El Informe de Evaluación Anual 2022 sobre la Prestación de Ayuda para Morir del Ministerio de Sanidad pone de manifiesto que durante el año 2022 se aplicaron 288 prestaciones en todo el territorio, el 50% de las solicitadas; en 2021, fueron 75. En total, 363 personas se han beneficiado de la Ley de Eutanasia desde su entrada en vigor en 2021.
El año pasado se realizaron 576 solicitudes en total. Desde su entrada en vigor y hasta el 31 de diciembre de 2022, se han atendido 749 solicitudes de la prestación de ayuda para morir.
En 2021, primer año de aplicación de la ley de regulación de la eutanasia, se registraron 173 solicitudes, aunque es preciso tener en cuenta que los datos de 2021 corresponden a un periodo de 6 meses, mientras que en 2022 corresponden a los 12 meses del año.
Un 14% de los solicitantes se acogió al programa de donación de órganos, lo que se tradujo en 135 trasplantes
En su mayoría, las personas solicitantes tienen entre 60 y 80 años, con enfermedades graves de tipo neurológico u oncológico.
Un tercio de las personas solicitantes fallecieron antes de resolverse su solicitud de eutanasia.
El número de personas que cambian de opinión o que solicitan un aplazamiento de la prestación, es mínimo. Además, un 14% de los solicitantes se acogió al programa de donación de órganos, lo que se tradujo en 135 trasplantes.
Las prestaciones se han realizado de forma preferente en el ámbito de la Atención Primaria y de la sanidad pública.
El número de solicitudes denegadas fue inferior al 20%, de las que, tras las correspondientes reclamaciones ante las CCGE correspondientes, fueron estimadas favorables un tercio de las denegadas. La Comisión de Garantía y Evaluación de eutanasia (CGyE) de cada comunidad y ciudad autónoma es el órgano administrativo encargado de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la LORE en su ámbito territorial así como de autorizar la aplicación de la prestación de ayuda a morir.
