Se acaba de constituir la XV legislatura, desde marzo de 1979. Tras meses de una muy polarizada y zafia campaña electoral que, en esta ocasión, se ha venido alargando incluso hasta después de que la ciudadanía acudiera a las urnas en mayo (autonómicas y municipales) y en julio (generales). Los resultados en las urnas han determinado que haya una mayoría absoluta de la derecha política en el Senado, mientras que en el Congreso, en la práctica, la división entre el centro izquierda y la derecha es casi al 50%, con un independentismo (de diverso color político y aspiraciones secesionistas) que tiene la “llave” de la futura gobernabilidad de España y, de hecho, de la duración de esta legislatura.
En el conjunto de ambas elecciones y aun después, la ciudadanía y la política está partida -radicalmente- en dos y en los ámbitos de los territorios de Catalunya y Euskadi en tres o cuatro, al incluir al sector independentista y secesionista de diferente ideología. Aunque las votaciones han conseguido “aislar”, por ahora, una gobernanza de la extrema derecha con rasgos nacional-católicos y excluyentes a nivel estatal, aunque si se “han establecido” ligeramente junto a la derecha, en algunas CCAA y en algunos grandes y medios municipios.
De constituirse gobierno estatal de centro izquierda (que -hoy- es lo más probable) con el apoyo de nacionalistas de diversos colorín ideológico, durante esta peculiar situación política que comenzaría dentro de unas semanas, será muy difícil el diálogo, es decir, NO podrá haber grandes Pactos de Estado para cuestiones de gran urgencia y trascendencia, para el presente y futuro de España e, incluso, de la Unión europea, ámbito que se preside en la actualidad y hasta diciembre.
Comienza una legislatura muy complicada y compleja. El paso de los meses irá desgranando la realidad que “depende de un hilo” y en el que influirán fuertes intereses de origen secesionista
Comienza una legislatura muy complicada y compleja. El paso de los meses irá desgranando la realidad que “depende de un hilo” y en el que influirán fuertes intereses de origen secesionista. Más allá de proyectos aprobados en mandatos anteriores, como la universal Agenda 2030, que tiene como objetivos tratar de erradicar la pobreza extrema y el hambre, combatir la desigualdad y el cambio climático, asegurar la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres y garantizar el acceso universal a servicios de salud y educación de calidad, entre otros, que nos compromete como país y que, hasta ahora, en diversas cuestiones como la pobreza, el agua y el ecosistema medioambiental apenas se ha avanzado. Ante este panorama altamente polarizado se corre el riesgo de estancarse. Se trata de una agenda universal que debería comprometer a todos los países, cualquiera que sea su nivel de desarrollo. Otra cuestión, es la realidad, incluida España.
Colocándonos en el escenario de una gobernanza similar a la de 2019-2023, aunque aún más en precario, probablemente muchas cuestiones se paralizarán en la práctica, ya que para la inmensa mayoría de las cuestiones de gran calado se necesita un amplio consenso político horizontal y vertical. Horizontal: vía parlamentaria (Congreso y Senado), además de contar, en su caso, con los agentes sociales correspondientes… y vertical: con el acuerdo entre el gobierno central y las CCAA y los ayuntamientos, de diversidad de colores políticos y con mayorías conservadoras, frente a un gobierno central probablemente progresista.
Además no sólo valen las leyes aprobadas en las Cortes de forma más o menos holgadas, más o menos acertadas, más o menos progresistas y/o conservadoras, en su caso, sino que lo más importante es su desarrollo y aplicación. Y ahí es donde radica el problema de la enorme y muy enfrentada polarización existente, a la que se suma una parte de la ciudadanía, que actúan como verdaderos “hooligans” futboleros, a favor y/o en contra de sus “colores políticos” respectivos de forma muy radical. En mi opinión: -¡Qué lejos quedan, consensos y acuerdos de décadas pasadas, cuando se hacían con dificultades, pero con firmeza y responsabilidad y que tantos y algunos buenos resultados nos reportaron! Aunque bien es cierto que, refiriéndonos a la Transición, quedaron demasiados cabos sueltos y el denominado “régimen del 78” sigue latente, con todo su bagaje, positivo y negativo.
Temas que son urgentes y que cabe la posibilidad de quedar aparcados “sine díe”, a pesar de las urgencias que requieren. O, en el mejor de los escenarios, que se hagan “a medias”.
1-Más allá de la agenda 2030 y en ese marco, ante el muy acelerado cambio climático, serían necesarias unas políticas urgentes, activas y consensuadas sobre el agua, además de todo lo relacionado con el sector primario. También, y muy importante, sobre lo que podría afectar negativamente al sector turístico en un futuro no muy lejano. Para ello, son necesarios pactos horizontales y verticales. (Hay que tener en cuenta que hay predicciones científicas que para las próximas dos/tres décadas prevén, en gran parte de España, más de 150 días con temperaturas que podrían alcanzar los 50ºC y más de 300 días/año sin lluvias, acelerando las sequias y la desertización de amplias zonas. Por lo que las actuaciones no se pueden demorar más en el tiempo y han de ser consensuadas)
2-Políticas muy activas de vivienda pública en alquiler, que requiere un gran acuerdo de Estado vertical y horizontal, para tratar de poner, a disposición de la ciudadanía, al menos medio millón de viviendas, en los 200/300 municipios más tensionados y en un mínimo de 5 años (vivienda de nueva construcción y rehabilitación), aislando (y expropiando, si llega el caso) -radicalmente- a los grandes fondos de inversión y grandes tenedores. Por cierto, la última “ley de vivienda” aprobada al final de la legislatura pasada es de una gran torpeza y será, de no derogarse o modificarla, muy contraproducente, ya que, entre otras cuestiones negativas o poco útiles, elevará enormemente el precio del alquiler, que es el mayor problema que tenemos ahora, para los jóvenes y los sectores más vulnerables.
3-Tratar de revertir, de forma muy urgente, la galopante privatización de la Sanidad Pública y, también, la consolidada privatización de los Servicios Sociales, que deja fuera de atención básica a las personas y colectivos más vulnerables. Para ello, es necesario y urgente un pacto vertical.
4-Enterrar, de una vez por todas, el caduco Pacto de Toledo y trabajar para consolidar un Plan público actualizado de pensiones que las asegure a las y los actuales pensionistas y a las futuras generaciones, donde la pensión mínima se equipare al SMI y la máxima sea la que corresponda a las cotizaciones realizadas, garantizando, cada año, la subida con respecto al IPC anual. Al mismo tiempo, revertir la edad de jubilación para que no sea más allá de los 65 años (actualmente está en los 67, por un inadecuada decisión del PSOE de Zapatero, en 2011), incluso se deberían de incorporar incentivos para quienes, voluntariamente, quieran alargarla. Para este complejo problema se requiere un amplio pacto horizontal. Las mayorías pírricas se convierten en maquillajes cortoplacistas.
5-Una modernización y actualización, muy urgente, de la fiscalidad, para que se convierta en progresiva y aporten más (de verdad) quienes más tienen y ello pasa por un ineludible pacto horizontal. También es necesario revisar los acuerdos de fiscalidad con las CCAA (pacto vertical), para que se cumpla fielmente el artículo 138 de la Constitución. Hoy hecho unos “zorros”.
6-No hace falta decir que en materia de EDUCACIÓN se requiere una cierta estabilidad y algunos acuerdos, desde la infantil (que debería ser pública y gratuita) hasta la Universidad, que debería de dejar de seguir privatizándose aceleradamente, que es lo que ocurre en la actualidad, al igual que sucede con la FP. (Por lo que a mí respecta, quisiera que se avanzara eliminando toda carga confesional y haciendo crecer la pública, como garante de justicia y solidaridad. Pero, por desgracia, esto no está en las actuales agendas políticas, tampoco en la del sector progresista).
En otro orden de cosas y de forma más transversal e ideológica, queda por derogar la “Ley mordaza”. Avanzar hacia la construcción de un verdadero Estado laico, como mínimo, entre otras cuestiones, con la derogación del Concordato (hoy “misión imposible”, incluso con el centro izquierda, en el poder). Que se cumpla (realmente) la (ya) muy garantista Ley de Eutanasia. Que la “blasfemia” deje de ser delito. Que se siga avanzando en la lucha feminista (queda mucho por hacer) y contra el patriarcado. Que no se pierdan, ni se rebajen derechos sociales y humanos esenciales. Que se atienda, con firmeza y desde el Estado, a los sectores más vulnerables (Agenda 2030) y, con ello, que se ataje la creciente pobreza de la población que alcanza (ya) casi al 25% de ésta. Tras las dos pacatas leyes de Memoria, queda pendiente la condena institucional de los crímenes de lesa humanidad del franquismo, que, estoy seguro, en esta XV legislatura tampoco se va a producir. Al igual que una más que previsible gobernanza de centro izquierda va a seguir aparcando un proyecto republicano de Estado. Por último, sería necesario revisar la actual belicista y norte-americanizada política internacional, que una gobernanza progresista tampoco va a modificar, si nos atenemos a lo realizado durante la XIV legislatura.
Para finalizar, resalto el titular de esta breve reflexión, a lo largo de esta XV legislatura, dure lo que dure y, en mi opinión, las cuestiones anteriormente señaladas cabe la posibilidad de que se aparquen sine die, o que, en su caso, se hagan ligeros maquillajes, dada la enorme polarización política y fragmentación social existente.
