Garantizar que ninguna mujer pueda ser coaccionada a la hora de abortar es el objetivo de la enmienda presentada este lunes por el Grupo Socialista en el Senado a la reforma de la ley del aborto que se votará el próximo 8 de febrero en el pleno de la Cámara Alta. El PSOE quiere evitar que se repitan medidas como las de Castilla y León con protocolos antiabortistas y “blindar” el derecho de las mujeres frente al “acoso” de las derechas.
Se trata de una enmienda transaccional con la que se obliga a las administraciones públicas competentes a “garantizar el libre ejercicio del derecho a la interrupción del embarazo en los términos de la ley de la reforma del aborto”. El texto recoge que, “especialmente”, los poderes públicos “velarán por evitar que la solicitante sea destinataria de prácticas que pretendan alterar, ya sea para afianzar, revocar o para demorar, la formación de su voluntad sobre la interrupción o no de su embarazo, la comunicación de su decisión y la puesta en práctica de la misma, con la excepción de la información clínica imprescindible y pertinente”.
La iniciativa también indica que las “intervenciones diagnósticas y terapéuticas asociadas con la decisión y la práctica de la interrupción del embarazo deberán basarse, en todo caso, en la evidencia científica”.
Andrea Fernández, secretaria de Igualdad del PSOE ha denunciado la “estrategia” del Gobierno de Fernández Mañueco (CyL) y el anuncio del vicepresidente, Juan García Gallardo de Vox, de que las mujeres “tendrían que pasar por toda una Gymkana de pruebas para ejercer un derecho que está perfectamente reconocido y pautado en una Ley orgánica”. A su juicio, el anuncio protocolo antiabortista buscaba “obstruir” el derecho de las mujeres. “La situación es clara han pretendido institucionalizar el acoso que antes se llevaba a cabo a las puertas de las clínicas. Porque es perverso e inadmisible obligar a una mujer a tener que negarse a escuchar el latido del feto o a decir que no tiene ningún problema de salud mental para interrumpir su embarazo”, afirma.
Por su parte, la portavoz socialista en el Senado, Eva Granados, ha destacado la necesidad de “blindar el derecho de la mujer a interrumpir voluntariamente su embarazo frente al acoso de las derechas”. En su opinión, “las derechas tienen claros sus objetivos y si hay algo en lo que se ponen de acuerdo casi sin mirarse es sobre nuestros derechos y libertades. Castilla y León quiere ser un laboratorio de pruebas y no lo va a ser”, ha subrayado.
❌ Es perverso obligar a una mujer a tener que negarse a escuchar el latido del feto.
— PSOE (@PSOE) January 23, 2023
❌ Es inadmisible que una mujer tenga que decir que no tiene un problema de salud mental para interrumpir su embarazo.@afernb en el @Senadoesp pic.twitter.com/dEFpC2Hf9a
