Demoledora resolución de la justicia contra Cristina Fernández

La acusan de integrar una asociación ilícita y reactivan la denuncia del fallecido fiscal Nisman.

Cristina Fernández en una imagen de archivo junto a su esposo, ya fallecido, Nestor Kirchner.
Cristina Fernández en una imagen de archivo junto a su esposo, ya fallecido, Nestor Kirchner.

@jgonzalezok | La ex presidente argentina, Cristina Fernández, cierra este 2016 con una verdadera pesadilla judicial, a un año de dejar el poder. El 27 de diciembre el juez federal Julián Ercoloni decidió procesarla, acusándola de integrar una asociación ilícita para apoderarse de los fondos de la obra pública. Y dos días después una sala de Casación ordenó reabrir la denuncia que había hecho el fallecido fiscal Alberto Nisman por encubrir a los iraníes sospechosos del atentado contra la mutual judía AMIA. Antes, en el mes de mayo, ya había sido procesada por el caso conocido como el dólar futuro, donde se la acusa de defraudación contra la administración pública.

El fallo de Ercolini, de 794 páginas, es demoledor. Acusa a la ex presidente y a varios de sus más altos colaboradores en su gobierno, al considerar que integraron una asociación ilícita para apoderarse de parte del dinero que el Estado destinó a la obra pública, sobre todo en la provincia de Santa Cruz. El documento es un impresionante fresco del esquema montado por el fallecido ex presidente Néstor Kirchner, esposo de Fernández y antecesor en el cargo. Y confirma lo que vino publicando la prensa independiente en estos años.  

El juez asegura que hubo un plan criminal para favorecer al empresario Lázaro Báez, preso desde hace ocho meses: “Se trata de un plan delictivo que se extendió a lo largo de tres mandatos presidenciales –durante 12 años- diseñado desde la cúpula del Poder Ejecutivo con objeto de apoderarse ilegítimamente de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio en la provincia de Santa Cruz”. Ese “en principio” es un resguardo ante la certeza de que el esquema se repitió en otras provincias, como Chaco y Corrientes.

Además de Cristina Fernández, fueron imputados el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, su segundo en el ministerio, José López, el ex director de Vialidad Nacional, Guillermo Periotti, y el ex secretario de Coordinación de Obras Públicas, Carlos Santiago Kirchner, primo carnal del ex presidente. “Entre todos diseñaron un proyecto delictivo a nivel nacional destinado a apropiarse deliberadamente de los fondos atribuidos a la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, para lo cual montaron una estructura de gobierno que fuera funcional a las necesidades de la organización”, dice la resolución del juez.

La maniobra la habría diseñado el fallecido ex presidente Néstor Kirchner, trasplantando desde la provincia de Santa Cruz, donde fue gobernador, tanto los funcionarios como la fórmula delictiva. El juez considera que el fallecido ex presidente “construyó” como empresario a su amigo Lázaro Báez. Éste armó la empresa Austral Construcciones unos días antes de que Kirchner llegara a la presidencia, con dos socios y un capital inicial de 12.000 pesos, unos 3.500 dólares de la época. Hasta entonces, Báez era un simple empleado bancario y, sobre todo, amigo de Kirchner. Al fallecer éste, su viuda siguió con el esquema y ratificó a los funcionarios. Motivo por el cual el juez consideró que la ex presidente “ejerció un rol preponderante para que la maniobra fuese llevada a cabo”.

La empresa de Báez recibió de forma irregular la mayoría de las obras viales de la provincia de Santa Cruz, a través de licitaciones amañadas. Y fue la única que al acabar el período presidencial de Cristina Fernández había recibido todos los pagos estipulados, incluso de las obras no concluidas. A cambio de las licitaciones, Báez alquilaba las habitaciones de los hoteles de los Kirchner, que nunca fueron ocupadas. 

Para el juez, Báez fue “al menos socio comercial” de los Kirchner, con lo que deja en el aire la posibilidad de que sea directamente el testaferro. Recibió 52 obras, de las que el 50% quedaron sin concluir, que a precios actualizados supusieron 3.232 millones de dólares, y solo en sobreprecios se pagaron más de 1.000 millones de dólares. La justicia determinó que las empresas del amigo de los Kirchner incumplieron en numerosas oportunidades las obligaciones que habían asumido, al no ejecutar las obras contratadas en el tiempo y forma convenidos, lo que significó que algunas de ellas fueran rescindidas, por lo que el Estado tuvo que prorrogar muchos contratos, generando mayores gastos de los previstos.

La reacción de la ex presidente argentina, Cristina Fernández, ante este primer procesamiento por corrupción, fue la habitual: no ofreció explicaciones sobre los delitos que se le imputan y consideró que todo es una persecución política y una maniobra del gobierno actual para tapar las dificultades económicas del país. “¿Procesará también al 46% y al 54% que nos votaron en 2007 y 2011?”, se preguntó en su cuenta de Twitter. Este esquema de razonamiento ya lo ensayó cuando era presidente, al defender que la mayoría absoluta conseguida en las urnas le daba carta blanca para avanzar sobre los otros poderes del Estado.

La ex presidente también cargó contra la figura legal por la que es procesada: “La asociación ilícita fue la figura penal creada por los gobiernos de facto y utilizada por todas las dictaduras para perseguir dirigentes opositores”, afirmó. Pero la ex presidente se olvida que en el 2001 también fue procesado y encarcelado por los mismos delitos el ex presidente Carlos Menem. En este caso por el tráfico ilegal de 6.500 toneladas de armas  y municiones a Ecuador y Croacia.

CASO AMIA

El último golpe que recibe Cristina Fernández por parte de la Justicia lo conoció este jueves 29, cuando se decidió reabrir la denuncia del fiscal Alberto Nisman –muerto en extrañas circunstancias cuatro días después-, por un plan criminal para encubrir a los iraníes acusados por el atentado de la AMIA. La causa había sido archivada gracias a las presiones del anterior gobierno sobre la Justicia y la obstrucción de jueces y fiscales de reconocida militancia kirchnerista. Nisman afirmaba en su denuncia que el pacto con Irán firmado en 2011 pretendía encubrir a los iraníes sospechosos del peor atentado de la historia argentina.

Además de la ex presidente, Nisman acusó al ex ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, al diputado Andrés Larroque –uno de los líderes de La Cámpora, organización que lidera el hijo de la ex presidente-, el ex piquetero Luis D´Elía, y el líder de una organización violenta llamada Quebracho, Fernando Esteche.

Nisman había dicho en su denuncia, respaldada con cientos de horas de grabaciones telefónicas de los acusados, que éstos participaron en un “sofisticado plan delictivo para encubrir y dotar de impunidad a los acusados iraníes”, que volaron la AMIA el 18 de julio de 1994. El objetivo sería reactivar el comercio entre los dos países, de petróleo por granos, en un momento en que Argentina sufría con fuerza la crisis energética.