En el mitin organizado por el PP en Madrid en la plaza de Felipe II, entre las entrevistas realizadas por las televisiones, hubo una que me llamó la atención más que las demás, una señora ante la pregunta de la periodista de por qué estaba allí, le respondió que porque era del PP y porque defendía que España era una, y tras una breve pausa continuó, grande y libre, un lema del franquismo. Otro pequeño grupo cantaba el Cara al Sol en posición de firmes, el himno de Falange Española. Entre las banderas que ondeaban vi una con el águila, la bandera de la Dictadura. Queda claro que la campaña del PP y su alianza con VOX ha hecho que cobre más fuerza la idea de un concepto irreal de España que durante cuarenta años machacónamente repitieron como consigna para que calara en el cerebro de los españoles.
Una de las principales virtudes de la Constitución de 1978 fue el reconocimiento de que España no es una, al contrario, es muy diversa y la creación de la Comunidades Autónomas destaca esa diversidad. Al mismo tiempo señala que todas no son iguales, las diferencia en nacionalidades y regiones en su artículo 2. El mismo artículo que establece la indisolubilidad del Estado. Por tanto España no es una, la unidad se refiere al Estado español. Es de sentido común. Dentro de la unidad del Estado es necesario reconocer la realidad histórica, social y lingüística que hace diferentes a sus distintos territorios.
Los independentistas tienen que asimilar que el marco de entendimiento de una sociedad democrática como la española lo señala el contenido de la Constitución
Dicho esto, para eliminar del debate a los franquistas irredentos, podemos entrar a debatir el nivel de diferencia entre territorios.
La causa de la situación actual es el incumplimiento de la Constitución por parte del Gobierno de Puigdemont con la convocatoria ilegal de un referéndum y su declaración relámpago de independencia en 2017. Esto ocurría con un Gobierno de Mariano Rajoy, no lo olvidemos, que aplicó el artículo 155 de la Constitución e intervino el gobierno de Cataluña. ¿Cómo se llegó a esta situación inédita en nuestra democracia? Tal vez esté ahí la explicación de la situación actual en la que nos encontramos, aunque las razones últimas se hunden en los siglos y en la historia.
En 2005, Las fuerzas políticas de Cataluña iniciaron un proceso de revisión de su Estatuto de Autonomía aprobado en 1979. El nuevo documento es aprobado por el Parlament, con el voto en contra del PP, enviado al Congreso de los Diputados, como manda la Constitución, se aprueba con algunas modificaciones, también con el voto en contra del PP. Se somete a referéndum en Cataluña y es aprobado por el 78% de los votantes catalanes. El PP lo recurre ante el Tribunal Constitucional, después de protagonizar una cruzada en contra de lo aprobado porque España se rompía. Cuatro años después el máximo órgano judicial dictamina la modificación de 14 artículos y la interpretación de 27 más. Especialmente se centran en el apartado de la Justicia y en la Cajas de Ahorros.
El comportamiento del PP con Cataluña y el País Vasco demuestra que no han entendido, o se niegan a entender, la realidad histórica de España
En el 2007 se aprueba con el mismo trámite constitucional el nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía. Sometido a votación en el Parlamento andaluz, se aprobó por PSOE-A e Izquierda Unida. El PP votó en contra junto con los andalucistas. El portavoz popular, Antonio Sanz, acusó al entonces Presidente de la Junta Manuel Chaves de “romper España”, es una muletilla que siguen utilizando 16 años después y España sigue entera. El Estatuto andaluz contiene una redacción idéntica o muy similar a diversos artículos del Estatuto catalán (porque se copió de él), especialmente los referentes a la Justicia y a las Cajas de Ahorros, que habían sido recurridos por el PP y fueron declarados después inconstitucionales. Sin embargo el PP no recurrió el Estatuto andaluz por lo que esos contenidos están en vigor en Andalucía y prohibidos en Cataluña. Una situación parecida se da en los estatutos de Aragón, Islas Baleares y Castilla La Mancha. Es paradójico que la derecha defienda la igualdad de todos los españoles.
El comportamiento del PP con Cataluña y el País Vasco demuestra que no han entendido, o se niegan a entender, la realidad histórica de España y que su unidad requiere de un tratamiento diferenciado. Esa negación produce una serie de conflictos y una irritación en esos territorios, lo que deriva en una radicalización de sus posturas que en nada ayudan a la gobernabilidad y la armonía de los territorios. Una armonía que se ha mantenido hasta la torpeza de Rajoy de ignorar las reivindicaciones de los radicales, que requería en ese momento de mucha conversación que no supo o no quiso mantener. Un error que hay que subsanar borrando sus lamentables consecuencias y empezando una etapa nueva de entendimiento, dejando claro desde el principio lo que se puede y no se puede hacer. Eso es lo que supone la tan manoseada amnistía.
Para que haya un diálogo que haga avanzar los acuerdos es necesario que sea entendido así por ambas partes. Los independentistas tienen que asimilar que el marco de entendimiento de una sociedad democrática como la española lo señala el contenido de la Constitución, fuera de ella no se puede negociar nada. El pasar página de los hechos ocurridos en octubre de 2017, supone un deseo de comenzar de nuevo un camino que en modo alguno debe repetir el que condujo al conflicto anterior. Esto es necesario que se entienda por parte de los irreductibles independentistas para que se vuelva a la senda de la sensatez. También deben considerar que la alternativa a ese diálogo que se ofrece es la extrema derecha y la “derechita cobarde”, que no dudarían en enviar las fuerzas del orden y lo que haga falta para “salvaguardar la unidad de España”. Por tanto para llevar su causa y la de todos a buen puerto hace falta diálogo y sensatez. Ese es el camino que hay que transitar en un Estado de derecho.
