@jgonzalezok | Argentina recordó este pasado 24 de marzo el 41 aniversario del golpe de Estado de 1976, el más terrible de su historia y cuyas consecuencias todavía sufre toda la sociedad. La fecha ha servido para poner en foco la crisis que enfrenta a los principales organismos de derechos humanos.
En la tarde del 24, en la plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, se congregaron distintos sectores. Por un lado, la organización Abuelas de la Plaza de Mayo, junto con las Madres de la Plaza de Mayo-línea fundadora, y otros organismos. En el otro extremo de la plaza, junto al histórico Cabildo, la fracción de Madres de la Plaza de Mayo que lidera Hebe de Bonafini, con el apoyo de los más fieles aliados del kirchnerismo, es decir, la guardia de hierro de la ex presidente, Cristina Fernández. Bonafini, de hecho, llegó a la plaza acompañada por Aníbal Fernández, ex ministro y ex jefe de Gabinete de aquel gobierno, y de Roberto Baradel, el líder del sindicato de maestros de la provincia de Buenos Aires, que lleva adelante una huelga que el gobierno considera impulsada por el kirchnerismo.
Horas antes se había desatado una sonora polémica entre Hebe de Bonafini y Estela de Carlotto, es decir, las dos principales referentes de los organismos de derechos humanos, que apoyaron de manera incondicional al anterior gobierno y que solían ocupar lugar de privilegio en todos sus actos, a pesar de que no era un secreto que no se podían ver. El detonante fue el acuerdo que la señora de Carlotto, titular de las Abuelas, firmó con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.
Un acuerdo para digitalizar 2,4 millones de partidas de nacimiento entre 1975 y 1981, que permitirá agilizar la búsqueda de hijos de desaparecidos y detectar inscripciones fraudulentas de bebés nacidos en alguno de los 250 centros clandestinos de detención que funcionaron en la provincia.
Fiel a su estilo, Bonafini dijo la víspera del aniversario del golpe: “Ayer Estela de Carlotto firmó un convenio con Vidal, una asesina, una mujer que está matando de hambre a un montón de gente, que lleva comida podrida a 
los comedores y después no quiere reconocer que les vende comida podrida para los niños. No sé qué cabeza tiene para negociar con ellos. Para nosotros, el gobierno completo, no hay ni uno que se salve, son nuestros enemigos”.
La reacción de la señora de Bonafini es compatible con su postura de no buscar a los nietos apropiados durante la dictadura, “porque están contaminados”. El ex director de la Radio de las Madres, Pedro Lanteri, hace tiempo que dio una explicación sobre las diferencias entre ambas: la lucha de las Madres es la de sus hijos, “por esa razón no vamos a buscar huesitos como otros organismos”. No aceptan las indemnizaciones del Estado y prohíben dar muestras para comparar el ADN, aunque algunas lo hacen en secreto.
Bonafini también dejó claro estos días sus objetivos: “las Madres no somos más un organismo de derechos humanos, porque hay muchos vendidos. Somos una organización política, ahora sí con partido, porque nuestro partido es el kirchnerismo”. También afirmó: “Basta de ser democráticos para ser buenitos. Yo me cago en los buenos, no soy buena. Es verdad que soy una fanática, fanática de la política, de la lealtad. Soy fanática del legado de Néstor y de Cristina”.
Entre las críticas que recibió Bonafini estuvo la del escritor y periodista Miguel Bonasso, ex dirigente de Montoneros, que consideró que “haría bien en hacer una cura de silencio por un tiempo, para que no recordemos que le dio un abrazo y se sacó una foto con el general Milani”. Hace referencia al ex jefe del Ejército de Cristina Fernández, preso por sospechas de haber participado en crímenes de lesa humanidad en los 70.
La respuesta de Estela de Carlotto, fue que “hay que tener conciencia democrática, no fanatismo”. Enfatizó la necesidad del diálogo y, aunque no oculta sus diferencias con el gobierno de Macri, dijo: “Cuando el pueblo vota y elige un gobierno, el respeto tiene que ser absoluto, nos guste o no nos guste”.
En el acto en la Plaza de Mayo se reivindicó abiertamente la lucha armada, se identificó a Macri con la dictadura y se le tachó de negacionista, coincidiendo con la polémica estéril sobre el número de desaparecidos: 30.000 según la cifra tradicional, unos 9.000 según los registros oficiales, incluso durante la época del anterior gobierno. En la plaza se exhibieron y vendieron helicópteros, en una alusión golpista a la huida del ex presidente Fernando De la Rúa, como consecuencia de la crisis de diciembre de 2001.
Se reivindicó abiertamente la lucha armada de los 70, se volvió a instalar la superioridad moral de la víctima y a rechazar la llamada teoría de los dos demonios: aquella que figura en el original del informe Nunca Más, que señaló que en la década del 70 la Argentina “fue convulsionada por un terror que provenía tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda”. Estos días se recordó la visita a la Argentina del intelectual búlgaro Tzvetan Tódorov, fallecido en febrero de este año, que fue muy crítico con la política de memoria del anterior gobierno: “No hay que olvidar que la inmensa mayoría de los crímenes colectivos fueron cometidos en nombre del bien, la justicia y la felicidad para todos. Las causas nobles no disculpan los actos innobles”.
Ya en el 2006, coincidiendo con el 30 aniversario del golpe, la señora de Bonafini había dicho en el mismo escenario: “Nuestros hijos no eran demonios, eran revolucionarios, guerrilleros maravillosos y únicos que defendieron la Patria”, descalificando frontalmente el Nunca Más: “Sábato (por el escritor que presidió la CONADEP), junto a Tróccoli (el ministro del Interior de la época), hicieron esa mierda para hablar de dos demonios”.
El gobierno de Macri consideró que el acto de la Plaza de Mayo fue para los fanáticos. No hubo actos oficiales, solo algunas declaraciones en las redes sociales. El presidente Macri, por ejemplo, hizo en Facebook una referencia al Nunca Más. Y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, ratificó el compromiso del gobierno “con las políticas de memoria, verdad y justicia, que son ya políticas de Estado en nuestro país”.
En este año y medio de gobierno, el gobierno de Mauricio Macri tuvo algunos tropiezos con el tema de los derechos humanos. El último fue tratar de mover el 24 de marzo, declarado festivo en el anterior gobierno, para evitar los puentes. El gobierno dio marcha atrás ante las críticas de ciertos sectores. También hubo algunos funcionarios que se sumaron a la idea de revisar el número de desaparecidos, algo en lo que están de acuerdo algunas personalidades poco sospechosas, como Graciela Fernández Meijide, que integró la CONADEP (Comisión Nacional de Desaparición de Personas), madre de un desaparecido. Y el propio presidente había hecho alusión al “curro (negocio) de los derechos humanos”.
Pero los juicios por crímenes de lesa humanidad contra los militares -y algunos civiles-, han seguido adelante. Más de dos mil personas fueron juzgados hasta el momento. De ellos, casi 700 fueron condenados, 1.100 están procesados y 315 murieron en la cárcel. Lo que cambió es el papel que los grupos de derechos humanos, que ya no ocupan el lugar central que tenían con el anterior gobierno.
