositora kirchnerista cuenta ahora con un nuevo protagonista, el nuevo diputado Máximo Kirchner, hijo de Cristina Fernández y de Néstor Kirchner, cuya actividad política se desarrolló hasta ahora casi en la clandestinidad. Alejado de la observación pública en la provincia sureña de Santa Cruz, solo se le conoce un discurso y algunas entrevistas con periodistas amigos, todo en los últimos meses. De él fue la idea de podrían dejar el gobierno pero no el poder. Ahora deberá viajar a Buenos Aires, cosa que le disgusta, y afrontar el escrutinio de la prensa.

El hijo de Cristina ha protagonizado estos días una insólita situación, propia de una república bananera. Antes de que comience el año legislativo, el próximo 1º de marzo, se desató en el Congreso una lucha por los despachos. Como si fuera un príncipe heredero, el kirchnerismo decidió que uno de los mejores despachos, el 340, debía ser para él.

El presidente de la Cámara, Emilio Monzó, reclamó para sí la potestad del reparto de los despachos y mandó cambiar la cerradura. El despacho fue invadido entonces por los jóvenes de La Cámpora, que descerrajaron la puerta. El siguiente paso fue poner una faja de seguridad. Pero igual los camporistas entraron y desde entonces se quedan incluso a dormir para evitar ser desalojados. Y Máximo ya empezó a tener reuniones en el citado despacho. 

División en el peronismo debilita el liderazgo de Cristina Fernández