Los días 27 y 28 de octubre, se ha celebrado en Valencia, organizado por la Fundación 1 de mayo de las Comisiones Obreras, el congreso 'Sociedad, Derechos y Extrema Derecha: la sombra del capitalismo en el siglo XIX', que quería analizar el ideario y los mitos de la extrema derecha, con especial atención a la posición que frente a este tipo de ideología y de práctica política tiene el sindicalismo de clase. En la realización del Congreso han colaborado los tres diarios digitales de referencia, Público – y la Fundación Espacio Público – Infolibre y Eldiario.es. En el congreso se presentaba el libro, coordinado por Steven Forti, y publicado por La Catarata en coedición con la Fundación 1 de mayo, “Mitos y cuentos de la extrema derecha”, e intervinieron además una larga serie de expertos analizando las diversas facetas del pensamiento ultraderechista sobre diferentes aspectos de la vida económica y social. Se presentó también un manifiesto de más de 60 intelectuales contra la extrema derecha, cuyo texto leyó Luis García Montero, y se contó asimismo con la participación de sindicalistas de Italia, Francia y Brasil que explicaron sus experiencias frente a la extrema derecha.
El libro editado por Forti, que es un especialista en la crítica a este pensamiento, recoge una serie de intervenciones que pretenden señalar las múltiples facetas del pensamiento ultraderechista, con especial atención, como no podía ser menos, al fenómeno de Vox en nuestro país. Entre ellos hay algunos especialmente sugerentes, como los relativos a “la batalla del campo” o “la conquista del mundo rural”, que conciben a Vox como un partido agrarista, pero en general predominan los temas más llamativos como la inmigración, la batalla cultural sobre la historia y el lenguaje, su postura anti ecologista y la llamada Agenda 2030. Sin embargo, como señala el editor en el primer capítulo, permite un análisis más completo del asunto la “macrocategoría declinada en plural” de las “extremas derechas 2.0”, en la que podríamos incluir en el espectro europeo a todas las formaciones políticas que forman parte de los grupos parlamentarios Identidad y Democracia y Conservadores y Reformistas Europeos, a los que se añadiría algún verso suelto como Fidescz, el partido húngaro expulsado del Partido Popular Europeo. Se trata de formaciones que “superan los obstáculos conceptuales del fascismo y del populismo” (p.22) y que reúnen dos elementos cruciales: el dominio de las nuevas tecnologías – internet, redes sociales, Inteligencia Artificial, machine learning – que han sabido utilizar antes y mejor que los demás “para aumentar la desconfianza en las instituciones, los expertos y la democracia, y erosionar la idea de que existe una verdad y una realidad compartida” (p.23). Y, unido a lo anterior, la creación y el manejo de una red transnacional muy fluida de relaciones directas y bien subvencionadas con significativos laboratorios de ideas en América del Norte y en Europa.
Se trata de formaciones que “superan los obstáculos conceptuales del fascismo y del populismo” con un dominio de las nuevas tecnologías y una red transnacional muy fluida
Las extremas derechas mantienen las mismas referencias ideológicas en todas partes. Marcado nacionalismo y nativismo identitario, defensa de la recuperación de la soberanía nacional perdida, coherentemente anti globalismo y crítica al multilateralismo, euroescepticismo, defensores de las políticas de ley y orden, islamofobia, xenofobia y condena de la inmigración considerada como invasión y ruptura del marco de vida nacional, y toma de distancia formal de las experiencias históricas del fascismo europeo. A lo que se une la importancia que asignan a las guerras culturales frente a un universo de sentido supuestamente hegemonizado por la izquierda (pp. 23-24). Pero frente a este bagaje común, hay otras diferencias no desdeñables en tres ámbitos: la economía – y el trabajo – los valores sociales y la geopolítica. En el primer punto, las opciones se centran en la asunción plena de las coordenadas neoliberales o por el contrario, reivindicar una lógica de protección individual de las personas trabajadoras desde la posición relevante y de autoridad del Estado, denunciando el abandono del que han sido objeto por los gobiernos de centro izquierda y centro derecha y señalando la inmigración como un elemento que pone en peligro el bienestar de los nacionales que viven de su trabajo. En el segundo punto, la asunción de valores tradicionales –dios, patria, familia– y una marcada hostilidad hacia el feminismo, pueden confrontarse con otras formaciones en las que se asuma como parte del ideario libertades básicas como la contracepción o el aborto. En el plano geopolítico, en fin, aunque la mayoría de estos grupos profesan un atlantismo entusiasta y cierran filas en torno a la OTAN como conglomerado político y militar al servicio de los Estados Unidos y el “mundo libre”, hay también partidos que se sitúan claramente en el lado de la defensa de la Federación Rusa como sucede claramente en el supuesto de Viktor Orban en Hungría, pero también con Salvini en Italia, incluso tras la invasión de Ucrania y la reacción europea frente a la misma.
El caso de Vox en España no parece que se despegue mucho de estas líneas generales compartidas con las extremas derechas europeas. Su hostilidad al feminismo va en paralelo a la reivindicación de los valores tradicionales de la familia, y su atlantismo es inquebrantable. Solo parece haber dudas, en el último período de su evolución, respecto de su programa e ideario económico. Vox aparece oscilando entre “dos almas”: la del Partido Popular del que proviene y un llamado “neofalangismo” que al menos en ciertas declaraciones parece desprenderse una corrección de la ruta claramente neoliberal extrema que había protagonizado en los debates en el Congreso de diputados y en su propio programa electoral del 2019.
Vox aparece oscilando entre “dos almas”: la del Partido Popular del que proviene y un llamado “neofalangismo”
Este es el tema que abordan Adoración Guamán y Joaquín Pérez Rey en el capítulo del libro titulado “Vox contra el trabajo. Una aproximación a la propuesta (anti)laboral de la extrema derecha en España” (pp. 124 ss). El inicio de su texto incorpora el programa del sindicato Solidaridad – una referencia a lo que supone la lucha contra el comunismo de su homónimo polaco más que al contenido real de esta palabra en castellano – que está cuajado de invectivas contra los “sindicatos corruptos”, los liberados sindicales, la prohibición de subvenciones públicas a los sindicatos, quienes “no podrán cobrar de los ERE y de los ERTE”, junto con la “prioridad” de los españoles sobre los extranjeros en el empleo, acabar con la inmigración ilegal y promover la “adaptación cultural” del inmigrante. En definitiva, un programa de acción en el que resaltan como líneas fundamentales un pensamiento profundamente hostil a las organizaciones de clase que, con buen criterio, los autores retrotraen al universo cultural del franquismo, caracterizado fundamentalmente por ese odio intenso al fenómeno organizativo de las y los trabajadores en sindicatos de clase que implicó la continua represión de sus manifestaciones durante los cuarenta años de dictadura. En la propuesta de la extrema derecha la virulencia del lenguaje se une a la injuria y al desprecio por los activistas sindicales –los denominados “comegambas” que incluso dan nombre a una página web– en una “ofensiva antisindical” (p. 126) que afecta a todas las facetas de la acción de estas organizaciones. A ello se une –también con fuerte anclaje en la cultura del franquismo– el tono profundamente patriarcal y antifeminista del discurso.
Sin embargo, es más preocupante la audiencia electoral que encuentra la extrema derecha en formaciones sindicales presentes en las fuerzas de orden público que esta extravagante y plenamente residual asociación sindical de implantación residual en las empresas. La importancia de JUSAPOL, y su audiencia mayoritaria en el Consejo de la Policía a través de JUPOL, solo reducida en este año a raíz de investigaciones sobre su contabilidad, y en el de la Guardia Civil a través de JUCIL, plantea la cuestión de la fuerte instalación de la extrema derecha en los aparatos policiales de estado, en donde llevan a cabo una fuerte labor de contestación pública de las decisiones del Gobierno de coalición progresista. Es importante recordar que estos sindicatos reivindican los medios de acción colectivos de que disponen en una estrategia de conflicto que ha llevado a protagonizar espectaculares acciones frente al Congreso de Diputados y a aparecer como un grupo de extrema agresividad frente a los poderes públicos, amenazando con entender como actos antisindicales cualquier injerencia, advertencia o apertura de expediente por su actividad. Es decir, en estos casos se reivindica con fuerza la libertad sindical como plataforma de contestación política frente al gobierno. Un tema que excede desde luego a la problemática estrictamente sindical, pero que resulta muy preocupante en términos democráticos.
En la propuesta de la extrema derecha la virulencia del lenguaje se une a la injuria y al desprecio por los activistas sindicales, los denominados “comegambas”
El examen del programa electoral de Vox para las elecciones del 23 de julio de este año, además de las vaguedades evidentes del mismo, se basa en “una política de protección a los trabajadores españoles”, proponiendo subir el SMI, pero a la vez “reducir drásticamente” las cargas sobre las empresas que perjudican la generación de empleo. Un elemento importante de este programa era la derogación de la reforma laboral que llevó a cabo el RDL 32/2021 sobre la base del diálogo social tripartito, que deberá sustituirse por una reforma que escuche “a los verdaderos agentes sociales”, en una retórica comunicativa que desde luego carece de referencias reales. Además de ello, el programa sigue insistiendo en el mantra de la cancelación de las subvenciones a los sindicatos y reducción de los liberados sindicales como piezas habituales de la programación de la ultraderecha. Con el añadido reciente del contencioso sobre la eliminación del SERCLA en Castilla y León, cuyas vicisitudes no han terminado todavía. A ello se añade la obcecación contra la Agenda 2030 y lo que se denomina “fanatismo climático”. A la crítica de esta propuesta anti laboral, Guamán y Pérez Rey añaden la necesidad de que la respuesta democrática a la misma no sólo se lleve a cabo en el plano de lo político, sino también en el espacio de lo social, y que en especial los sindicatos deben actuar de manera decidida posicionándose públicamente contra la misma, lo que de alguna manera anticipaba ya la temática del Congreso de Valencia.
Hay también un aspecto de esta estrategia anti laboral de Vox que merecería un análisis detallado, y es el de la utilización, durante toda la pasada legislatura, del recurso de inconstitucionalidad de las leyes como una pieza central de su estrategia política. Mediante la interposición del recurso, la extrema derecha pretendía devaluar y dificultar la acción legislativa del gobierno y de la mayoría parlamentaria, pero fundamentalmente perseguía la erosión de la legitimidad constitucional de ésta, prolongando así su tesis de la ilegitimidad del gobierno que buscaba ser confirmada posteriormente por el TC. En esta estrategia han sido pioneros gracias a sus 50 diputados, y han coincidido con el Partido Popular en varios momentos, pero manteniendo su autonomía y su enfoque propio.
A destacar la fuerte instalación de la extrema derecha en los aparatos policiales de estado, en donde llevan a cabo una fuerte labor de contestación pública de las decisiones del Gobierno
La actividad de Vox a la hora de plantear recursos de inconstitucionalidad ha sido enorme. Salvo error u omisión, se pueden contar a partir del 2021 hasta la actualidad 14 recursos que han dado lugar a sendas sentencias del Tribunal Constitucional, las primeras de ellas de extrema importancia que fueron falladas afirmativamente. Todo el andamiaje del estado de alarma fue puesto en entredicho por la ultraderecha como un acto político autoritario que impedía el ejercicio de las libertades de los ciudadanos – fundamentalmente la libertad de circulación – o la función representativa de los diputados y senadores ( Ver la muy importante STC 148/2021, pero asimismo la STC 183/2021, y las STC 168/2021, con fallo favorable, y STC 116/2023, contrario) pretensión que obtuvo el amparo del Tribunal Constitucional y por consiguiente privó parcialmente de legitimidad constitucional a las decisiones del gobierno sobre el estado de alarma y a la votación parlamentaria que las sostuvo. Posteriormente Vox también cuestionaría, ya sin éxito, las reglas sobre promesa o juramento de la Constitución por los diputados (STC 125/2023), o la regulación del régimen jurídico aplicable al CGPJ en funciones (STC 128/2023).
Junto a estas iniciativas que buscan definir la ilegitimidad de la acción de las mayorías que sostienen el gobierno por vulnerar el orden constitucional, hay otros recursos cuyo objetivo es eliminar derechos sociales reconocidos por las normas en el lapso 2020-2023. Así, contra el uso del bable en el parlamento asturiano (STC 75/2021), o contra la limitación de la explotación agrícola como medida de protección del Mar Menor (STC 112/2021), frente al reconocimiento de víctimas del terrorismo de extrema derecha en Navarra (STC 108/2021, un recurso que se presenta compartido con el PP), contra la reforma de la norma civil sobre la discapacidad (STC 106/2022), cuestionando la suspensión por el juez, en las circunstancias de la pandemia, de la orden de lanzamiento de la vivienda habitual (STC 15/2023), objetando la ley de muerte digna (STC 19/2023), o las reformas sobre la educación efectuadas durante el estado de alarma (STC 34/2023), o, finalmente, refutando el uso incorrecto del Decreto Ley 26/2021 sobre el impuesto de incremento de valor de terrenos urbanos (STC 35/2023).
La actividad de Vox con recursos de inconstitucionalidad ha sido enorme. Todo el andamiaje del estado de alarma fue puesto en entredicho por la ultraderecha
Ahora bien, quedan todavía por fallar por el Tribunal Constitucional algunos recursos de Vox que buscan fundamentalmente impedir la efectividad de normas laborales muy importantes. Hemos sabido por la nota de prensa del TC del 27 de octubre, que el pleno del mismo ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad contra la norma que limitaba la temporalidad en el empleo público. Pero quedan algunas normas legales relevantes impugnadas por este partido. La primera, la modificación del ET para declarar la laboralidad de los repartidores de mercancías al servicio de plataformas digitales, en un movimiento que pretendía negar la urgencia en la regulación de este tema tras su debate y acuerdo en el marco del diálogo social tripartito. La segunda, de mayor calado, la reforma del ordenamiento laboral llevada a cabo por el RDL 32/2021, cuya inconstitucionalidad supondría la eliminación de dicha norma del ordenamiento jurídico. En esta operación de derrumbe de las normas que reconocen derechos laborales, Vox está siempre acompañado del Partido Popular. Y por el momento esta tentativa no ha sido recogida por el TC. En lo que se refiere al Decreto Ley Ryder, se ha hecho público en esta misma semana que el Pleno del Tribunal ha desestimado el recurso promovido por el Partido Popular, por lo que es previsible que el de Vox corra el mismo destino. Pero queda abierto ante el TC el contencioso sobre la reforma laboral, en donde concurren dos recursos por parte del Partido Popular y otro de Vox para declarar la inconstitucionalidad de la norma de urgencia y del procedimiento de votación en la convalidación del mismo.
La relevancia del resultado electoral del 23 de julio no solo debe medirse por la imposibilidad de que el tándem PP-Vox pudiera tener los suficientes apoyos para formar gobierno, sino también porque la ciudadanía ha privado a la ultraderecha de la posibilidad de utilizar el recurso de inconstitucionalidad, un elemento siempre importante de inestabilidad y cuestionamiento ante la opinión pública de las medidas del gobierno y de la mayoría parlamentaria que lo sostiene. Pero la ultraderecha está hoy en el gobierno de varias Comunidades Autónomas y principales ciudades de nuestro país. Tiene un poderoso aparato mediático a su servicio, y goza de una fuerte audiencia en los aparatos policiales y en una parte del poder judicial. La amenaza que esta permanencia augura para el sistema democrático y las organizaciones sociales es muy actual y está activa. Analizar sus raíces, su funcionamiento y sus medios de acción en el contexto político actual y elaborar alternativas críticas que anulen su influencia y su proyección mediática y cultural es una tarea comprometida pero imprescindible. El Congreso de Valencia y el libro colectivo que se ha comentado en esta entrada van así por el buen camino.
Según Antonio Baylos...
