Millones de personas regresaban al trabajo con el fin de agosto. Sin embargo, muchas de ellas ya no tenían dónde volver. Que agosto sea un mes malo para la creación de empleo no es algo nuevo, pero sí algo contradictorio con algunas de las promesas que se hicieron con una reforma laboral que venía a terminar con la estacionalidad laboral a través de la fijeza. Cuestión que ha quedado pendiente al igual que otras características de la precariedad laboral que se han mantenido con una reforma tan poco ambiciosa en su articulado como grandilocuente en su propaganda.
El año 2023 en España ha mostrado una creación de empleo más débil que en años anteriores y el desempleo se mantiene en niveles altos siendo el país de la UE con la tasa más alta de paro registrada con un 11,7%, seguido por Grecia con un 10,8% y lejos de la media de la UE, en un 5,9%. Esta tasa de paro es 3 puntos superior en el caso de las mujeres, lo que muestra que, a pesar de la reducción en estos últimos años, se produce una cronificación de la brecha de género de acceso y sustentabilidad del trabajo, además de la brecha salarial.
El desempleo ha aumentado territorialmente, con respecto al mes anterior, en Melilla (3,62%), Illes Balears (3,27%), Euskadi (2,34%) y Catalunya (2,27%) especialmente arrastrado por el sector servicios al igual que en el conjunto del Estado. La única Comunidad que ha mejorado sus datos es en La Rioja con un ligero 0,37 menos de paro, con 49 personas menos registradas como paradas.
Por sectores de actividad, como es habitual Servicios ha sido el más damnificado con 23.097 parados más, mientras que las campañas de recogida han impulsado el empleo en la Agricultura con 2874 personas paradas menos..
En cuanto al paro juvenil, a pesar de la reducción en los últimos años, ha aumentado en un 0,23% con especial peso entre las mujeres (+0,55%) y mantiene a España como el país de la UE con el paro juvenil más elevado con un 27,2%, seguido por Grecia con un 23,2% y Rumanía con un 22,3%.
Los contratos indefinidos del mes de agosto han sido 171.886 a tiempo completo (-21,06%), 94.546 a tiempo parcial (-20,51%) y 152.495 fijos discontinuos (-10,32%).
En cuanto a la calidad del trabajo, hay indicadores cualitativos y cuantitativos suficientes para mantener una justificada preocupación. Incluso el think-tank neoliberal Fedea, en su último análisis, advierte que “empezamos a ver indicios de que la caída de la temporalidad contractual no está viniendo acompañada, del todo, de una reducción de la precariedad laboral real. Es decir, hay un segmento de los trabajadores, que a pesar de que su contrato ahora tiene la etiqueta de indefinido, sigue siendo muy precario cuando miramos al número de días trabajados, a su salario, al tipo de jornada y a los elevados periodos de inactividad que presentan”.
Si bien las primeras causas de baja en la Seguridad Social siguen siendo debidas a la finalización de un contrato temporal o al pase a la inactividad de un indefinido fijo discontinuo, podemos advertir una intensa rotación de contratos con los despidos en cifras récord 476.220 hasta junio, lo que representa un 39,9% más que en el mismo periodo de 2022 y el máximo desde 2013 cuando se inicia la serie histórica. Por su parte, tanto los despidos disciplinarios (un 55% del total de despidos) como los ceses por no superar el periodo de prueba (despido libre y gratuito) suben un 16,9% en un año, con un total de 468.914. Estas fórmulas se ven beneficiadas por la amplia flexibilidad de los despidos, favorecida por la legitimación que ha hecho de ella la reforma laboral. Así, la mayor parte de los despidos se producen por causas disciplinarias y objetivas, obligando al trabajador a litigar para obtener una compensación exigua y sin optar a los salarios de tramitación por despido irregular que retiró el Partido Popular en 2012 y con lo que parece estar de acuerdo el gobierno “progresista” que mantiene esta agresión a los derechos laborales. Se está observando una alta creación y destrucción diaria de empleo síntoma de una alta rotación e intermitencia o discontinuidad en el empleo o la menor duración de los contratos indefinidos.
Según un informe encargado por el MITES, “la precariedad laboral afecta a 11,9 millones de personas, de las cuales 8,1 millones son asalariadas (34,7%), 1,2 millones trabajadores autónomos (5%) y 2,6 millones desempleados que han trabajado previamente (11,2%). Del total de trabajadores/as precarizados/as, dos tercios forman parte de la población asalariada, casi una quinta parte son trabajadores/as en paro y el restante 10% es población trabajadora autónoma sin trabajadores/as a su cargo”. La precariedad se ha instalado en el trabajo durante décadas de una apuesta por el abaratamiento salarial, la flexibilidad, temporalidad y jornadas parciales y las novedosas reformas tan solo la reconfiguran con estas mismas premisas.
Los contratos fijos-discontinuos estaban llamados a ser los sustitutos de los temporales, así se reconocía desde el propio Ministerio de Trabajo y Economía Social, los sindicatos del régimen, la CEOE y las empresas de recursos humanos, las cuales lanzaron múltiples manuales y formaciones para la conversión de estos. Con esta premisa, el fijo-discontinuo ya representa un 36,4% de todos los contratos indefinidos en agosto. Una cifra relativamente baja, debido a la posibilidad de temporales ante las campañas de verano, si lo comparamos con el 50% que representaron en abril. En cuanto a la sobrestimación de empleo indefinido que puede producir la utilización de este tipo de contrato, parece indicarse por los datos proporcionados por el gobierno que sí podría producirse una sobrestimación de personas ocupadas aunque en realidad están sin actividad. Un fenómeno creciente tras la reforma laboral. Así se desprende de la contestación del gobierno a una pregunta parlamentaria, ya que aún no disponemos de los datos mensuales que el gobierno se comprometió a ofrecer. Y es que en España el pase a la inactividad de un fijo discontinuo es la segunda causa de baja de los trabajadores, solo por detrás de la finalización de un contrato temporal.
La pérdida de poder adquisitivo en España sigue siendo la más alta de la OCDE desde la pandemia con más de un 7% del salario medio que tienen de menos las familias trabajadoras hoy. Esta situación ha mostrado un ligero retroceso si tomamos en cuenta la moderación de la inflación general y un ligero aumento de los salarios en convenio, pero no si tenemos como referencia la inflación subyacente. El alza de los precios se encuentra en una tercera fase, tras la primera relacionada con el aumento de los precios energéticos, una fase posterior protagonizada por las consecuencias de la guerra y actualmente una fase de traslación de precios finales muy superiores a los costes donde los márgenes de ganancias de las empresas (especialmente las grandes) están sometiendo al conjunto de la población a un estrangulamiento de su salario disponible por la avaricia de unas pocas personas. Los márgenes empresariales se encuentran en niveles récord, un 13,3% según el Observatorio de Márgenes Empresariales. Según el informe del Banco de España, los beneficios han crecido siete veces por encima de los salarios. Las crisis acentúan el efecto Robbing Poor (1), detrayendo recursos de quienes menos tienen para aumentar las ganancias de quienes ya son ricos.
Así, no es extraño encontrar que el 70% de las personas están descontentas con su sueldo y es que llevamos décadas acumuladas de pérdida de poder adquisitivo en España que en la situación actual hacen muy difícil mantener un proyecto de vida digno. Todo ello mientras observamos beneficios récord en grandes empresas que se están aprovechando de las situaciones adversas para el conjunto de la población para incrementar los beneficios. El porcentaje de trabajadores en situación de pobreza en España marca la tercera cifra más alta de toda la U.E. con un 11,7%, solo por detrás de Rumanía (14,5%) y Luxemburgo (12,9%) y a 3,2 puntos de la media de los 27. Como consecuencia de estos fenómenos el ahorro, que durante la pandemia subió hasta el 21%, actualmente ha caído hasta el 9%, por lo que de seguir esa tendencia buena parte del consumo interno se reducirá, provocando así un ralentización de la economía que puede tener una fuerte repercusión en el futuro del empleo. Un efecto derivado las familias están retirando su dinero de los depósitos bancarios al mayor ritmo desde 2012, la clase trabajadora tira de ahorro para hacer frente a la pérdida de poder adquisitivo retirando 12.286 millones de los bancos. También debemos tener en cuenta que las herramientas utilizadas por los poderes financieros como son los Bancos Centrales lejos de aliviar la presión de las personas trabajadoras se carga la inflación en sus espaldas con subidas de intereses desorbitados, creando una financiación más costosa para los que más la necesitan y más restringida. Este mes ha vuelto a subir el Banco Central Europeo los intereses 25 puntos, situando el euríbor por encima del 4%.
Por su parte, a pesar de que el empleo público está coloquialmente asociado a mejores condiciones laborales, y en muchos casos se cumple, los datos nos muestran que en la realidad no siempre es así. El empleo público tiene una amplía bolsa de personas en situación precaria, con índices de temporalidad muy superiores al conjunto del empleo privado y niveles de pérdida de poder adquisitivo similares a cualquier otro empleo.
La temporalidad en el empleo público duplica la del empleo privado y se ha mantenido en 2023 desde el repunte que muestra desde 2013. Actualmente el sector público se encuentra 16,7 puntos por encima del privado en temporalidad con un 31,3% de contratos temporales. Ésta tiene, además, un fuerte componente feminizado, ya que afecta en mucha mayor proporción a las mujeres, donde los contratos temporales representan el 36% respecto a los hombres que lo hacen en un 24%.
El volumen de masa salarial de los empleados públicos en comparación con el aumento del coste de la vida se ha deteriorado desde los años 80. Tanto es así que hasta 2015 llegaron a acumular unas pérdidas de poder adquisitivo de casi un 40%. Este fenómeno es multifactorial, pero no debe esconder una realidad y es que la contención salarial en el personal público ha sido una estrategia premeditada por diferentes gobiernos y de diferentes colores políticos desde hace más de cuatro décadas.
Si atendemos a los años recientes, los salarios públicos han tenido un comportamiento similar en cuanto a la pauperización de la capacidad de compra de los salarios. La escasa capacidad negociadora de los trabajadores públicos debida a la dejadez de los representantes mayoritarios, sumada a una visión negativa por parte de los medios y partidos de la derecha del empleo público, hacen que estos tiendan a considerar innecesaria o perjudicial la movilización más allá de casos puntuales y particulares asumiendo un estigma que el neoliberalismo impone. Sin embargo, como hemos visto en estas escuetas líneas, hay motivos suficientes para que, como colectivo, se de una lucha para recuperar buena parte de los derechos perdidos en estos años y una ocasión que no puede dejarse pasar es este ciclo de negociaciones de convenios que se abre en los próximos meses. Hay por delante una oportunidad para, en unos meses de esfuerzo colectivo, ser capaces de recuperar años de agresiones a la dignidad de millones de trabajadoras y trabajadores.
En este somero análisis, hemos visto algunas de las cuestiones por resolver en el trabajo en este país. Frente a los discursos triunfalistas, la realidad muestra importantes deficiencias y carencias para la clase trabajadora. No en vano, los problemas relacionados con el empleo son, en su conjunto, la primera causa de preocupación de la población. Según el CIS, la crisis ocupa la primera posición con un 33,7%, seguida muy de cerca por el paro (33,5%). En tercer lugar, siguen los problemas políticos (22,3%) y la cuarta es la calidad del empleo, que pasa del 11,8% de mayo al 16% y escala dos posiciones. El 90% de los españoles no se sienten comprometidos con su trabajo y los españoles somos los europeos menos felices en el lugar de trabajo. Al final, todas estas condiciones laborales tienen consecuencias en la salud de las trabajadoras, al incremento de la siniestralidad laboral tras la vuelta a la actividad post-pandemia se le ha sumado un dato relevante a tener en cuenta desde ahora: los expertos nombrados por el MITES calculan que el 33,2% de los casos de depresión que la población activa sufrió en 2020 tuvieron como consecuencia la precariedad laboral. También en el apartado de la salud mental dentro del trabajo, hemos conocido que, al menos, un 15% de los trabajadores en España reconocen haber sufrido al menos una situación de acoso laboral a lo largo de su vida. En el caso de las mujeres este dato casi duplica al de los hombres. Esta cifra hay que considerarla como un mínimo, ya que aún existen deficiencias para la identificación y actuación frente al acoso. Así mismo, muchos empleados esconden los problemas derivados (ansiedad, depresión…) ante la posibilidad de ser represaliados por las empresas a través del mobbing o el despido.
El conformismo de los representantes políticos, sindicales y, por supuesto, empresariales está cronificando la realidad diaria de millones de familias trabajadoras condenándolas a un salario cada vez menor, peores condiciones laborales y una absoluta disposición al albedrío de los jefes. Es necesario abordar un plan de choque para la calidad del trabajo que permita revertir los altísimos niveles de precariedad, mejorar la capacidad de las finanzas familiares, disponer de un mayor tiempo libre y de mejor calidad, fomentar la salud en el trabajo e in itinere, mejorar la prevención de los problemas de salud mental y equilibrar la balanza de la riqueza que ahora queda en muy pocas manos, mientras millones ven cómo cada vez cuesta más llegar a fin de mes.
De nuevo es a la clase trabajadora, como sucedió en 2008, a quien le hacen cargar con todo el sufrimiento desde los poderes económicos y políticos para resolver los problemas que nos genera el capitalismo. No es asumible que la receta sea siempre la misma motivo por el cual se hace necesario una inmediata recuperación de derechos que pase, al menos, por una serie de medidas de mínimos que protejan a las familias trabajadoras.
-Se hace imprescindible recuperar las protecciones al empleo con el aumento de la indemnización por despido y la vuelta de los salarios de tramitación ante todo tipo de despidos que sean declarados irregulares.
-Abordar la reducción de jornada laboral para fomentar el acceso a más personas a la vez que se amplía la disposición de tiempo propio.
-Iniciar una verdadera persecución de las horas extras irregulares y no pagadas que permitan a las trabajadoras y trabajadores recuperar su salario y su tiempo a la vez que se favorece la reducción de la parcialidad no deseada.
-Recuperar el poder adquisitivo de los salarios, reconociendo la deuda generada en 2022 e introduciéndola en los incrementos interanuales además de la inflación actual en las negociaciones de los convenios colectivos.
-Extender la cobertura de los convenios colectivos a grandes capas de la población trabajadora que se mantiene ajena a estos. Impulsar la estabilización del empleo público.
-Establecer medidas y reformas legales para identificar, prevenir y castigar el acoso laboral.
-Reducir el poder de las mutuas privadas en la salud laboral.
José Manuel Muñoz Póliz
Secretario General de CGT de 2013 a 2022
(1) El País. 'Robbing Poor' ataca de nuevo.
