El pasado 9 de abril se cumplieron 179 días desde que se iniciaran los diálogos para lograr el acuerdo definitivo en torno al tema agrario, la desmovilización y la participación en el espacio político con garantías para que los integrantes de las FARC se incorporasen sin que sufran retaliaciones a la vida social y política del país. El mismo día se cumplieron también 65 años del asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, cuyo ideario de justicia y reformas le costó la vida. Un crimen que aún está impune y vivo en quienes ahora afrontan el reto de integrarse en una sociedad que ha cambiado poco en cuanto a la garantía de igualdad y equidad.
En las manifestaciones que se realizaron el pasado martes en Bogotá, otras ciudades de Colombia, y en la concentración en la Puerta del Sol de Madrid se exigió el fin de la violencia y se expresó la solidaridad con las víctimas del conflicto. Es justo reconocer el compromiso del alcalde de la capital de Colombia, Gustavo Petro, quien declaró el 9 de abril como el Día de interés para la ciudad y de esta manera garantizó la amplia participación de la sociedad bogotana en una jornada relevante por la unidad que concita un objetivo tan noble como la paz.
Los colombianos queremos y necesitamos el fin del conflicto. La guerra además de desangrar al país y ser fuente de resentimiento, dolor e impunidad también resulta un negocio para empresas inescrupulosas que ganan con la guerra. Ha servido también a los poderes fácticos del país como excusa para mantener un status quo que no ha permitido el desarrollo y modernización de Colombia, pese a que es la cuarta mayor economía de América Latina. Ha servido para cometer las mayores barbaries y monstruosidades privando de libertad y de la vida a quien se considera “enemigo” por los diferentes actores de este conflicto fraticida.
No es la primera vez que un gobierno inicia la negociación con las FARC, un primer intento lo llevó a cabo el expresidente conservador, y hoy nonagenario: Belisario Betancur. A él como a casi toda una generación que nacimos y crecimos en el seno del conflicto armado, nos gustaría conocer, vivir y morir en un país que logre superar las atrocidades de la guerra. De aquel primer intento de desmovilización surgió entonces el movimiento político Unión Patriótica (UP), que fue prácticamente aniquilado por los grupos paramilitares, causando heridas muy profundas en la sociedad colombiana.
El ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010) y sus sectores afines critican el proceso. No es la única barrera que existe. Las conversaciones se desarrollan sin un alto al fuego y con hostilidades entre las partes; con el reto de resolver el problema agrario, histórica reivindicación de la guerrilla que causaría reformas sobre las que aún no se ha llegado a acuerdos.
La ciudadanía de manera masiva ha expresado que escuchar a las víctimas y llegar a pactos debe primar sobre lo que quiere cada parte en negociación.
El tiempo es importante, pero no debe marcar la agenda de negociación y menos el electoral. Un conflicto enquistado necesita mucha reflexión, diálogo, acercamientos entre los diferentes actores comprometidos y reformas para que llegue a ser una paz duradera y estable. Sólo se conseguirá si este ideal se convierte en un proyecto de Estado, donde voces ahora discrepantes se sumen porque comprendan la trascendencia de vivir en paz, con justicia y dignidad.
El 9 de abril el pueblo colombiano expresó el futuro que anhela.
