El pasado domingo, 27 de enero, Irán y Argentina firmaron un acuerdo que deja en manos de una Comisión de la Verdad el esclarecimiento del gravísimo atentado del 18 de julio de 1994 contra la sede de la mutual judía AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina). Un coche bomba, en el céntrico barrio porteño de Once –tradicional barrio judío-, provocó 85 muertos y cientos de heridos. Fue el peor atentado terrorista en la historia reciente de Argentina y se produjo solo dos años después de otro atentado anti-judío, en 1992, contra la embajada israelí, que causó 29 muertos.
A pesar del tiempo transcurrido, ninguno de estos dos atentados fue totalmente esclarecido. En el caso de la AMIA, las evidencias reunidas por la justicia apuntaron a Irán, como autor intelectual, y al grupo terrorista libanés Hezbollá, aliado del gobierno de Teherán. Para la justicia argentina hay seis ciudadanos iraníes responsables, sobre los que hay orden de captura internacional. Incluyen al ex presidente Rafsanjani, el actual ministro de Defensa, Ahmad Vahidi y el que fuera agregado cultural de la embajada iraní en Buenos Aires, Mohsen Rabbani. Entre los miembros de Hezbollá, estaría Imad Fayez Moughnieh. Hasta el momento, Irán negó las acusaciones y negó completamente su colaboración.
Lo que acordaron los dos países fue la creación de una comisión internacional, que revisará lo actuado por la justicia argentina y recomendará un plan de acción. El fiscal y el juez argentinos podrán interrogar a los sospechosos, pero en Teherán. La comisión de juristas estará integrada por 5 miembros, de terceros países: cada una de las partes designará a dos integrantes y el quinto será consensuado. Baltasar Garzón, que desde el pasado mes de noviembre tiene residencia oficial en Argentina, donde asesora a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, es uno de los posibles integrantes de la misma.
El ministro argentino de Exteriores, Héctor Timerman, que negoció y firmó el acuerdo con su par iraní, afirmó que éste le había dado seguridad de que los imputados prestarían declaración, incluyendo el actual ministro de Defensa, Ahmad Vahidi. Se trata de uno de los personajes con mayor influencia en Teherán y tiene relación con el programa nuclear iraní. Antiguo comandante de la Guardia Revolucionaria, se le relaciona también con el atentado de 2006 contra las Torres Khobar, en Arabia Saudí, un complejo que albergaba a militares norteamericanos y que provocó 20 muertos.
Pero el acuerdo ha provocado controversias, tanto en Argentina como internacionalmente. En Buenos Aires, el arco opositor se ha manifestado en contra y votará por la negativa cuando se someta a votación en el parlamento. Una posición meramente testimonial, ya que el gobierno tiene la mayoría necesaria para su aprobación.
Ricardo Gil Lavedra, presidente del bloque de diputados de la UCR y que integró el tribunal que condenó a las Juntas Militares en 1985, calificó el acuerdo como una vergüenza: “una comisión internacional para que diga si la justicia argentina actuó bien, ¿cómo sigue después?”. Otro diputado opositor, Federico Pinedo (PRO, derecha), afirmó que el acuerdo reconoce jurisdicción al poder judicial iraní sobre el atentado, considerándolo “inaceptable”. En la misma línea, el diputado Gustavo Ferrari, del peronismo disidente, habló de “una vergonzosa claudicación de la soberanía nacional”.
El diputado Carlos Comi (Coalición Cívica-ARI, centrista), recordó que Argentina sufrió dos terribles atentados antisemitas y que ahora se está negociando con un país cuyo presidente, Mahmud Ahmadinejad, niega la existencia del Holocausto, “avergonzando con eso a la comunidad internacional y violentando a la condición humana”. El acuerdo, por cierto, se firmó el Día Internacional del Holocausto, establecido por la ONU para recordar a sus víctimas.
La reacción internacional más directa fue la de Israel, que convocó al embajador argentino para pedir explicaciones. El viceministro de Exteriores, Danny Ayalon, dijo que el acuerdo equivalía a “invitar a un asesino para que investigue los asesinatos que cometió”. En Buenos Aires se rechazó de forma enérgica esta reacción, recordando que el atentado no involucró a ningún ciudadano israelí. Y calificó la citación al embajador argentino como un “acto impropio (…) que va contra las tradicionales relaciones de amistad que existen entre ambos países”.
El gobierno de Estados Unidos se mostró prudente y escéptico. La responsable del Departamento de Estado para Latinoamérica, Roberta Jacobson, recordó que el historial de cooperación de Irán con las autoridades internacionales “es profundamente deficiente”.
El director de relaciones internacionales del Centro Simon Wiesenthal, Shimon Samuels, dijo a la agencia Reuters que la decisión argentina “es una farsa, encubrirá al terrorismo y animará a los clérigos (iraníes) a convertirse en sponsors de futuros ataques”. La organización humanitaria Human Rights Watch, con sede en Washington, se mostró muy sorprendida por el acuerdo y consideró que “puede afectar el curso de las investigaciones judiciales”.
Este acuerdo con Irán sorprende, en efecto, ya que Néstor Kirchner fue quien impulsó la causa AMIA, después de que el gobierno de Carlos Menem dificultara las investigaciones. Kirchner condenó la negativa de Irán a extraditar a los acusados por el atentado en una de sus intervenciones ante la Asamblea General de la ONU. En los últimos meses el gobierno venía negando enfáticamente que se estuviera negociando con Irán. El periodista Pepe Eliaschev, serio y con amplia trayectoria, fue quien alertó hace dos años sobre estas conversaciones, en vísperas de un viaje del canciller Timerman a Israel. La respuesta del funcionario fue hablar del “oportunismo de un pseudoperiodista que no vaciló en decir cualquier cosa con tal de ofenderme a mí”.
A fines de 2011 ya hubo algunas señales de que Argentina se acercaba a Irán. En la Asamblea General de la ONU, la delegación argentina no se retiró, como había hecho en años anteriores, cuando intervino el presidente iraní, Mahmud Ahmadinejad.
Irán, por su parte, está interesado en acabar con la controversia y ampliar las relaciones comerciales y políticas con Argentina. En los últimos 5 años se han triplicado las exportaciones argentinas a Irán, fundamentalmente alimentos, como maíz, trigo y soja. Y Argentina, que no se plegó a las sanciones económicas impuestas por la comunidad internacional, como consecuencia del programa nuclear iraní, tiene necesidades energéticas que puede solventar el régimen de Teherán. Pero había todavía un obstáculo político, que se empieza a superar con este acuerdo.
El régimen iraní, de la mano de Hugo Chávez, se ha convertido en un aliado estratégico de varios países de la región, como Ecuador, Bolivia, Cuba y Nicaragua. No hay que descartar que la presidente argentina, Cristina Fernández, se haya visto impulsada a dar este paso por indicación del que considera su amigo, además de aliado político, Hugo Chávez. Y ha contado con el aplauso entusiasta del ex lider piquetero Luis D´Elía, uno de los pilares del kirchnerismo, de viajes frecuentes a Teherán y de reiteradas declaraciones antisemitas.
